SIN OLVIDO / Masacre del Nilo
La permanente historia del horror y de la impunidad institucionalizada. El 16 de diciembre de 1991, veinte indÃgenas entre hombres y mujeres fueron masacrados en la hacienda el Nilo, ubicado en Caloto –Cauca, luego de cuatro años de habitar 500 hectáreas de tierras, derecho negado por el Estado protector de los terratenientes.
Su amor por la tierra les enfrentó al poder de los terratenientes, por eso, semanas antes sus ocupantes legÃtimos habÃan recibido amenazas de muerte. Las denuncias fueron públicas y nunca se adoptaron medidas efectivas para evitar que las amenazas se consumaran.
En 1995, el Estado colombiano reconoció, en cabeza del entonces presidente Ernesto Samper, su responsabilidad en éste hecho y se comprometió con el pueblo indÃgena Nasa a unos acuerdos, dentro de los cuales se encontraban investigar de manera completa, imparcial y efectiva en la jurisdicción ordinaria, juzgar y sancionar a los responsables, adoptar medidas de reparación social a los familiares de las vÃctimas.
Con el tiempo poco se ha avanzado. Los problemas de la tenencia de la tierra se han profundizado. Las comunidades del Cauca se enfrentan a una definición de su uso por intereses privados nacionales e internacionales apoyados por el Estado. Allá en el norte sigue viva una deuda ancestral con los pueblos y comunidades que han afirmado su signidad en el territorio. Allá en medio del desgarrador conflicto armado siguen construyendo experiencias de habitación del territorio.
En septiembre de 1999, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que el Estado no habÃa cumplido en la totalidad sus obligaciones, como garantizar derechos escritos en los acuerdos o prevenir violaciones de estos y recomendó adoptar las medidas necesarias para cumplir con los compromisos adquiridos con la reparación social de los indÃgenas.
En materia de justicia, se inició la investigación en diciembre de 1991 por parte del Juzgado de Instrucción de Orden Público de Cali y vinculó a ella al Mayor de la PolicÃa Nacional de Colombia, Jorge Enrique Durán Argüelles, entonces comandante del Distrito de PolicÃa de Santander de Quilichao y al Capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus, Jefe Antinarcóticos de Santander de Quilichao. El 28 de enero de 1994 se decidió proseguir la investigación contra los oficiales de la PolicÃa Nacional, Mayor Jorge Enrique Durán Argüelles y Capitán Fabio Alejandro Castañeda Mateus, y los civiles Orlando Villa Zapata, Leonardo Peñafiel Correa, Edgar Antonio Arévalo Peláez y Nicolás Quintero Zuluaga. Algunos de los civiles se acogieron a la opción de la sentencia anticipada y fueron condenados por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, incendio y porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública.
Un juez regional de Cali condenó, a penas de entre 25 y 27 años de prisión, a Nicolás Quintero Zuluaga, Leonardo Peñafiel Correa y Edgar Antonio Arévalo por la masacre en la hacienda El Nilo. Los tres individuos aceptaron los cargos y se acogieron a la figura de sentencia anticipada de la pena.
El 4 de septiembre de 1996 el Fiscal de conocimiento adscrito a la Unidad de Derechos Humanos acusó a los oficiales Jorge Enrique Durán Argüelles y Fabio Alejandro Castañeda Mateus de homicidio múltiple y como coautores responsables de los ilÃcitos de tentativa de homicidio, porte ilegal de armas de uso privativo de la fuerza pública y daño en bien ajeno. Dicha decisión fue apelada y confirmada en segunda instancia.
Durante los 21 años de este proceso en varias ocasiones el caso del Nilo fue cerrado, fueron asesinados varios abogados que acompañaban el proceso, entre ellos el abogado Oscar ElÃas López, en la sede del CRIC fue instalada una bomba para atentar contra las autoridades que promovÃan las investigaciones del Nilo, en la ONIC se extraviaron los expedientes de este caso. Ante estos hechos de negación y desconocimiento, el senador indÃgena Anatolio Quira realizó una huelga de hambre en los pasillos del congreso exigiendo reabrir el proceso del Nilo, lo que permitió que en el año 97 se diera la conciliación de acuerdo amistoso.
Todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre no han sido investigados, ni tampoco juzgados, al contrario muchos de ellos integrantes de la fuerza pública han sido ascendidos en sus cargos. Aún faltan 17 familiares de las personas masacradas, por reparación e indemnización individual. La reparación colectiva al pueblo Nasa tampoco ha sido total.
A pesar de las múltiples exigencias jurÃdicas y por vÃas de hecho no se ha hecho real el apoyo y financiamiento para el desarrollo pleno de los planes de vida. Frente a las garantÃas de no repetición de estos hechos violatorios de los derechos de los pueblos indÃgenas, después de la masacre del Nilo, aun el Pueblo Nasa sigue siendo perseguido y asesinado. En los continuos enfrentamientos armados han caÃdo mujeres y niños vÃctimas de la incapacidad del gobierno nacional de garantizar la no repetición de los hechos que atentan contra la vida de los pueblos y los territorios.
21 años después los y las indÃgenas de Caloto en el Cauca, siguen exigiendo que los acuerdos hechos con y por el Estado sean cumplidos, que la sentencia y demandas hechas por la CIDH sean igualmente efectuadas, pero sobre todas las cosas que exista verdad, justicia, reparación y garantÃas de no repetición.
Por eso hoy 21 años luego de la masacre del Nilo, ellos y ellas, los de allá pero también los de acá exigen: “Que las balas no acaben con la vida, ni con los sueños de los pueblos”
Por eso hoy 21 años de cometida la masacre del Nilo ellos y ellas en la memoria, exigen justicia, habitación en el territorio
Ellos y ellas, están en la memoria colectiva, en esa que hoy se exige como justicia en medio de la paz que se anuncia y se proclama… ellos están en nuestra memoria, sus nombre, su lucha, su dignidad viven Sin olvido.
Masacre Nilo en la memoria, Masacre Nilo Sin Olvido
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