Masacre De La Rochela
Masacre de
La Rochela
Por:
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo
2011.
La
masacre fue perpetrada por un grupo de hombres fuertemente armados
pertenecientes al grupo paramilitar denominado “Los Masetos”, que operaba en el
sur de la región del Magdalena Medio, con la aquiescencia, colaboración y
operación conjunta con miembros de la fuerza pública. Los integrantes de la
Comisión judicial fueron asesinados, mientras investigaban algunas graves
violaciones a los derechos humanos ejecutadas en esa zona, entre ellas la
desaparición forzada de 19 comerciantes, ocurrida el 6 de Octubre de 1987.
Los
autores de la masacre intentaron simular que la misma habÃa sido cometida por
la guerrilla, fue asà como pintaron en la superficie exterior de los vehÃculos
“Fuera el MAS, fuera los paramilitares”. Antes de emprender la retirada se
apropiaron de veintitrés de los veinticinco expedientes que portaba la Comisión
Judicial, lo que evidencia que uno de los motivos principales de este atroz
crimen, era impedir que la Comisión Judicial esclareciera varios hechos de
violencia que habÃan ocurrido en la región del Magdalena Medio en los
Procedimiento surtido ante la CIDH
La
petición original fue presentada el 8 de octubre de 1997. El informe de
admisibilidad No. 42/02 fue aprobado el 9 de octubre de 2002. El informe de
fondo No. 29/05 fue emitido el 7 de marzo de 2005, de conformidad con el
artÃculo 50 de la Convención, en el cual estableció la responsabilidad del
Estado por la violación de ciertos derechos consagrados en la Convención
Americana y se formularon recomendaciones dirigidas al Estado.
El 28 de
Febrero de 2006 la CIDH determinó que no se habÃa dado cumplimiento a la
totalidad de las recomendaciones, por lo que el 10 de marzo de 2006, sometió el
caso a jurisdicción de la Corte IDH para que ésta estableciera la
responsabilidad internacional del Estado, por incumplir con su obligación
internacional de respetar y garantizar el derecho a la vida, a la integridad
personal, a las garantÃas judiciales y a la protección judicial, en razón de
los hechos de la masacre y la posterior denegación de justicia.
Sentencia proferida por la Corte IDH
Una vez
agotado el procedimiento previsto, la Corte Interamericana profirió el 11 de
Mayo de 2007, sentencia en la que declaró la responsabilidad internacional del
Estado Colombiano por la violación del derecho a la vida en perjuicio de los
miembros de la comisión judicial (artÃculo 4), el derecho a la integridad personal
en perjuicio de las vÃctimas y sus familiares (artÃculo 5.1 y 5.2) el derecho a
la libertad personal en perjuicio de las vÃctimas (artÃculo 7), y por la
violación de los derechos las garantÃas judiciales y a la protección judicial
(artÃculos 8.1 y 25).
En esta
decisión, la Corte determinó que la masacre tuvo lugar en el marco de un
contexto de violencia generalizada en contra de funcionarios judiciales y a su
vez en aplicación de un contexto normativo expedido por el Estado, que permitió
la creación y fortalecimiento de grupos paramilitares, lo cual incidió en que
el grupo armado ilegal conocido como “Los Masetos” apoyado en las fuerzas
regulares del Estado, consumaran la masacre. A su vez consideró la especial
gravedad de estos hechos, por cuanto el Estado es responsable de una masacre
ejecutada contra sus propios funcionarios judiciales cuando se encontraban
investigando violaciones de derechos humanos los cuales fueron cometidos
brutalmente.
La Corte
IDH homologó el acuerdo parcial de reparaciones concertado entre el Estado y
los representantes de las vÃctimas y ordenó otras medidas de reparación, para
satisfacer de manera integral ese derecho. Las medidas de reparación consisten
entre otras en: investigar, juzgar y sancionar a los responsables, la
adecuación de los programas de protección de vÃctimas, testigos y funcionarios
judiciales, prestar atención médica y psicológica a los familiares de las
vÃctimas, la ubicación de una placa conmemorativa en el Palacio de San Gil y en
el complejo judicial de Paloquemao y la publicación de un documento sobre la
Masacre de La Rochela.
En la
actualidad, el Colectivo y Cejil , organizaciones representantes de las
vÃctimas y sus familiares, adelantan un proceso de concertación con las
distintas entidades del Estado, para implementar y dar cumplimiento adecuado a
las diferentes medidas de reparación ordenadas por la Corte IDH.
Este 18 de Enero hace 22 años los paramilitares
cometieron la masacre de La Rochela. Tres de las viudas siguen amenazadas
Por Ricardo Ospina
2011.
Hace 22
años, el 18 de enero de 1989, una alianza criminal entre paramilitares,
narcotraficantes y algunos militares, cometió una de las primeras masacres de
las que tenga noticia el paÃs.
Ese dÃa,
un grupo de hombres fuertemente armados pertenecientes al grupo paramilitar
conocido en la región como “Los Masetos”, asesinaron a 12 funcionarios
judiciales en la vereda La Rochela, perteneciente al municipio de Simacota,
Santander.
El
comando de paramilitares tenÃa información sobre el viaje que habÃan emprendido
15 personas, todos ellos jueces e investigadores judiciales, hacia esa zona del
Magdalena Medio, a investigar la masacre de 19 comerciantes, cometida en esa
misma región en octubre de 1987, y más de 20 desapariciones forzadas también perpetradas
por las autodefensas.
Más de
dos décadas después de la matanza, la justicia solamente ha condenado a una
persona por esos hechos y tres de las viudas de los funcionarios judiciales
asesinados, siguen recibiendo amenazas de muerte y continúan siendo objeto de
seguimientos.
En 1990,
el único condenado por la masacre de La Rochela fue el ex paramilitar alias “El
Negro Vladimir”, quien fue sentenciado a 30 años de prisión por la matanza de
los 12 funcionarios judiciales.
Sin
embargo, recientemente y con base en sus declaraciones ante la FiscalÃa, el
ocho de junio de 2009 fueron llamados a indagatoria los generales en retiro del
Ejército Farouk Yanine DÃaz, Juan Salcedo Lora y Alfonso Vacca Perilla, además
del ex congresista santandereano Tiberio Villarreal y el capturado ex cabecilla
de las autodefensas, Iván Roberto Duque, alias “Ernesto Báez”.
El
general Yanine no alcanzó a comparecer ante las autoridades judiciales, pues
falleció el 30 de agosto de 2009 vÃctima de una penosa enfermedad. Según
dijeron a Caracol Radio varias personas cercanas al proceso, los generales
Salcedo Lora y Vacca Perilla aún no han asistido a la diligencia judicial.
Caracol
Radio habló con tres de las viudas de los funcionarios judiciales que han
permanecido en la lucha ante las autoridades para que los responsables de la
masacre sean condenados... Lamentablemente ellas han sido amenazadas luego de
la reactivación del proceso Paola MartÃnez Ortiz, esposa del agente
investigador Luis Orlando Hernández, asesinado en la masacre de La Rochela,
dijo que a partir de la reapertura de las investigaciones contra tres generales
retirados del Ejército presuntamente involucrados en la matanza, se
recrudecieron las amenazas en su contra.
Entre
tanto, Esperanza Uribe Mantilla, viuda del juez 16 de instrucción criminal
Pablo Antonio Beltrán, entregó detalles sobre las amenazas que tanto ella como
otros familiares de los funcionarios asesinados en La Rochela, han recibido en
los últimos tres meses.
Luz Nelly
Carvajal, viuda de Germán Monroy RamÃrez, otro investigador asesinado en la
masacre de La Rochela, dijo a Caracol Radio que pese a las crecientes amenazas
en su contra y contra su familia, no descansará hasta que la justicia condene a
todos los responsables de esa matanza, que se llevó a su esposo
Las tres
viudas, en medio de su dolor, recordaron a sus esposos, asesinados por los
paramilitares en una masacre que muchos afirmaban que estaba anunciada... Pero
sobre todo hicieron el ejercicio de pensar como serÃa su vida hoy si las balas
de las autodefensas no les hubieran segado la vida a sus seres queridos.
Lamentablemente,
a pesar de las constantes amenazas en su contra, las tres viudas de los
funcionarios judiciales asesinados en la masacre de La Rochela, afirmaron que
no han recibido ningún tipo de protección por parte del gobierno nacional.
Esto, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le ordenó al
Estado que adopte medidas provisionales para garantizar un esquema de seguridad
digno.
Post a Comment