Tierra de sangre

Luego de salir de este evento en Turbo, Antioquia, donde el gobierno restituyó las tierras a 34 familias de desplazados, fue asesinado el líder campesino Hernando Pérez. Con el suyo ya son al menos 39 los crímenes de líderes campesinos en los últimos años asociados a reclamos de tierras despojadas.

DENUNCIA.

Cuando recién comienza el debate para restituir las tierras a los desplazados por la violencia, el crimen de Hernando Pérez, uno de los líderes campesinos de la reparación de tierras, llega como un macabro mensaje de que la pelea que se viene es con sangre.

Sábado 25 Septiembre 2010

El domingo de la semana pasada, todo era fiesta en Turbo, en el Urabá. Ese día, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, entregó 34 títulos de propiedad a familias que habían sido despojadas por los paramilitares. Sin duda, una muy buena noticia para una de las zonas más agobiadas por esta práctica criminal. Entre la audiencia estaba Hernando Pérez, uno de los líderes de la asociación que reclama la restitución de tierras para otras 25 familias en la vereda La Ceibita, del vecino municipio de Necoclí. Al concluir la jornada, este campesino de 47 años y padre de tres hijos fue asesinado camino a su casa. Según medicina legal, fue golpeado con varios objetos hasta asesinarlo. A su lado, las autoridades hallaron cuatro ojivas calibre 9 milímetros aún sin disparar.

La noticia causó conmoción en la zona, donde hay registros de 1.800 familias afectadas por el despojo, que buscan la restitución de 25.000 hectáreas. En Necoclí entendieron que la sevicia, el momento en el que se perpetró el crimen y el que hubieran dejado cuatro balas era un macabro mensaje dirigido a los restantes cuatro campesinos que lideran los reclamos en esta vereda. "Ellos están en la mira de los asesinos, porque manejan información clave para la reclamación de predios", denunció a SEMANA Carmen Valencia, presidenta de la Asociación de Víctimas para la Restitución de Tierras y Bienes (Asovirestib). Hasta el vicepresidente Angelino Garzón se pronunció, y a través de un comunicado dijo que este asesinato "es un mensaje de los violentos para evitar que las tierras regresen a sus legítimos dueños".

Este es el segundo líder de la misma iniciativa de restitución asesinado en menos de cuatro meses. El otro crimen fue el de Albeiro Valdés, más conocido como 'Colombia', quien fue acribillado por sicarios y su cuerpo arrojado en la misma vía donde dejaron a Pérez. Los dos habían sido objeto de amenazas de muerte y ambos fueron catalogados con riesgo "ordinario" tanto por la Policía como por el Ministerio del Interior y de Justicia. Por esta circunstancia, no tenían protección. Otra dolorosa coincidencia es que ambos eran víctimas del jefe paramilitar Carlos Ardila, alias 'Carlos Correa', fundador de las AUC en el Urabá antioqueño. Ardila fue asesinado después de su desmovilización y era primo de Pérez, pero esa familiaridad no sirvió para tener piedad y no despojarlos de su finca 'El Diamante'. "El 25 de mayo de 1995 vino a nuestra finca, nos encerró por más de siete horas y nos sentenció al destierro. Estuvimos cuatro años rodando sin rumbo", recordó doña Libia Rozo, madre de Hernando Pérez y también tía del paramilitar.

Es más absurdo aún que la tierra por la que Valdés y Pérez lucharon hasta la muerte siga en manos de sus verdugos. Las 35 hectáreas de 'Colombia' fueron tituladas al terrateniente del pueblo, de quien las víctimas aseguran es testaferro de los paras, y las 24 hectáreas que reclamaba Pérez siguen a nombre del hijastro del jefe paramilitar.

Con esos dos crímenes, la cifra de líderes de desplazados que reclaman sus tierras despojadas asciende a 39, según un registro que lleva la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes). Según el documento, el año pasado hubo 300 amenazas que tienen relación directa con el tema de la reparación y restitución de tierras. Todas estas agresiones permanecen en la impunidad, lo que debilita aún más el ánimo de los líderes de esta causa.

SEMANA hizo un barrido por algunas de las 800 asociaciones de víctimas que buscan recuperar las tierras arrebatadas por los paras. La situación es crítica y hay señales de que las cosas pueden empeorar. Por ejemplo, a la Fundación Nuevo Amanecer, que reúne a 10.800 víctimas de 16 departamentos, le han asesinado cinco líderes solo en el Valle, y las intimidaciones y agresiones no paran. "Llevo tres atentados, el último fue en marzo, cuando me dispararon desde una moto. La protección que tengo es un Avantel y un chaleco antibalas", dijo Carlos Sabogal, líder de las víctimas en Líbano, Tolima. Similar drama padece Alfonso Reyes, quien carece de protección pese a rendir un testimonio ante la Fiscalía, que motivó la captura del alcalde y un ex alcalde de Morales, Bolívar. Hace apenas un mes, otro líder de Cauca, Beto Ufo Pineda, fue asesinado en Popayán, y en mayo de este año, en ese mismo departamento, asesinaron a Alexánder Quintero, uno de los desplazados de la masacre de El Naya y uno de los testigos claves de lo que había sucedido con las tierras en esta zona del país.

Lo absurdo es que no pase nada, aunque las alertas están encendidas desde hace varios años. Mientras el país sigue llorando crímenes como el de Yolanda Izquierdo, líder comunitaria de Córdoba, ocurrido en 2007, y otros como el de la media docena de campesinos del Urabá o las siete víctimas de Curvaradó y Jiguamiandó, en el Chocó, en uno de los casos más emblemáticos de restitución de tierras, cerca de 1.500 líderes de desplazados, desde 2005, han solicitado al Ministerio del Interior y de Justicia protección especial para sus vidas. De estos, solo 214 tuvieron respuesta positiva, ayuda que en muchos casos se traduce en un chaleco antibalas y un Avantel. Pero en Necoclí, ni siquiera esto ha sido posible.

Con el trámite de la ley de tierras en el Congreso, la sensibilidad de los poderes oscuros en las regiones se reactivó. Ello ocurre porque una vez aprobado el proyecto, quienes tendrán que demostrar la propiedad de la tierra no son las víctimas sino los tenedores. La violencia de estos días empieza a marcar el duro camino que tendrá la anhelada ley. Mientras esto se logra, el Estado, con su protección, deberá ponerse a la altura de la causa de las víctimas que siguen expuestas.