Semana Internacional de las víctimas de desaparición forzada en Colombia

En la cuna del hambre / mi niño estaba. / Con sangre de cebolla  /se amamantaba.  Pero tu sangre, / escarchada de azúcar, cebolla y hambre.

M. Hernández./ Nanas de la Cebolla. 

Los antecedentes de la desaparición forzada se remontan a la Segunda Guerra Mundial, cuando en 1941 Hitler ordenó a través del decreto conocido como Noche y Niebla, el envío a Alemania de los oponente políticos al régimen nazi en los territorios ocupados. Los  prisioneros tomados en aplicación del decreto eran deportados de manera oculta, sin que  se conservase registro alguno  de la captura, a campos de concentración específicos, en donde eran ejecutados de manera secreta.

En América Latina, la desaparición forzada se extendió a mediados de los setentas, y recorrió   por primera vez el suelo Colombiano  en el año de 1977 durante el gobierno de Alfonso López Michelsen.

Sin duda alguna, esta  práctica criminal  es espantosa por sí misma.  Se trata de un crimen continuado en el tiempo, que sólo cesa una vez se establece con certeza el paradero de la víctima. Este crimen favorece de manera deliberada la impunidad de los responsables, y sus efectos como lo son: El sufrimiento, la desazón, el terror, la angustia  y el sentimiento de vulnerabilidad, perduran incluso hasta después de conocer el paradero de los desaparecidos. Sin embargo, son muy pocas las familias que  han conseguido encontrar a sus seres queridos o que han visto que se haga justicia sancionando a los responsables con condenas ejemplares.

Este crimen se encuentra basado  en  el terror, y en Colombia  generalmente es perpetrado por agentes del Estado y  grupos paramilitares  que actúan con su tolerancia, omisión y aquiescencia y que se benefician de la impunidad.  Las víctimas han sido líderes sociales o comunitarios, además de un alto número de defensores y defensoras de derechos humanos, personas campesinas, indígenas y afro descendientes  que se resisten a abandonar sus tierras y que son víctimas de esta práctica como un medio de despojo.  Niñas y niños asimismo han sido víctimas de los desalmados  poseedores del horror por medio de esta práctica; en  este caso  la mayoría de las veces con fines de tortura sexual.

En Colombia durante los últimos años, las desapariciones han estado asociadas a la comisión de ejecuciones extrajudiciales.  En la gran mayoría de los casos, las personas fueron sacadas a la fuerza de sus casas por el Ejército, incluso teniendo como  testigo a los familiares. Sin embargo, siempre que se acercaron a las bases militares a preguntar por la víctima, el Ejército se negó a entregar información sobre su paradero, o negó tenerla en su poder. No obstante, el cuerpo de la persona solía aparecer posteriormente  reportado como guerrillero muerto en combate, sin documentos de identidad y a menudo, en un municipio distinto del lugar en donde solía vivir la víctima y su familia.

Con la aprobación del fuero penal militar en Colombia la desaparición forzada como otras graves violaciones a los derechos humanos, corren el riesgo de continuar en la total impunidad; pues son los mismos perpetradores de este crimen, catalogado internacionalmente como de lesa humanidad,  los que  se investigan, juzgan  y sancionan; El Estado debe escuchar las reiteradas recomendaciones por  parte de los organismos internacionales y nacionales de derechos humanos, que se han opuesto de manera contundente a este proyecto y debería como es su obligación hacer seguimiento a las compromisos de derechos humanos, en el sentido de restringir el ámbito de la Justicia Penal Militar, y garantizar que las  desapariciones forzadas y las graves violaciones de derechos humanos sean asumidas  por la justicia ordinaria, y con ello garantizar y hacer efectivos los derechos de las víctimas.

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