[CDPSANJOSE] Derecho de Petición Nº15 a Presidente Santos
¨… Le ruego, Señor Presidente, que obligue al CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ a una retractación por todos los medios masivos y que su Gobierno, como garante constitucional de unos derechos que nunca ha querido proteger, presente un plan de no repetición de las calumnias, como se lo exigió la Corte Constitucional en el Auto 164/12…¨
Bogotá, diciembre 9 de 2014
Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Ciudad
Ref:
Rad: EXT10-00099660 – Noviembre 3/2010
Rad: EXT11-000006335 – Enero 24/2011
Rad: EXT11-00014231 – Febrero 13/2011
OFI11-00007596 / JMSC 33020 – Enero 21/2011
OFI11-00014392 / JMSC 33020 – Febrero 15/ 2011
OFI11-00019116 / JMSC 33020 – Febrero 25/ 2011
Rad: EXT11-00034960 – Abril 11 /2011
OFI11-00036328 / JMSC 33020 – Abril 11 / 2011
Rad: EXT11-00061811 – Junio 28 / 2011
Rad: EXT11-00109596 - Noviembre 15 / 2011
Rad: EXT12-00064927 -Agosto 2 /2012
Rad: EXT12-00089778 –Octubre 17 / 2012
Rad: EXT13-00009186- Febrero 2 / 2013
Rad: EXT13-00035.864 - Abril 16/ 2013
Rad: DPG13-00003398 – Septiembre 17 / 2013
Rad: DPG13-00006189 – Octubre 17 / 2013
Rad: DPG14-00006705 – Marzo 14 / 2014
Rad: DPG14-00035365 – Octubre 14 / 2014
OFI14-00103340 / JMSC 110200 – Octubre 22 / 2014
De toda consideración.
Invocando nuevamente el derecho constitucional de petición, me refiero al Oficio recibido de su despacho: OFI14-00103340 / JMSC 110200, del 22 de octubre/14, suscrito por la Secretaria Jurídica CRISTINA PARDO SCHLESINGER, en el cual me comunica la remisión al Ministerio de Defensa del Derecho de Petición del 14 de octubre de 2014 (Rad: DPG14-00035365). Como ha ocurrido sistemáticamente en los últimos 18 años, las respuestas que dicho ministerio proporciona son formalidades elusivas que nunca han hecho referencia a los crímenes concretos que se han puesto en conocimiento de su despacho y nunca han servido para solucionar las graves violaciones de los derechos humanos referidas en los anteriores 14 derechos de petición presentados durante su gobierno ni en los 18 presentados durante el gobierno del Presidente Uribe. Tal ausencia de respuestas y de soluciones tiene explicaciones de elemental sentido común: los victimarios jamás son jueces imparciales en su propia causa y, en consecuencia, es un grave error encomendarles la investigación y los correctivos de hechos en los cuales están involucrados a nivel institucional.
Sigo convencido, Señor Presidente, de que en el ordenamiento constitucional colombiano el Jefe del Estado tiene no solo facultades para intervenir en las cadenas de mando con miras a impedir la continuidad de prácticas sistemáticas de crímenes de lesa humanidad que desconocen los fundamentos mismos del Estado de Derecho y el Derecho Internacional vinculante en calidad de Ius cogens, sino que esas facultades devienen obligaciones, según lo contempla el mismo ordenamiento constitucional. Ninguna otra institución del Estado puede, por vía administrativa, remover a funcionarios de libre nombramiento y remoción (Art. 189,13 CN) y tomar medidas urgentes e impostergables en unidades de la fuerza pública que solo puede hacer quien esté revestido del carácter de “Comandante Supremo” (Art. 189,3 CN), sobre todo cuando se trata de cumplir con una de las obligaciones más fundamentales que la misma Constitución le impone al Jefe del Estado cual es la de “garantizar los derechos y libertades de todos los colombianos” (Art. 188 CN), obligación que se considera inherente al acto de “jurar el cumplimiento de la Constitución y las leyes” (Art. 188 CN), imponiéndole la misma Constitución el deber de hacerse responsable de “actos u omisiones que violen la Constitución y las leyes” (Art. 199 CN), de donde legítimamente la Corte Constitucional ha colegido el “Deber de Garantía”, afirmando que si un superior no evita un delito de lesa humanidad “por ser garante se le imputa el resultado lesivo del inferior y no el simple incumplimiento de un deber funcional” (Sentencia SU-1184/01).
La experiencia de los últimos 18 años nos muestra por evidencia repetitiva que la remisión de los 32 derechos de petición al Ministerio de defensa sólo ha servido para evadir la obligación presidencial de tomar medidas urgentes de carácter administrativo sobre unidades involucradas de manera sistemática durante 18 años seguidos en crímenes de lesa humanidad y para garantizar su continuidad como servidores públicos de numerosos oficiales del ejército y de la policía que han violado todos los derechos humanos y han cometido innumerables crímenes de lesa humanidad, sustrayéndolos a la acción de la justicia, dejando que sobre el jefe del Estado caiga toda la responsabilidad de mando de tantos centenares de crímenes.
Le ruego, pues, nuevamente, Señor Presidente, que establezca la responsabilidad de sus subalternos en la desaparición forzada del joven BUENAVENTURA HOYOS HERNÁNDEZ, que dichos responsables directos e indirectos sean removidos de sus cargos y sometidos a la justicia y que se asegure la no repetición de ese crimen de lesa humanidad desmantelando la estructura paramilitar que actúa con pleno respaldo de la fuerza pública en el área rural de San José de Apartadó y de Nuevo Antioquia (veredas Playa Larga, Rodoxalí, Sabaleta, La Hoz, Pueblo Galleta, Los Mandarinos, Nuevo Antioquia y otros lugares). Nadie entiende que su gobierno prometa en las conversaciones de La Habana y ante muchas instancias de la comunidad internacional ponerle fin al crimen sistemático de la desaparición forzada de personas, pero que al mismo tiempo permita que los responsables de este crimen concreto dejen libre a su víctima de manera clandestina y bajo graves intimidaciones y continúen organizados como estructura criminal para seguir delinquiendo a la sombra de las instituciones que tienen la obligación de proteger a los ciudadanos pero que en la realidad los agreden y destruyen. ¿Con qué autoridad moral puede prometer su gobierno que no va a permitir nuevas desapariciones forzadas si encubre la de BUENAVENTURA HOYOS y protege y garantiza la impunidad de sus victimarios?
El Auto 164/12 de la Corte Constitucional le impuso a su gobierno la obligación de retractarse de las calumnias que su predecesor había proferido contra la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y presentar un plan de garantía de no repetición de ese delito. El acto coordinado por el Ministerio del Interior para el 29 de mayo de 2013, en el cual Usted había prometido realizar la retractación, falló por su ausencia del mismo. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2013, en un acto improvisado, Usted pidió perdón a la Comunidad allí no representada, pero no dio cumplimiento a la segunda parte de la orden de la Corte Constitucional de presentar un plan de no repetición de ese crimen contra la Comunidad de Paz. La Comunidad quedó nuevamente expuesta a ese tipo de violación de sus derechos y muy pronto, el CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, se ha dedicado a anular la retractación presidencial, profiriendo nuevas calumnias contra la Comunidad de Paz y sirviéndose de los medios masivos para estigmatizar a la Comunidad. Sus intervenciones por emisoras y periódicos de la región y su alianza con periodistas sin ética alguna y con el empresariado de la zona, revelan una campaña infame de calumnias y difamación contra una comunidad cuyo único delito es no querer participar en una guerra sucia que compromete la alianza entre fuerza pública y estructuras paramilitares.
Le anexo, Señor Presidente, un video con el programa televisado de Caracol Internacional, emitido en el espacio titulado “Testigo Directo” por el periodista sin ética alguna RAFAEL POVEDA. Allí Usted puede apreciar las calumnias televisadas del Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, quien se vale del mencionado periodista para reunir falsos testigos, como siempre lo ha hecho la Brigada XVII, incluyendo a supuestos desmovilizados a quienes la brigada ha convertido en sus auxiliares paramilitares. También le anexo, Señor Presidente, copia del volante supuestamente firmado por el empresariado urabaense en respaldo al Coronel ROJAS DÍAZ y estigmatizando a la Comunidad de Paz, volante que ha sido distribuido en helicópteros del ejército en variadas poblaciones de Urabá y por soldados en barrios de Medellín. No queda duda, pues, Señor Presidente, de una infame campaña de su gobierno con miras a la difamación y estigmatización de la Comunidad de Paz.
Le ruego, Señor Presidente, que obligue al CORONEL GERMÁN ROJAS DÍAZ a una retractación por todos los medios masivos y que su Gobierno, como garante constitucional de unos derechos que nunca ha querido proteger, presente un plan de no repetición de las calumnias, como se lo exigió la Corte Constitucional en el Auto 164/12.
Nuevamente le suplico, Señor Presidente, que ponga fin al desacato a la sentencia T-1025/07 y obligue al Ministerio de Defensa a proporcionar la información que dicha sentencia le exige sobre los 176 casos que le hemos reiterado recientemente y sobre los nuevos 30 casos que le refiero en este derecho de petición. Está probado hasta la saciedad que dicha información no puede ser en absoluto “de reserva”, según la doctrina clara y nítida de la Corte Constitucional y que tal desacato que ya ha cumplido más de 7 años, debe llegar a su fin.
También le reitero, Señor Presidente, la petición de poner fin al desacato de la sentencia T-1206/01 de la Corte Constitucional, el cual se expresa en mantener un puesto de policía y una base militar en medio de la población civil del caserío de San José de Apartadó, presencia que se ha prestado para que numerosos enfrentamientos bélicos y atentados pongan en alto riesgo a toda la población allí concentrada y a los que transitan obligadamente por el caserío para llegar a sus veredas. En la mayoría de los derechos de petición radicados en su despacho se hace el registro de esos numerosos enfrentamientos y atentados que constituyen, según la doctrina de la Corte, “imponer riesgos sobrevivientes a la población civil”.
La trayectoria delincuencial del Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ no lo acredita para ocupar el cargo de comandante de la Brigada XVII. Su designación constituye una nueva afrenta para la Comunidad de Paz y para la población campesina del entorno y es, además, un testimonio evidente de la impunidad que cobija los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la fuerza pública en la zona. Le ruego, Señor Presidente, que imponga allí el imperio de la Constitución y de la ley.
A continuación le envío el registro de los últimos hechos que han victimizado a la Comunidad de Paz, a partir del último derecho de petición (14 de octubre de 2014):
Desde el domingo 12 de octubre de 2014 en horas de la mañana los militares habían privado de su libertad al joven YHON EIDER FLOREZ SERNA, de 22 años, quien hace un tiempo había sido sometido a una cirugía de cerebro y aún tenía problemas de recuperación mental, sometiéndolo a un permanente chantaje psicológico, afirmando que él era guerrillero, mostrándole fotografías de otras personas y afirmando que eran de él mismo, invitándolo a desmovilizarse y amenazándolo que si no aceptaba esa oferta de “desmovilización” tendría que estar 40 años en prisión. Abusaron criminalmente de su situación clínica manteniéndolo privado de su libertad sin ningún requisito legal y lo vistieron con camuflado militar. Cuando llegó la Comisión Humanitaria pudo hablar con él y descubrir los infames chantajes a que estaba siendo sometido. Los militares aseguraban que él había aceptado “desmovilizarse”, mientras él refería que le ofrecían dinero si se declaraba guerrillero y lo amenazaban con muchos años de prisión si no aceptaba declararse guerrillero. Integrantes de la Comunidad le pidieron a Yhon Eider que, si en realidad él militaba en la guerrilla, lo dijera claramente, manifestando en qué frente había militado y cuál había sido su alias, para poder ayudarle de acuerdo a las normas legales, pero él negó rotundamente ser guerrillero y explicó las presiones extremas a que lo tenían sometido desde la privación de su libertad. Cuando el joven le insistió al CABO MOSQUERA que quería irse con su familia y su comunidad, los militares pidieron urgentemente un helicóptero y se lo llevaron para la Brigada XVII, algo absolutamente ilegal, pues el ejército no tiene funciones judiciales, sometiéndolo allí a espurias “investigaciones”. Finalmente el miércoles 15 de octubre le dieron libertad, dejando acumulados más delitos en el haber de una Brigada que ha acumulado muchos millares de crímenes de lesa humanidad y frente a la cual las altas autoridades del Estado y el poder judicial sólo han demostrado el máximo de tolerancia y complicidad.
El martes 14 de octubre de 2014, desde las 7:00 horas un grupo de familias de la Comunidad de Paz de alrededor de 100 personas, con acompañamiento internacional, se trasladó a la vereda Miramar del corregimiento de San José, para verificar la situación de varias familias campesinas de esa zona, debido a la presencia militar que ya llevaba varios días y que, según se había informado, estaba perturbando profundamente la vida de los pobladores. Al llegar al sitio, se comprobó la presencia de efectivos de la Brigada Móvil No. 11, quienes estaban impidiendo el paso de los civiles hacia los cultivos y los caminos de tránsito cotidiano. Al preguntar por el mando de la tropa, no permitieron el acceso a él y además ninguno de los militares allí presentes quiso dar su nombre y prefirieron ocultar sus insignias e identificación, violando así las leyes y normas que les obligan a identificarse y a mantener visibles sus nombres y grupos de pertenencia en su mismo uniforme. Lo que hicieron fue insultar a la comisión humanitaria y amenazarla con machetes y fusiles, agresiones que quedaron debidamente registradas.
El miércoles 22 de octubre de 2014, a través de medios radiales locales se conoció la información de la muerte de un supuesto guerrillero y de la captura de una menor, en combates registrados entre tropas del ejército y guerrilleros de las FARC en la vereda Miramar del corregimiento de San José de Apartadó.
El viernes 24 de octubre de 2014, en horas de la mañana, en intervención radial, el Coronel Ernesto José Coral Rosero, comandante de la Brigada Móvil 11, acusó a la Comunidad de Paz de estar reclutando menores para la guerrilla. Dichos señalamientos y acusaciones totalmente falsas no son más que una estrategia más de estigmatización contra la Comunidad de Paz.
El domingo 26 de octubre de 2014, en horas de la mañana, un grupo de campesinos del corregimiento de San José de Apartadó, quienes no son miembros de la Comunidad de Paz, hicieron presencia al frente del asentamiento de San Josecito de la Comunidad de Paz, con la pretensión de impedir el tránsito de vehículos sobre la vía entre San José y Apartadó, de tal forma que se evitara la realización de una jornada cívico militar en el casco urbano del mismo corregimiento programada por la Fuerza Pública e instituciones del Estado. Fue necesario que miembros de la Comunidad de Paz salieran al paso y pidieran, tanto a los civiles que protestaban como a los militares que hacían presencia dentro de los espacios de la Comunidad, que se retiraran y se ubicaran fuera de las vallas e insignias de la Comunidad de Paz claramente marcadas y visibles. Los campesinos presentes en dicha protesta derribaron árboles sobre la carretera, además de ubicarse allí hasta las horas de la tarde y al finalizar el día abrieron paso vehicular nuevamente. La protesta pacífica de los civiles estaba dirigida esencialmente a solicitar a los distintos actores armados la no presencia en medio de la población civil y la no manipulación de actividades cívicas con acciones militares, para lo cual fue bloqueada la vía pública, con lo cual se impidió el acto cívico militar en San José.
El lunes 27 de octubre de 2014, el Coronel GERMAN ROJAS, actual comandante de la Brigada XVII del Ejército Nacional, en declaración radial en emisora regional, responsabilizó a la Comunidad de Paz de los bloqueos realizados por campesinos de la región el domingo 26 de octubre, anunciando que acudirá a las autoridades competentes para judicializar a los responsables de estos hechos que el alto mando castrense de dicha Brigada calificó de “vandálicos”. De nuevo y como de costumbre, desde la Brigada XVII del Ejército Nacional y desde el mismo Coronel Rojas se acusó a la Comunidad de Paz del bloqueo y actos vandálicos contra el resto de la población civil, a pesar de que sus subalternos estuvieron presentes en la carretera y pudieron comprobar que no se trataba de la Comunidad de Paz. Afirmó además el Coronel, que la Comunidad de Paz realizaba ese bloqueo como represalia por la muerte reciente de un guerrillero en la región. Al hacer uso de los micrófonos de las emisoras locales, se refirió al asentamiento de San Josecito, sede principal de la Comunidad de Paz, como un lugar arruinado, de “muertos de hambre”, que habitan en casas de madera en absoluta pobreza, pensando que así degradaba a la Comunidad ante los medios y evitando reconocer la gran responsabilidad de la Brigada en la situación de pobreza de la Comunidad, dada la cantidad de asesinatos, desplazamientos, robos y atracos, quemas de viviendas y cultivos, bombardeos y desapariciones que han perpetrado contra ella.
El sábado 25 de octubre de 2014 se registraron combates entre un grupo de las FARC y los paramilitares asentados desde hace tiempo en la hacienda La Marina, en cercanías del poblado de Nuevo Antioquia, donde tienen un gran centro de operaciones. Nuevamente el territorio de San José es convertido por los actores armados en escenario de guerra y el paramilitarismo sigue siendo una realidad inocultable que desbarata los falsos discursos del Estado acerca de su “desaparición”.
El lunes 27 de octubre de 2014, en un programa de Caracol-Televisión internacional, el Coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada XVII del Ejército, hizo nuevas acusaciones infames y falsas contra la Comunidad de Paz, tratando a sus integrantes de “guerrilleros” y de “bandidos”. Además acusó a las organizaciones nacionales e internacionales que acompañan a la Comunidad de Paz como protectoras de la guerrilla. Al actuar así, dicho Coronel renovó las calumnias del Gobierno contra la Comunidad, identificándose con el ex Presidente Uribe Vélez y anulando prácticamente la retractación hecha por el actual Presidente Juan Manuel Santos por orden de la Corte Constitucional el pasado 10 de diciembre. Aquí se perciben los efectos del desacato presidencial a las órdenes de la Corte Constitucional, pues la Corte le había ordenado al Presidente Santos que, al proferir la retractación de las calumnias, estableciera un plan gubernamental de NO REPETICIÓN de esas infamias. Ahora uno de sus subordinados más directos anula prácticamente los efectos de la retractación e incurre de nuevo en el crimen de CALUMNIA contra la Comunidad de Paz, hecho que deberá conocer de nuevo la Corte Constitucional.
El miércoles 29 de octubre de 2014, a través de un programa radial, el Coronel Germán Rojas Díaz, comandante de la Brigada XVII, consideró al suscrito, acompañante de la Comunidad de Paz, como actor armado, al invitarlo a “desarmarse” y a ir a la brigada a conversar con él. El fundamento de su acusación, según se deduce de sus palabras, es que el suscrito pudo pasar sin problemas a través del bloqueo vial que los pobladores del caserío de San José y campesinos de la región hicieron el domingo 26 de octubre sobre la vía entre San José y Apartadó. La realidad es que debía viajar a Bogotá y los promotores del bloqueo entendieron la urgencia y permitieron el paso. El Coronel atribuyó además el bloqueo a la Comunidad de Paz, cuando en realidad era la protesta de los pobladores del centro urbano de San José y de otras veredas que se oponían a una jornada cívico militar anunciada por la Brigada para ese día, jornada que no tenía nada que ver con la Comunidad de Paz. Todo esto revela que la Brigada no busca informaciones objetivas sino que las construye arbitrariamente en la medida de sus odios. También se revela aquí nítidamente la torpeza argumentativa y la irracionalidad discursiva de un militar que sólo busca difamar a quienes denuncian sus crímenes.
El miércoles 29 y el jueves 30 de octubre de 2014, un grupo de paramilitares en trajes civiles y portando armas de largo alcance, hicieron presencia en la vereda Playa Larga de San José de Apartadó, a escasa distancia del asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda La Esperanza. Ya van multitud de incursiones paramilitares en este sitio, pero los reclamos al Gobierno no producen ningún efecto y tampoco el Gobierno corrige su falso discurso de desaparición del paramilitarismo.
El jueves 30 de octubre de 2014 resultó asesinado por impactos de bala el reconocido paramilitar APOLINAR GUERRA GEORGE en circunstancias aún desconocidas. La Comunidad había denunciado las torturas de que él fue víctima en la noche del 12 de marzo de 2004, en la Brigada XVII de Carepa, perpetradas directamente por el Coronel NÉSTOR IVÁN DUQUE, comandante en ese entonces del Batallón Bejarano Muñoz. Cuando el crimen fue conocido, el Coronel se valió del Procurador Provincial Orlando Alberto Tirado González para que le limpiara su hoja de vida y logró sobornar a los torturados para que declararan ante dicho procurador que las torturas no habían tenido lugar, prometiéndoles que compartiría con ellos los muchos millones de pesos que le arrancaría al Padre Javier Giraldo a quien demandaría por calumnia, por haber denunciado las torturas. Tanto Apolinar como su compañero de torturas, Elkin Darío Tuberquia, se dejaron sobornar y entraron a servirle a la brigada como paramilitares. Se les vio patrullando, uniformados, con tropas militares y paramilitares, perpetrando torturas incluso a niños y denunciando mediante declaraciones absolutamente falsas a cantidad de pobladores. En un momento dado, Apolinar se retractó ante la Fiscalía y confesó la manera como se había dejado sobornar de su torturador y algunos de los crímenes que le había obligado a cometer, acusando a gente absolutamente inocente como chivos expiatorios. Sin embargo, más tarde Apolinar regresó a sus andanzas paramilitares y no se sabe cómo fue su muerte. Entristece pensar que quizás haya seguido el libreto rutinario, según el cual, la gente utilizada por la brigada para cometer crímenes, cuando ya su vida y su conciencia se asemejan a un trapo sucio y nauseabundo y han acumulado numerosas órdenes de captura, se deshacen de ellos asesinándolos. Así ocurrió con Wilmar Durango, asesinado el 14 de diciembre de 2005 por la misma brigada, después de prestarle numerosos servicios de increíble suciedad durante varios años.
El viernes 31 y el sábado 1° de noviembre de 2014, JULIO GUISAO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, recibió una llamada de un sujeto quien se identificó como un Subteniente de la Brigada Móvil No. 11 del Ejército Nacional, para invitarlo a él y a todos los miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz a “desmovilizarse” y a “acogerse al plan de reinserción del gobierno nacional”. No se trata de una acusación aislada, concuerda perfectamente con las calumnias infames que en los últimos días el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, ha lanzado por los medios masivos de la región contra la Comunidad de Paz, presentándola como un asentamiento de las FARC y a todas las familias como casas de guerrilleros y a la comunidad como una partida de “bandidos”, valiéndose de periodistas sin ética que se prestan para divulgar sus infames calumnias.
El mismo viernes 31 de octubre de 2014, en el centro poblado de Apartadó, dos hombres en trajes civiles y portando armas cortas, siguieron a JULIO GUISAO, miembro del Consejo Interno de la Comunidad de Paz, por lo cual él se vio obligado a refugiarse entre los transeúntes y a huir de la zona.
El sábado 1° de noviembre de 2014, agentes de la fuerza pública, quienes hacen presencia en el caserío de San José de Apartadó, impidieron que se registrara su presencia en las viviendas de los pobladores del caserío, alegando que no se permitían fotografías. La Corte Constitucional ha afirmado reiteradamente que, desde las mismas normas que definen los uniformes de la fuerza pública, su identidad debe estar siempre al escrutinio de los ciudadanos y de ninguna manera pueden clandestinizarse, menos cuando están violando las leyes al ingresar a propiedades privadas sin autorización de autoridad judicial alguna, e impidiendo que las víctimas obtengan las pruebas contundentes de sus delitos, lo que los hace incurrir en encubrimiento y obstrucción de la justicia.
El viernes 31 de octubre de 2014, la Comunidad de Paz tuvo conocimiento de una distribución de panfletos que se viene haciendo en lugares precisos de la ciudad de Medellín, en los que se tilda a la Comunidad de “organización guerrillera”. No hay que hacer muchos análisis para descubrir los orígenes de este tipo de lenguaje: es el típico lenguaje del ejército y de sus brazos paramilitares, utilizado sin descanso durante los 17 años que lleva de existencia la Comunidad de Paz. A nadie se le oculta, por otra parte, que el mecanismo constituye una estrategia represiva utilizada contra toda persona, grupo o movimiento inconforme con la injusticia. Tales han sido las recomendaciones de los asesores estadounidenses de los gobiernos colombianos y de todos los gobiernos latinoamericanos durante varias décadas. En efecto, acusar a los opositores o inconformes de estar en desacuerdo con la injusticia, en lugar de perjudicarlos, los elogia; por eso han decidido inventarles acusaciones de insurgentes para colocarlos ficticiamente en un campo que las leyes vigentes consideran delictivo.
El sábado 1° de noviembre de 2014, un poblador de la vereda Arenas Altas fue privado de su libertad por hombres fuertemente armados quienes se identificaron como integrantes de las AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA y le dijeron que “esa h. p. comunidad de paz era una manada de guerrilleros y que ya tenían luz verde para arreciar los ataques contra ella y exterminarla”. Se impone recordar que esa misma estrategia fue la manifestada por el Coronel Germán Rojas en 2009, cuando era comandante del Batallón Voltígeros y se valía de reconocidísimos paramilitares para que le ayudaran a convencer a miembros de la Comunidad de ayudarle a destruirla. Ahora que él es comandante de la Brigada, seguramente quiere llevar a cabo sus macabros y viejos planes.
El domingo 2 de noviembre de 2014, hacia las 13:00 horas en la vereda Arenas Altas a 10 minutos del asentamiento de la Comunidad de Paz, por espacio de dos horas, un grupo de paramilitares fuertemente armados vestidos con prendas militares retuvieron a un poblador civil de nombre Juan, a quien amenazaron de muerte si informaba a alguien sobre la presencia de ellos allí, además de prohibirle salir de la vivienda. Lo obligaron a sentarse y a entregar el machete que el campesino cargaba, conminándolo a trabajar con ellos y ofreciéndole jugosas sumas de dinero si aceptaba.
El lunes 3 de noviembre de 2014, en horas de la mañana una delegación de aproximadamente 90 miembros de la Comunidad de Paz y acompañantes internacionales, se trasladó hasta la vereda Arenas Altas con el fin de rescatar a dos adultos y 6 niños, los cuales desde el domingo 2 de noviembre se encontraban en situación de confinamiento y con amenazas de muerte de paramilitares contra la familia. Al llegar al sitio se evidenciaron las huellas y los cambuches donde acamparon los paramilitares, y se supo que se habían dirigido hacia el asentamiento de la Comunidad de Paz en la vereda Arenas Altas. La delegación de la Comunidad logró evacuar a la familia y recuperar a una niña de 3 años, hija de una integrante de la Comunidad, quien se encontraba en el sitio.
El martes 4 de noviembre de 2014 se confirmó la pérdida de un toro en la finca del Señor Hernán Guisao, de la vereda Arenas Altas, el cual estaba perdido desde el día 1 de noviembre. Se deduce que los paramilitares, quienes hicieron presencia en el sitio, lo sacrificaron para comérselo.
El miércoles 5 de noviembre de 2014, la Comunidad de Paz recibió un panfleto supuestamente firmado por líderes y empresarios de Urabá, distribuido en helicópteros en varios municipios de Urabá y por soldados en varios barrios de Medellín. Su texto reza: “NO MÁS BANDIDOS TERRORISTAS EN URABÁ! Gracias al programa TESTIGO DIRECTO del Canal Cable Noticias, emitido en los días 18 y 19 de octubre, quienes habitamos la Región de Urabá pudimos evidenciar las calumnias e injurias que están orquestando hacia Nuestra Brigada 17, desde “La Comunidad de paz de San José de Apartadó” y las ONG’s que hacen presencia en la región y por mandato de los señores de La Habana. – Los líderes, empresarios y la comunidad URABAENSE, expresa su total e irrestricto apoyo a la institucionalidad, especialmente a la gestión que viene adelantando nuestra brigada 17, al mando del Coronel Germán Rojas Díaz- TESTIGO DIRECTO”.
El lenguaje mismo utilizado y la referencia a la sucia emisión televisada de “Testigo Directo” de Caracol Internacional, dirigida por el periodista sin ética y extremadamente manipulador, RAFAEL POVEDA, pero que quiso posar cínicamente de “neutral”, deja al desnudo esta estrategia de propaganda oficial para tapar crímenes. Cualquier similitud con las declaraciones radiales y televisadas del Coronel Germán Rojas en los últimos días, delata la autoría de quien ha querido vender la imagen de la Comunidad de Paz como de “bandidos y terroristas”. Una institución no necesita acreditarse en propagandas tan sucias sino en la limpieza de sus actuaciones; cuando no la hay, se recurre al oprobioso mercado de la mentira apoyado en quienes tienen abundancia de dinero. Para el empresariado urabaense, cuya historia está tan manchada de desplazamientos, despojos, masacres, paramilitarismo y tráficos inmundos, como lo han relatado Mancuso, Veloza, Don Berna, El Alemán, Hazbún, los empresarios de Chiquita Brands y tantos otros en sus tardíos arrepentimientos, denunciar los horrores que destruyen a los pobres es calumniar e injuriar a los victimarios y a los ricos. Siempre ha sido así y así lo siguen testimoniando. Ojalá algún día aprendan a mirar de frente los millares de crímenes horrendos que con su propaganda espuria están ocultando y legitimando.
El jueves 6 de noviembre de 2014 se comprobó la presencia de un grupo de hombres fuertemente armados, con prendas militares de camuflado, en un predio de la Comunidad de Paz ubicado entre las veredas La Unión y Arenas Altas, donde se ubican asentamientos de la Comunidad de Paz. Los uniformados retuvieron a dos jóvenes de la Comunidad quienes iban a trabajar a sus parcelas, lo cual les impidieron; les quitaron sus machetes y sus celulares y revisaron minuciosamente los archivos de sus celulares, procedimientos todos absolutamente ilegales, amparados en la violencia de las armas.
El mismo jueves 6 de noviembre de 2014, varios civiles en el poblado de Nuevo Antioquia (corregimiento de Turbo lindante con San José de Apartadó y epicentro comercial de varias veredas de la Comunidad de Paz) fueron abordados por reconocidos paramilitares del lugar quienes les mostraron fotografías de varios miembros del Consejo Interno de la Comunidad de Paz y de la delegación de la Comunidad que participó, el pasado 14 de octubre de 2014, en la peregrinación para exigir la liberación del joven Yhon Eider Florez, ilegalmente retenido por tropas del ejército de la Brigada Móvil 11, acusándolo falsamente de ser guerrillero. Esto evidencia una vez más la estrecha unidad de acción entre militares y paramilitares en la zona: se intercambian fotografías ilegalmente registradas, como materia prima de sus montajes, amenazas, desplazamientos y demás agresiones.
El jueves 6 de noviembre de 2014, en reunión sostenida entre instituciones del Estado y líderes del casco urbano de San José de Apartadó, tanto el Brigadier GENERAL PINTO, comandante de la Séptima División, como el Coronel GERMÁN ROJAS DÍAZ, comandante de la Brigada XVII, hicieron acusaciones falsas y calumniosas contra nuestra Comunidad de Paz.
El viernes 7 de noviembre de 2014, un grupo de militares ingresó abusivamente al asentamiento de la Comunidad de Paz en La Unión, allí realizaron varios disparos con arma de fuego.
Este mismo viernes 7 de noviembre de 2014, tropas del ejército que se estacionaron en el paraje de Pelahuevo en la vereda Arenas Altas impidieron que miembros de la Comunidad de Paz realizaran labores agrícolas en cultivos comunitarios de cacao.
El martes 25 de noviembre de 2014, hacia las 8:30 horas, fue retenido ilegalmente, por espacio de varios minutos, un miembro del Consejo Interno de nuestra Comunidad de Paz, mientras se encontraba en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. La retención fue responsabilidad de efectivos de la Policía Nacional de la estación ubicada en la Terminal Sur de Transportes, al mando de la oficial KELLY CHAMORRO quien, al identificar a la víctima como miembro de la Comunidad de Paz lo señaló a él y a nuestra Comunidad como “manada de generadores de conflicto”. No queda duda de que existe, a nivel institucional, una campaña de difamación y estigmatización contra nuestra Comunidad. Ello prueba la podredumbre de nuestras instituciones, para las cuales pedir respeto a la dignidad humana es “generar conflicto”.
Desde el sábado 6 al lunes 8 de diciembre de 2014, tropas del ejército se estacionaron en los cultivos de cacao de nuestra Comunidad en el asentamiento de La Unión, prohibiendo a los integrantes de la Comunidad realizar sus trabajos agrícolas cotidianos. Además derribaron varios árboles de cacao que son sustento de las familias de la Comunidad, lo que equivale a los crímenes de pillaje y de destrucción de los elementos de sobrevivencia de la población civil, contemplados en el DIH. El lunes 8 de diciembre miembros de nuestra Comunidad se acercaron a las tropas para exigirles se retiraran de ese lugar, propiedad privada de nuestra Comunidad, y reclamarles por la destrucción de los cultivos de sustento de las familias. Los militares respondieron que no se retirarían del lugar. Sin embargo horas más tarde se retiraron.
En las últimas semanas los paramilitares han seguido construyendo la carretera que desde Nuevo Antioquia (jurisdicción de Turbo) se ha ido internando en veredas de San José de Apartadó: pasó por Rodoxalí, la hacienda La Marina en Playalarga, que es cuartel de los paramilitares y propiedad de su líder “Otoniel”, y ahora se está internando en la vereda La Esperanza donde hay un asentamiento de nuestra Comunidad de Paz. Aunque no cuente con resoluciones oficiales ni licencias pero sí con financiaciones de oscura procedencia, cuenta de todos modos con “la vista gorda” de todas las autoridades: alcaldes, gobernador, fuerza pública, oficinas de planeación, contraloría, procuraduría, fiscalía, defensoría, autoridades todas que siempre le han otorgado el más efectivo aval –el de la omisión- a los paramilitares que han actuado a su amaño en la región. Se dice que hasta funcionarios de las dos alcaldías han estado presionando a los pobladores para que acepten y colaboren.
En los últimos días se han escuchado detonaciones de artefactos explosivos en las veredas Mulatos, La Esperanza y Arenas Altas, de San José de Apartadó, donde nuestra Comunidad tiene asentamientos propios. Al momento se desconocen los daños ocasionados a la población civil.
Le solicito encarecidamente, Señor Presidente, no remitir estas peticiones al Ministerio de Defensa, pues está probado que allí se da una evidente solidaridad de cuerpo con los victimarios y en los 17 últimos años no ha habido una sola respuesta que reconozca lo ocurrido y proponga soluciones. Le solicito más bien que tome en sus manos la solución de esta violación continua y sistemática de los derechos humanos que ya cumple más de 18 años a través de la perpetración de centenares de crímenes de lesa humanidad, cumpliendo con las obligaciones que la Constitución le señala y usando las atribuciones que la misma le confiere. Le ruego, Señor Presidente, comprenda el cansancio y la desesperanza que implica recurrir a los medios de defensa que la Constitución contempla, sin recibir respuesta alguna concreta durante tantos años, así como la sensación fundada, que cada vez se refuerza más, de que nuestras instituciones son meramente de fachada y de que en la realidad el Estado de Derecho no existe.
En espera de su respuesta dentro de los términos legales, le solicito responder a la siguiente dirección: [ ------ ]
Atentamente,
Javier Giraldo Moreno, S. J.
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CC:
Corte Interamericana de Derechos Humanos – Caso 12325
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Corte Penal Internacional – Exp. OTP-CR. 266/07
Corte Constitucional de Colombia (Sala de Seguimiento a Sentencia T-1025/07)
Organismos de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, de UNASUR y organizaciones no gubernamentales, nacionales e internacionales, de derechos humanos.
ANEXOS:
1. Copia en CD del programa televisado de Caracol Internacional titulado Testigo Directo, del periodista RAFAEL POVEDA.
2. Copia del volante distribuido por el ejército en municipios de Urabá, desde helicópteros militares, y por soldados en barrios de Medellín.
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Comunidad de Paz de San José de Apartadó
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Colombia
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