Una agresión más del alto gobierno / CDPSJA

La Comunidad de Paz de San José de Apartadó, convocada para hoy por el Gobierno Nacional para dar cumplimiento a una orden emanada de la Corte Constitucional en el Auto 164 de 2012, se ve en la obligación de manifestar lo siguiente al país y al mundo

En numerosas ocasiones desde su conformación en marzo de 1997, la Comunidad ha sido víctima de numerosas calumnias proferidas por altos funcionarios del Estado. En particular, las alocuciones del Presidente de la República el 27 de mayo de 2004 y del 20 de marzo de 2005, apoyadas en falsos testigos y montajes preparados por miembros de la fuerza pública y del poder judicial, han tenido consecuencias fatales durante estos 9 años, toda vez que han sido reproducidas en numerosos medios masivos de información nacionales e internacionales y han servido de supuesta justificación a la fuerza pública y al poder judicial para perpetrar centenares de crímenes contra la Comunidad y contra el campesinado de su entorno.

De nada sirvieron durante muchos años las demandas de la Comunidad ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y ante tribunales internacionales para exigir justicia. Por fin la Corte Constitucional, en seguimiento de la Sentencia T-1025 de 2007, convocó a una audiencia en marzo de 2012 y reconoció la justeza de las exigencias de la Comunidad en cuanto condiciones para reanudar alguna interlocución con el Estado, la cual había quedado completamente rota desde la horrenda masacre del 21 de febrero de 2005 en la cual fueron descuartizados varios líderes de la Comunidad y sus familias, incluyendo niños de pocos meses de vida.

La primera orden emanada de la Corte Constitucional en el Auto 164/12, exige “la retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad de Paz y sus acompañantes y la definición de un procedimiento para evitar futuros señalamientos contra la misma”. En el mismo artículo del Auto se “ordena al Ministerio del Interior que coordine y ponga en marcha el procedimiento para la presentación de la retractación”.

Desde el primer contacto con el Ministerio del Interior, la Comunidad manifestó con absoluta claridad y contundencia que solamente consideraría como retractación proporcional una manifestación explícita del Presidente de la República, ya que había sido un mandatario con ese alto rango quien había cometido el grave delito de calumnia que había provocado tantos centenares de consecuencias fatales con características de crímenes de lesa humanidad en cadena durante 9 años

El Ministerio del Interior le comunicó a la Comunidad desde el mes de abril que el Presidente Santos había aceptado realizar la presentación de la retractación y se fijó  su cumplimiento para una fecha en abril, la que luego fue objeto de varios aplazamientos ocasionados por los problemas de agenda del Presidente. Finalmente la fecha se fijó para hoy 29 de mayo de 2013 y la Comunidad designó a 32 de sus miembros para desplazarse a Bogotá y participar en el acto.

Cuando ya toda la delegación se encontraba en Bogotá y a muy escasas horas de dar comienzo a la ceremonia, se le informó a la Comunidad que  el Señor Presidente no estaría presente, su ausencia es una nueva afrenta contra la comunidad, desconocemos los motivos de la ausencia del primer mandatario. La Comunidad sometió a consulta, durante la noche de ayer y  primeras horas de la mañana de hoy, con los diversos asentamientos de sus integrantes, la decisión que debería tomarse. Finalmente ha mantenido su posición de no considerar acorde con su exigencia de justicia ni con lo ordenado por la Corte Constitucional un acto realizado por un funcionario diferente del jefe del Estado.

La Comunidad reconoce la buena voluntad del Señor Ministro del Interior Fernando Carrillo y de su equipo de trabajo en la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio, quienes han preparado la logística de la ceremonia, de igual forma agradecemos la presencia de todos los invitados presentes en el evento, quienes son testigos de esta nueva afrenta contra nuestro proceso, pero no puede sino considerarse como una agresión más del Alto Gobierno el que haya cambiado su agenda cuando ya la delegación se encontraba en Bogotá, desnaturalizando el carácter de una retractación que pretendía resarcir afrentas perpetradas por el Jefe del Estado y corregir conductas que han incentivado prolongadas cadenas de crímenes horrendos.

La Comunidad de Paz deplora una vez más el desacato por parte del Poder Ejecutivo a la Corte Constitucional y declara que las afrentas y ultrajes originados en la Jefatura del Estado siguen clamando  justicia y una reparación proporcional a su magnitud y gravedad.  

La Corte Constitucional en su Sentencia T-1191 de 2004 había dejado claro que las alocuciones públicas de un Presidente jamás podían apoyarse en datos no verídicos y jamás podían desconocer el primer deber de un mandatario de proteger a las personas en su vida, honra, bienes, creencia y libertades, y que en caso de hacerlo, el mandatario debía responder por su delito penalmente, disciplinariamente, políticamente e internacionalmente. Por ello los delitos de injurias y calumnias presidenciales perpetrados contra la Comunidad de Paz continúan impunes y siguen clamando justicia.

Comunidad de Paz de San José de Apartadó

Mayo 29 de 2013