POR EL RESPETO A LA VIDA Y AL TERRITORIO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS
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| Fotografía: CAHUCOPANA. |
Por: Corporación CAHUCOPANA
En la vereda Lejanías, municipio de
Remedios (nordeste antioqueño) el día 26 de mayo de 2012, bajo el lema “Por el respeto a la vida y al
territorio de las comunidades campesinas”, se realizo la jornada de
socialización del Informe de Riesgo emitido 3 de abril de 2012 por el
Sistema de Alertas Tempranas – SAT de la Defensoría del Pueblo.
A la actividad convocada por la Corporación
Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño
- CAHUCOPANA, se conto con la presencia de comisiones de acompañamiento de las
ciudades de Bogotá, Medellín y Barrancabermeja, las cuales pudieron constatar
el alto riesgo en que se encuentran las comunidades rurales, campesinas y
minero-artesanales que viven en estos territorios.
El Informe de Riesgo constituye un llamado
que se realiza desde la Defensoría del Pueblo para que se actué en beneficio de
las comunidades rurales del nordeste antiqueño, encontrándose sometidas a una situación de
vulnerabilidad como resultado de la dinámica de reingeniería paramilitar que sufre la región, llamado que
aumenta el costo político del gobierno si no actúa de manera oportuna para
atender esta realidad.
Entre las recomendaciones que se
emiten en el Informe se encuentra la referencia a la nueva Ley de Víctimas,
que consagra textualmente: “ en
caso de haber un informe de riesgo para algún municipio o territorio, las
autoridades competentes están obligadas a construir un plan de prevención para
que esta situación de riesgo se supere y de esta manera se generen planes
colectivos de protección que beneficien las comunidades, más cuando se esta
hablando de restitución de tierras y la idea es que no existan mas despojos por
parte de los grupos armados”
El informe en términos generales logra identificar los problemas estructurales de las comunidades que viven en medio del conflicto en el Nordeste Antioqueño y busca que se creen mecanismos para evitar que éstas sean desplazadas, del mismo modo demuestra claramente como los habitantes de las cabeceras municipales y particularmente, los habitantes de las zonas rurales, no cuentan con posibilidades para una vida digna dentro de sus territorios, pues a pesar de la riqueza natural abundante en minerales como el oro que caracteriza al nordeste antioqueño, la región se encuentra sumida en una situación de pobreza estructural, que se recrudece debido a la débil presencia institucional y la nula inversión social. A esta realidad se suma la disputa territorial que realizan distintos actores armados ilegales por el control político y económico de la región.
El informe en términos generales logra identificar los problemas estructurales de las comunidades que viven en medio del conflicto en el Nordeste Antioqueño y busca que se creen mecanismos para evitar que éstas sean desplazadas, del mismo modo demuestra claramente como los habitantes de las cabeceras municipales y particularmente, los habitantes de las zonas rurales, no cuentan con posibilidades para una vida digna dentro de sus territorios, pues a pesar de la riqueza natural abundante en minerales como el oro que caracteriza al nordeste antioqueño, la región se encuentra sumida en una situación de pobreza estructural, que se recrudece debido a la débil presencia institucional y la nula inversión social. A esta realidad se suma la disputa territorial que realizan distintos actores armados ilegales por el control político y económico de la región.
Resulta paradójico que en una región
abundante en riquezas naturales las comunidades rurales no cuenten con la
garantía de satisfacción de sus derechos fundamentales, los municipios de
Segovia y Remedios carecen de un hospital de alto nivel para atender cualquier
tipo de emergencia, y en los territorios rurales no existen puestos de salud ni
promotores comunitarios, fuera de esto los planes de inversión municipales y
departamentales no priorizan la ejecución de obras que beneficien las
comunidades, como la construcción y mejoramiento de vías de penetración para la
comercialización de los productos agrícolas, la construcción y dotación de
escuelas de calidad para los niños y las niñas campesinas, entre otros
proyectos sociales.
La ausencia de inversión se suma al
fuerte incremento de señalamientos por parte de las fuerzas militares
hacia las organizaciones sociales que trabajan por la defensa de los derechos
humanos en el nordeste, que se junta con la persecución que ejercen los grupos
paramilitares en contra del campesinado, en una lógica que estigmatiza a todos
los habitantes rurales como colaboradores de la insurgencia, generando temor en
las comunidades y confinamiento en las áreas rurales de donde los campesinos no
salen por miedo a ser capturados, asesinados o desaparecidos.
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| Fotografía: CAHUCOPANA. |
El Informe de Riesgo emitido para los municipios de Remedios, Segovia y
Zaragoza con el numero 002-12A.I identifica una población en riesgo de
aproximadamente 98. 749 personas de los anteriores municipios , entre los
que se encuentran en condición de riesgo los mototaxistas, los mineros
tradicionales, las autoridades tradicionales del Pueblo Zenú y Embera, los miembros
de Juntas de Acción Comunal afiliados al proceso de resistencia de la
Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste
Antioqueño –CAHUCOPANA- y sus acompañantes humanitarios y organizaciones no
gubernamentales como el caso de la Corporación Yira Castro, la Asociación
Campesina del Valle del Río Cimitarra, Corporación Regional para la Defensa de
los Derechos Humanos – CREDHOS-, Equipos Cristianos de Acción por la Paz
–ECAP-, Brigadas de Paz –PBI-, La Asociación Regional de Víctimas del Magdalena
Medio ASORVIMM y los líderes comunitarios de las veredas del Valle del
Río Cimitarra, en el municipio de Remedios, de manera particular, los de las
Juntas de Acción Comunal de La Honda de Pescado, Chorro de Lágrimas, Ité, La
Cruz, Cabuyal, El Popero, Gorgona, Paso de la Mula, la Sonadora, Porvenir,
Puna, Santa Marta, La Argentina, Cañaveral, Río Bagre, Los Chorros, Campo
Bijao, Dos Quebradas, Ojos Claros, Camelias, Plaza Nueva, Lejanías y el Carmen.
Dicho informe se enmarca en el contexto
sociopolítico que vive la región del Nordeste Antioqueño y donde identifica un
riesgo que se configura “por la contienda entre los grupos armados ilegales
post desmovilización de las AUC autodenominados “Los Urabeños” y “Los
Rastrojos” por el control territorial, y por las alianzas entre los Frentes 4 y
36 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y reductos del
Ejército de Liberación Nacional (ELN) para enfrentar a las estructuras armadas
contrarias….”
LA
CONTIENDA DE LOS GRUPOS ARMADOS POR EL CONTROL DEL NORDESTE ANTIOQUEÑO.
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| fotografía: CAHUCOPANA. |
Desde los años 80s, el exterminio de las
propuestas populares de organización social y política que se concretaron en la
masacre del 11 de noviembre del año 1988 en Segovia, y que
generaron el éxodo campesino que hubo por la parte alta y baja, avoco a
CAHUCOPANA y a la ACVC a generar expresiones de resistencia y de organización
campesina, para poder sostenerse dentro del territorio, de a poco se han ido
construyendo espacios para consolidar la permanencia en el territorio algunas
de esas expresiones fueron las acciones humanitarias dentro de la región, las
salidas a Barrancabermeja de las colectividades, los campamentos de refugio
humanitario, fueron también las incidencias en Bogotá, Medellín, el
diálogo con otras organizaciones sociales, las denuncias no solo
públicas, sino por medio de los canales que presenta Estado para ello;
pero a pesar de todo esto la respuesta ha sido aún mas cruel y lamentablemente
todo lo que se llaman falsos positivos se concentraron en el nordeste antioqueño,
la ejecución por parte del Estado Colombiano de varios líderes y miembros
afiliados a la corporación CAHUCOPANA, no solamente se dio por los
beneficios que enmarcaron esta práctica, se dio como una forma de ataque a los
procesos campesinos y hacia los procesos de organización que se están
gestando desde las comunidades y que representan una amenaza a la propuesta del
Estado Colombiano de defender sus intereses que no son los intereses de las
comunidades.
Después de “la desmovilización” de las
Autodefensas Unidas de Colombia, el paramilitarismo ha venido reubicándose
generando dinámicas propias en los territorios donde operan en todo el país, en
algunos casos cambiando el nombre de su organización criminal con el fin
de invisibilizar su accionar delictivo.
Desde el Chocó y el Eje Cafetero (región macro
noroccidental) los rastrojos han venido ascendiendo hacia el nordeste
creciendo en número de integrantes y de poder económico, los urabeños están
defendiendo lo que siempre ha sido su territorio, que va desde la frontera con
Panamá hasta la salida del Catatumbo, tocando al Chocó como un punto
estratégico para la salida de sus tropas y sus armas, de igual manera el
circuito económico de la coca como el cultivo, procesamiento y comercialización,
aprovechando todas las rupturas que he generado el paramilitarismo como la
fragmentación social, el temor de las comunidades, las tierras despojadas, los
poderes políticos que lograron posicionar en las esferas del Estado y que aún
permanecen.
Para el año 2008 en Medellín confluyen
todos los grupos paramilitares en una negociación en la cual finalmente
distribuyen unos territorios, pero la negociación duro bastante poco; en el
caso del bajo cauca este quedo a disposición de los rastrojos y los urabeños; en
diciembre del presente año por medio de la visibilización de los medios
sobre el conflicto en esa región y el alto número de homicidios por parte
de los grupos paramilitares, estos deciden empezar a silenciar
tanto escandalo y negociaron entre ellos, definiendo que el sector del bajo
cauca y el nordeste seria entonces de los urabeños y que los rastrojos
seguirían haciendo su trabajo en las regiones donde ya habitaban antes, pero
ante esta negociación un reducto de los rastrojos decide quedarse en la región
y los urabeños ante estos hechos se sienten traicionados, generando una
confrontación que viene desde el bajo cauca a habitar los municipios de Segovia
y Remedios.
La realidad de la minería hoy
en día en el nordeste antiqueño esta mediatizada por el control final que esta
haciendo el paramilitarismo en Remedios, Segovia, Zaragosa y en general en
el nordeste, desde el arribo de la comisión de verificación a la
socialización del informe de riesgo, esta fue hostigada, perseguida y
visualizada, las primeras informaciones que se obtuvo la comisión fueron
el incremento del accionar paramilitar en la región generando esto un panorama
a futuro devastador no solo del control de la pequeña minería en los
cascos urbanos de los municipios si no la entrada ya a las veredas donde hay
mina de beta y de aluvión para su control, materializándose esto en la última
semana de junio de 2011 con una incursión de tipo paramilitar a la vereda
santamarta, donde fueron asaltados los negocios y la producción minero artesanal
del algunos campesinos, dada esta incursión a la vereda de la mano de las
organizaciones acompañantes del proceso de CAHUCOPANA y del SAT de la
Defensoría del Pueblo se visibiliza un panorama oscuro para las comunidades
generando esto un interés especial para la investigación por parte de algunas
entidades sobre la problemática en el territorio, propiciando finalmente el
informe de riesgo y evidenciando que el proceso de organización no es valioso
porque exista, si no porque busca las garantías para defender los derechos de
las poblaciones, busca defender la minería tradicional como una forma de
sustento familiar, defiende el derecho a organizarse como comunidades y hoy en
día avanzando en la búsqueda del poder popular y del poder político
en una expresión tan clara como lo es la Marcha Patriótica. Las comunidades
campesinas corren más riesgo, pues aunque no queremos repetir la historia de la
UP, no podemos dejar de hacer lo nuestro que es la búsqueda de un país con
justicia social.
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| Fotografía: CAHUCOPANA. |
Después de la socialización por parte de la Corporación CAHUCOPANA , el SAT y las organizaciones acompañantes como la
Corporación Jurídica Yira Castro, la Coordinación Colombia Europa Estados
Unidos ( Nodo Antioquia ), la corporación SUMAPAZ, la Coalición Larga Vida a
las Mariposas, la corporación CREDHOS, el colectivo de comunicaciones
PLANO SUR, y la ACVC, la comisión regresó a la ciudad de Medellín para
una reunión de alto nivel con las entidades concurridas en el Informe,
con el fin de articular procesos colectivos que permitan hacer seguimiento al
cumplimiento de las recomendaciones de forma que se brinden garantías reales
que permitan prevenir las inminentes violaciones a los derechos humanos que
expone el Informe.
En este sentido se lograron varios acuerdos
entre las entidades gubernamentales y Cahucopana: el primero de ellos, la
consolidación de un mecanismo mixto de seguimiento al cumplimiento del Informe,
integrado por una Jornada de Socialización a nivel regional que vincule a
las alcaldías de los tres municipios, con el fin de comprometer la acción
institucional de estas administraciones que no se hicieron presentes en la
reunión, y la realización de visitas de verificación humanitarias periódicas en
la zona rural que permitan constatar la persistencia de los factores de riesgo
que menciona el Informe; en segundo lugar se concertó el acompañamiento que la
Defensoría del Pueblo realizará a Cahucopana frente a dos iniciativas dirigidas
a la generación de garantías para las comunidades rurales del Nordeste: 1. La solicitud de medidas de protección
colectivas para los campesinos de la región y; 2. La solicitud especial para la
designación de un Defensor Comunitario que atienda las necesidades especiales
de protección a los derechos humanos que demanda la región, pues en la
actualidad sólo la región del bajo cauca antioqueño cuenta con este
acompañamiento. Finalmente, y en tercer lugar, se concertó la realización de
algunas reuniones con la Dirección Seccional de Fiscalías con el fin de hacer
seguimiento a las investigaciones relacionadas con violaciones a derechos
humanos en la región, así como se solicitaron espacios con entidades del orden
nacional y departamental relacionadas con la explotación minera en la región,
como el Ministerio de Minas, el Ministerio de Ambiente, Corantioquia y la
Gobernación de Antioquia, entre otras.
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