La constante revictimización a los familiares de los desaparecidos de la Comuna 13 de Medellín

Durante los días 17 y 18 de julio de 2019 se llevó a cabo en las instalaciones del palacio de justicia de Medellín, la primer audiencia pública sobre personas dadas por desaparecidas en la comuna 13. La audiencia fue solicitada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado MOVICE y siete familiares de desaparecidos quienes solicitaron se tomen medidas cautelares sobre 16 lugares del país donde se presume estarían inhumados de manera irregular los restos de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado.

En desarrollo de la audiencia, la Magistratura solicitó a la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y la Fiscalía General de la Nación información relevante  sobre el avance en las investigaciones y trabajos realizados para preservar los lugares de la “Escombrera” y la “Arenera”, donde se deduce se encuentran los restos mortales de personas desaparecidas en el marco de los operativos militares del año 2002 que desencadenaron en la denominada Operación Orión.

Más preguntas que respuestas quedaron de la audiencia, por ejemplo, ¿por qué la alcaldía de Medellín permitió construir un edificio de vivienda de interés social en un terreno donde se supone, de acuerdo a testimonios de víctimas y paramilitares, se encuentran cuerpos inhumados?  ¿Por qué la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia prolongó por 10 años más el uso del suelo de la escombrera y la arenera para verter escombros?  ¿Por qué la Alcaldía de Medellín no socializo un informe realizado por Metroseguridad y la Universidad de Antioquia el cual se cree podría contener información relevante  para comprender el actuar paramilitar en la comuna 13?  ¿Por qué la Fiscalía General de la Nación perdió cinco muestras  que dilucidarían la identidad de víctimas de la comuna 13 y que pudieron ser entregados a sus familias, y por qué no existen investigaciones disciplinarias ni compulsas de copias para que se revisen estas actuaciones si lo que se evidencia es una doble desaparición? 

En un universo de casi 300 casos de desaparición forzada en la comuna 13 lo sucedido en la audiencia no puede pasar como un caso anecdótico, son delitos que deben ser investigados como lo solicitaron la procuraduría y los magistrados. Este modus operandi de las autoridades es reiterativo en muchos lugares del país y evidencia la negligencia con la que el Estado ha trabajado el tema de las exhumaciones, la identificación y entrega digna de restos a los familiares de víctimas de desaparición forzada lo que implica trabajar articuladamente en la construcción de protocolos de prevención que garanticen la no revictimizacion y eviten la impunidad.

Por lo anterior la Magistratura de la JEP, ordeno en la audiencia que en un plazo de treinta días, la gobernación de Antioquia en coordinación con la alcaldía de Medellín, las familias de las víctimas y sus organizaciones acompañantes, presenten un proyecto para preservar la memoria de las víctimas de la comuna 13, de igual manera ordeno que en un plazo de tres días la alcaldía de Medellín entregue el informe construido por Metroseguridad y la Universidad de Antioquia y todos sus anexos, también ordeno a la gobernación de Antioquia  que en el plazo de diez días entregue  un informe de fiscalización de los títulos mineros en la escombrera y la arenera, y finalmente ordeno a la Fiscalía General de la Nación que en el plazo de diez días amplíe la información presentada en la audiencia.