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Las comunidades rurales del municipio de Tadó, en el departamento del Chocó, enfrentan una nueva emergencia humanitaria. Ataques reiterados con explosivos y drones han provocado el confinamiento de 1.923 personas, equivalentes a 528 familias, en los corregimientos de Guarato y Playa de Oro.
La situación fue reportada el 10 de marzo de 2026 en una alerta humanitaria elaborada con información de autoridades locales, organizaciones humanitarias y del Equipo Local de Coordinación Chocó (ELC), instancia que articula la respuesta del Equipo Humanitario País en el territorio respaldado por la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Ataques con drones provocan confinamiento en comunidades rurales
De acuerdo con la alerta, los hechos comenzaron el 20 de febrero, cuando al menos 223 personas (103 familias) del corregimiento de Guarato quedaron confinadas tras ataques con explosivos atribuidos a un grupo armado no estatal.
Los ataques habrían sido realizados mediante vehículos aéreos no tripulados (drones) contra la estación de Policía del corregimiento, lo que generó temor generalizado en la población civil.
Como consecuencia de estos hechos, 22 personas se desplazaron hacia el departamento de Risaralda, mientras que otras familias permanecen confinadas ante el riesgo de nuevos ataques.
Además, las comunidades reportan la presencia de explosivos y municiones sin explosionar cerca de viviendas, cultivos y de la institución educativa, lo que aumenta significativamente el riesgo para la población.
Nuevos ataques aumentaron la emergencia humanitaria
La situación se agravó los días 2 y 3 de marzo, cuando se registraron nuevos ataques con drones en Guarato y en el corregimiento de Playa de Oro.
Estos hechos provocaron que aproximadamente 1.700 personas (425 familias) quedaran confinadas en Playa de Oro, elevando el total de población afectada a 1.923 personas en ambos corregimientos.
Según la alerta humanitaria, la presencia constante de integrantes del grupo armado en cercanías de las comunidades también incrementa el riesgo de posibles combates con la Fuerza Pública.
En medio de esta situación de seguridad, las autoridades locales también reportaron la desaparición del gobernador indígena de la comunidad Alto Tarena el 7 de marzo, lo que aumenta la preocupación en el territorio.
Niños sin clases y comunidades sin acceso a salud
El confinamiento está generando graves afectaciones en la vida cotidiana de las comunidades.
De acuerdo con el reporte humanitario, más de 73 niños, niñas y adolescentes enfrentan dificultades para acceder a la educación debido al ausentismo escolar y a la reducción de la jornada educativa como medida de protección.
La situación también afecta el acceso a servicios básicos. Las comunidades reportan limitaciones para recibir atención en salud, especialmente en el caso de mujeres gestantes, personas mayores y niños.
A esto se suman afectaciones emocionales y psicológicas derivadas de los constantes ataques y del clima de temor que se vive en la zona.
Riesgos alimentarios y cultivos contaminados con explosivos
Otro de los impactos del confinamiento se relaciona con la seguridad alimentaria de las comunidades.
La alerta señala que varios cultivos de pan coger han resultado afectados por la presencia de artefactos explosivos y municiones sin detonar, lo que impide que las familias puedan acceder con seguridad a sus parcelas.
Esta situación limita la disponibilidad de alimentos y aumenta la dependencia de asistencia humanitaria en la zona.
Capacidad institucional desbordada
El informe también advierte que la administración municipal de Tadó enfrenta un desborde en su capacidad de respuesta para atender a toda la población afectada.
Los ataques reiterados y el contexto de seguridad han retrasado labores clave como la verificación de los hechos, el levantamiento de censos y la activación completa de las rutas de atención institucional para víctimas.
La emergencia ocurre además en un contexto de riesgo electoral. La Misión de Observación Electoral ha señalado que el municipio se encuentra en riesgo extremo por factores de violencia, una advertencia que coincide con alertas previas emitidas por la Defensoría del Pueblo de Colombia a través de la Alerta Temprana 013-25.
Respuesta humanitaria en curso
Frente a la emergencia, varias instituciones han activado mecanismos de atención.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas activó el plan de contingencia para responder a la situación, mientras que la Personería municipal apoyó el diligenciamiento del Formulario de Ubicación y Localización de Eventos (FULE) por la presencia de artefactos explosivos.
Por su parte, la Secretaría de Salud, en coordinación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, anunció la implementación de atención psicosocial para las comunidades afectadas.
Organizaciones humanitarias como el Consejo Noruego para Refugiados también iniciaron intervenciones en Guarato con acciones en protección, educación, agua, saneamiento e higiene.
Mientras tanto, el Equipo Local de Coordinación Chocó continúa monitoreando la situación y articulando la respuesta humanitaria en el territorio.
Para las comunidades confinadas, la prioridad sigue siendo clara: recuperar condiciones mínimas de seguridad que permitan retomar la movilidad, el acceso a alimentos, educación y atención en salud.
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