Amenazados de muerte Líderes de Ríos Vivos Antioquia

El Movimiento Nacional en Defensa de los Territorios y Afectados por Represas Ríos Vivos hace responsable por su acción y omisión al Estado Colombiano y a sus instituciones especialmente a la Gobernación de Antioquia, La alcaldía de Medellín y Empresas Públicas de Medellín de la vida e integridad física y de las secuelas emocionales que se deriven de las graves violaciones a los Derechos Humanos que han sufrido las y los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia.

Hechos:

La lideresa campesina Luz Piedad Mazo Orrego y toda su comunidad barequera fue desalojada de manera forzosa de las playas del  Río Cauca el 30 de mayo de 2011. Funcionarios de EPM y de la administración pública del municipio de Briceño, así como miembros de la fuerza pública, Policía, ESMAD y Ejército, asistieron a la diligencia.
Desde antes del desalojo la Fuerza Pública hizo presencia en la zona y había señalado, estigmatizado y amenazado a la líder por mostrar su clara oposición al megaproyecto y a las actuaciones de EPM en la zona.
3.    De las dos situaciones anteriores en las que ocurrieron graves atropellos a la población algunas personas, entre ellas la lideresa, realizaron grabaciones caseras que demuestran como sus casas tradicionales (ranchos de plástico) fueron destruidos y quemados, sus herramientas de trabajo y enseres personales arrojadas al río, además de los insultos, amenazas y maltratos propiciados por la Fuerza Pública y funcionarios públicos, estas actuaciones no tuvieron en cuenta las directrices de Naciones Unidas para los desalojos forzosos provocados por los Proyectos de Desarrollo.
El día 8 de julio de 2013 a las 6:00 a.m. entraron a su pequeño negocio de comidas, que también es la casa en la que busca rehacer su vida en la ciudad de Medellín, dos hombres que después de maltratarla e insultarla la amenazaron diciéndole que tiene que entregar, en dos días, los videos del Cauca sino, la matarían. La moto en la que se movilizaban no tenía placas.
El día 11 de junio a las 11:00 a.m. otro hombre desconocido insiste en preguntar por la líder en su negocio.
El día 9 de julio de 2013 el líder del Movimiento Jorge Mario García, habitante del municipio de Toledo Antioquia, fue privado de su libertad por el Ejército Nacional a la 1:14 p.m. en el sitio conocido como Taque del municipio de Toledo, sus manos fueron amarradas y metidas en bolsas plásticas, los soldados pasaron una llamada al líder y un desconocido le profirió todo tipo de insultos y señalamientos de ser guerrillero, a las 3:30 p.m. es dirigido al municipio de Santa Rosa de Osos. Allí un funcionario de la SIJIN le dice que no está capturado que lo tienen allí para realizarle unas pruebas, pruebas que nunca se realizaron.  Fue liberado hacia las 8:00 p.m. en un municipio distinto y alejado del suyo, con sus manos muy maltratadas pues durante SIETE horas las tuvo amarradas y en NINGÚN momento le explicaron cuáles fueron las razones de la captura ni sus derechos.
Durante el procedimiento fue amenazado por el Capitán del Ejército Nacional quien lideró el irregular procedimiento en que se violaron diferentes derechos humanos.
Ambos líderes del Movimiento Ríos Vivos Antioquia fueron capturados ilegalmente el 16 de marzo de 2013, proceso en el cual EPM pretende declararse víctima del Movimiento en defensa de los territorios y afectados por represas que protesta por los graves impactos generados por Hidroituango.
Estos hechos se dan en el contexto de violación reiterada de derechos humanos, abandono, maltrato y omisión institucional con las cerca de 400 personas desplazadas por Hidroituango y el conflicto armado generalizado en la zona de influencia del megaproyecto desde  los ya casi cuatro (4) meses que llevan en la ciudad de Medellín.

A la postura de la Gobernación de Antioquia de NO escuchar a los que tienen posiciones diferentes se le suman los alcaldes y alcaldesas de la zona quienes con su silencio son cómplices de diversos atropellos y vulneración de los derechos de los afectados. A ellos les recordamos que la inversión social en la zona es una obligación de Estado, no una dádiva de EPM-Hidroituango. Los mandatarios de los doce municipios afectados por la represa nuevamente NO asistieron a reunión convocada para buscar salidas a las crisis, convocada el pasado 10 de julio en la Universidad de Antioquia, dejaron plantados a sus ciudadanos que buscan comprender por qué sus reclamos generan tanta apatía en los dirigentes políticos.

Exigimos al Estado Colombiano se adelante la investigación respectiva de las amenazas de los líderes que conduzcan a la judicialización de las personas responsables de estos.

¡ARRIBA LO MÍO, QUEREMOS EL RÍO!

Somos pobres y honrados, no queremos ser desplazados