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La denuncia fue realizada por la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia, en la cual alerta sobre posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) tras una operación militar desarrollada por el Ejército Nacional de Colombia en zona rural del municipio de Ituango, que habría impactado viviendas campesinas y bienes civiles protegidos.
La Mesa Humanitaria, documentó los hechos ocurridos durante la madrugada del 9 de marzo de 2026 en la vereda San Luis, ubicada en el corregimiento El Aro.
Según la organización, la operación militar estaba dirigida contra estructuras del Frente 18 del Estado Mayor Central, una de las disidencias de las antiguas FARC que opera en varias zonas del norte de Antioquia. Sin embargo, durante el desarrollo de la acción militar se habrían presentado impactos directos sobre bienes civiles de la comunidad campesina.
Viviendas, escuela y caseta comunal afectadas
De acuerdo con el informe, los bombardeos y disparos realizados desde un helicóptero impactaron directamente viviendas de la población civil que, según las comunidades, no tenían relación con las hostilidades armadas.
La Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia reportó que al menos nueve bienes civiles protegidos por el DIH resultaron afectados, entre ellos:
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siete viviendas de familias campesinas
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una escuela rural
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una caseta comunal
En la denuncia se señala que estos bienes están protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, que establece la obligación de diferenciar entre objetivos militares y población civil durante operaciones armadas.
Este principio, conocido como principio de distinción, es uno de los pilares del DIH y busca evitar que las hostilidades afecten a personas que no participan en el conflicto armado.
Comunidad denunció amenazas tras reclamar por los daños
Después de que cesaron los ataques, habitantes de las veredas San Luis y El Torrente se acercaron a las tropas del Ejército con el objetivo de reclamar por los daños causados en las viviendas y en los bienes comunitarios.
Según el comunicado, la respuesta de los soldados habría consistido en disparos de fusil al aire y el uso de humo para dispersar a la población, situación que generó temor entre las familias campesinas.
La organización advierte que este tipo de hechos incrementa los niveles de riesgo para la población civil que habita en territorios donde se desarrollan operaciones militares.
Posibles violaciones al Derecho Internacional Humanitario
La denuncia señala que los hechos podrían constituir infracciones al Derecho Internacional Humanitario, particularmente en lo relacionado con la protección de bienes civiles durante un conflicto armado no internacional.
El DIH, aplicado en contextos de conflicto armado, establece normas claras sobre la protección de la población civil y limita los métodos y medios de guerra que pueden utilizar las partes en confrontación.
Entre estas normas se encuentran.
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el principio de distinción entre combatientes y civiles
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la prohibición de ataques indiscriminados
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la obligación de proteger bienes civiles como viviendas, escuelas y espacios comunitarios
En el caso denunciado en Ituango, las organizaciones consideran que los impactos registrados en viviendas y en infraestructura comunitaria deben ser investigados para determinar responsabilidades.
Exigen investigación de los hechos
La Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia hizo un llamado a las autoridades del Estado colombiano para que se adelanten investigaciones que permitan esclarecer lo ocurrido.
Entre las solicitudes planteadas por la organización se encuentra la apertura de una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de establecer responsabilidades penales en caso de confirmarse infracciones al DIH.
Asimismo, la organización reiteró la necesidad de que todas las partes involucradas en el conflicto armado respeten las normas humanitarias y adopten medidas para proteger a la población civil.
Un territorio marcado por el conflicto armado
El municipio de Ituango, ubicado en el norte de Antioquia, ha sido históricamente uno de los territorios más afectados por el conflicto armado en Colombia.
En esta región operan distintos actores armados, entre ellos estructuras disidentes de las antiguas FARC, lo que ha generado escenarios de riesgo permanente para comunidades campesinas que habitan zonas rurales apartadas.
Organizaciones sociales han advertido en repetidas ocasiones que las comunidades quedan atrapadas entre las confrontaciones armadas y las operaciones militares, situación que aumenta la vulnerabilidad de la población civil.
Frente a este panorama, organizaciones humanitarias reiteran que el respeto al Derecho Internacional Humanitario es fundamental para garantizar la protección de las comunidades que viven en territorios afectados por el conflicto.
Finalmente, la Mesa Humanitaria y de Paz de Antioquia insistió en su llamado a todos los actores armados, legales e ilegales, para que respeten el principio de distinción y se abstengan de realizar acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y los bienes de la población civil.
Denuncia
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