Desde el año 2002 más de 3.500 personas fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, bajo la modalidad de falsos positivos, por parte de integrantes de la Fuerza Pública; más de 18.600 personas han sido víctimas de desaparición forzada, y en muchos de estos eventos se señala la responsabilidad de servidores públicos y/o paramilitares que han actuado con su colaboración, apoyo o complicidad.
La ampliación del fuero militar a este tipo de delitos condenará seguramente a sus víctimas y a sus familiares a no conocer la verdad sobre estos crímenes atroces, a no saber el paradero o el destino de sus seres queridos y a no poder obtener reparaciones ni garantías de justicia que alcancen a los responsables que ordenaron, organizaron e instrumentalizaron estos crímenes.
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