El Cacica Gaitana es lo de menos

Por Gustavo Gallón Giraldo, Director de la CCJ

La imputación de cargos que piensa hacerle la Fiscalía al exalto comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, debería tener en cuenta el encubrimiento de los asesinatos cometidos por los paramilitares durante la negociación, el ocultamiento de menores reclutados, las falsas desmovilizaciones y la libertad en que se dejó al grueso de los paramilitares.

El encubrimiento de los asesinatos es de una gravedad enorme: por lo menos 4.820 personas fueron asesinadas o desaparecidas forzadamente por los paramilitares, según registros de la Comisión Colombiana de Juristas hasta mediados de 2009, desde cuando el presidente Uribe anunció el inicio de ese proceso el 1° de diciembre de 2002 [1]. Si bien ese día condicionó tal proceso a que no hubiera ni un muerto más, en febrero de 2005 su alto comisionado declaró que "el cese al fuego es una metáfora que tiene que manejarse con mucha flexibilidad" [2]. En octubre de 2006 admitió que su oficina tenía registrados 549 asesinatos cometidos por los paramilitares durante el proceso, pero no manifestó ninguna intención de hacer efectiva la condición anunciada por el presidente, que él seguía considerando como una metáfora. En mayo de 2008 el Gobierno decidió extraditar a Estados Unidos a los jefes paramilitares, arguyendo que continuaban delinquiendo desde la cárcel. Restrepo nunca denunció ante la justicia los asesinatos registrados por su oficina, ni los otros delitos por los cuales supuestamente se extraditó a estos jefes paramilitares. Su responsabilidad por este encubrimiento es ostensible.

El reclutamiento de menores es una de las más graves infracciones al derecho humanitario. El proceso con los paramilitares ocultó este delito [3]. Al respecto, la Defensoría del Pueblo advirtió en 2006 que "los grupos armados ilegales no estarían cumpliendo con su obligación de entregar a los menores de edad en el proceso de desmovilización (…); en muchos casos, simplemente se están devolviendo a sus regiones o (…) a sus familias, sin darles oportunidad a que el Estado los atienda de manera integral" [4]. Difícil creer que el entonces alto comisionado no hubiera estado al tanto [5].

Según cifras del Ministerio de Defensa, los paramilitares eran 12.000 en 2002 [6]. Pero supuestamente se desmovilizaron más de 35.000: 31.671 colectivamente y 3.682 individualmente. O se reprodujeron como conejos en las narices del alto comisionado o éste toleró que le metieran gato por liebre para aparentar un éxito descomunal de la operación [7]. Lo del Cacica Gaitana fue una pequeña parte de este show de ilusionismo, para hacer creer que no solamente los paramilitares hacían parte de la desmovilización, sino también la guerrilla.

El 98% de los paramilitares supuestamente desmovilizados de manera colectiva están libres. No más de 763 han comparecido ante la Fiscalía para que les rebajen penas según la Ley 975. El resto anda en libertad porque el alto comisionado lo permitió.

Entre la metáfora y el ilusionismo se encubrió así un alto número de asesinatos y de reclutamiento de menores y se simuló una operación de desmovilización y de justicia. Pero sería injusto concluir que el exalto comisionado, que no fue más que un fiel escudero, es el único responsable de esta maquiavélica patraña.

Además de las notas de pie de página aquí consignadas, esta columna se basa en el seguimiento permanente realizado a este tema por la Comisión Colombiana de Juristas, cuyos resultados se encuentran plasmados especialmente en dos obras de su autoría:

Colombia: el espejismo de la justicia y la paz. Balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá, marzo de 2008,238 págs., y

Colombia: la metáfora del desmantelamiento de los grupos paramilitares. Segundo informe de balance sobre la aplicación de la ley 975 de 2005, Bogotá, marzo de 2010, 391 págs.