Informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos Situación de los derechos humanos en Colombia
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En Colombia, los líderes y líderesas sociales que se dedican a la defensa, promoción y protección de los derechos humanos desempeñan un papel crucial al acompañar a comunidades vulnerables y promover el acceso a la justicia, la paz y la igualdad. Sin embargo, muchos de ellos y ellas enfrentan riesgos extremos en un contexto de violencia y conflicto social político y armado.
Según el informe reciente del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en 2024 se verificaron 89 casos de homicidio vinculados a personas que ejercen esta labor, lo que representa una disminución del 15 % en comparación con el año anterior. Aun así, esta cifra resulta alarmante, ya que el 71 % de estos hechos están relacionados con la acción de grupos armados no estatales. Entre las víctimas destacan tanto líderes comunitarios como representantes de juntas de acción comunal, quienes en muchos casos han sido blanco de atentados que buscan debilitar la defensa y el tejido social en sus territorios. Conoce el informe completo aquí
Las garantías aún no llegan
A un año de posesión de un nuevo gobierno, esta vez con un discurso y agenda progresista, la realidad es que en Colombia los cambios estructurales esperados aún no llegan, sin embargo se considera como parte de los avances: la reforma tributaria, la declaración del campesinado como sujeto de derechos, la jurisdicción agraria, la formalización y titulación de tierras, aprobación de Zonas de Reserva Campesina (4), aumento del presupuesto de educación (54,8 billones) y agricultura (4,2 billones), aumento del aporte social para mujeres cabeza de hogar (500.000 mensuales), la creación del Ministerio de la Igualdad[1] y la sanción de la Ley 2307 del 2023, “por la cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas”; la ratificación del Acuerdo de Escazú, la defensa de la Amazonía y el posicionamiento internacional de la necesidad de un cambio de enfoque en la política de lucha contra las drogas, así como en el campo del modelo extractivista y de la transición energética.
En materia de paz se cuentan como avances importantes: 1) los resultados que viene dando el proceso de negociación entre el ELN y el gobierno nacional de cara a una agenda de diálogo[2], el pactar un Cese al Fuego (protocolo y Veeduría Social) por 180 días[3] y la instalación del Comité Nacional de Participación[4]. 2) nombramiento de negociadores[5] en el proceso con el Estado Mayor Central- EMC, que después de instalada una mesa se podría presentar un nuevo Cese al Fuego con este grupo, esta vez con un protocolo, y 3) los acercamientos entre el gobierno y 12 estructuras urbanas de Antioquia, así como en Quibdó y Buenaventura. Estos tres casos, si bien son escenarios que pueden ser importantes para la paz, presentan poca claridad para las comunidades en especial por no existir un marco jurídico.Por otra parte, el gobierno nacional no ha podido adelantar reformas estructurales como la de salud, pensiones y laboral debido a la decisión de gran parte del Congreso de la República, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, de obstaculizar esta agenda transformadora que beneficia a millones de colombianas y colombianos empobrecidos, en una abierta batalla por asegurar los intereses de las élites políticas y grupos económicos. A esto se suma una baja ejecución presupuestal anual por parte del gobierno nacional, 40% (El Nuevo Siglo, 2023) lo que ha provocado numerosas críticas, pero sobre todo efectos en la ejecución de la política social.La crisis humanitaria y de derechos humanos no da tregua, no solo por la persistencia del conflicto político, social y armado, sino también porque la política de Paz Total, que fue tramitada en el Congreso, ahora Ley de Paz Total, la firma de cuatro Ceses al Fuego[6]y la adopción del Plan de Emergencia para la protección a líderes y lideresas sociales, personas defensoras de DDHH y firmantes de paz, todas acciones respaldadas por los movimientos sociales y la comunidad internacional, no tuvieron el impacto esperado.Parte de los retos del gobierno para esta nueva legislatura 2023-II es poder avanzar con la implementación del Acuerdo de Paz, tramitar las reformas propuestas en el Congreso, lograr un marco jurídico para los procesos de sometimiento, expedir la política pública de desmonte del paramilitarismo y de otras estructuras que ejercen violencia y lograr frenar la crisis humanitaria que viven los territorios. Además de configurar un sistema integral de protección para los líderes y lideresas sociales.En el campo de los Movimientos Sociales será indispensable retomar las agendas de movilización social en la medida en que las reformas históricas que se han reivindicado y que son necesarias para avanzar en el goce efectivo de derechos humanos están siendo truncadas por sectores políticos y económicos dominantes.1] Las cifras referenciadas son de Celag.org (9 de agosto de 2023)[2] Acuerdo de México y Acuerdo de Cuba[3] Ver protocolo para el cumplimiento del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (18 de julio de 2023) disponible en el portal de la OFACP.[4] Ibid. (18 de julio de 2023)[5] Por el gobierno: Camilo González Posso, Carlos Murgas Guerrero, Fabio Valencia Cossio, Feliciano Valencia, Yezid Arteta y Óscar Salazar; por el EMC: Andrey Avendaño. (INFOBAE, 2023).[6] Decretos 2656 (Estado Mayor Central- EMC), 2658 (Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC), 2659 (Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada – ACSN) y 2660 (Segunda Marquetalia); al cierre del informe alterno del EPU, dos de los cuatros Ceses se encuentran en crisis por los constantes incumplimientos por parte de los actores armados ilegales: AGC y EMC.
Colombia: Represión violenta, paramilitarismo urbano, detenciones ilegales y torturas contra manifestantes pacíficos en Cali
A un año de posesión de un nuevo gobierno, esta vez con un discurso y agenda progresista, la realidad es que en Colombia los cambios estructurales esperados aún no llegan, sin embargo se considera como parte de los avances: la reforma tributaria, la declaración del campesinado como sujeto de derechos, la jurisdicción agraria, la formalización y titulación de tierras, aprobación de Zonas de Reserva Campesina (4), aumento del presupuesto de educación (54,8 billones) y agricultura (4,2 billones), aumento del aporte social para mujeres cabeza de hogar (500.000 mensuales), la creación del Ministerio de la Igualdad[1] y la sanción de la Ley 2307 del 2023, “por la cual se establece la gratuidad en los programas de pregrado en las instituciones de educación superior públicas”; la ratificación del Acuerdo de Escazú, la defensa de la Amazonía y el posicionamiento internacional de la necesidad de un cambio de enfoque en la política de lucha contra las drogas, así como en el campo del modelo extractivista y de la transición energética.
En materia de paz se cuentan como avances importantes: 1) los resultados que viene dando el proceso de negociación entre el ELN y el gobierno nacional de cara a una agenda de diálogo[2], el pactar un Cese al Fuego (protocolo y Veeduría Social) por 180 días[3] y la instalación del Comité Nacional de Participación[4]. 2) nombramiento de negociadores[5] en el proceso con el Estado Mayor Central- EMC, que después de instalada una mesa se podría presentar un nuevo Cese al Fuego con este grupo, esta vez con un protocolo, y 3) los acercamientos entre el gobierno y 12 estructuras urbanas de Antioquia, así como en Quibdó y Buenaventura. Estos tres casos, si bien son escenarios que pueden ser importantes para la paz, presentan poca claridad para las comunidades en especial por no existir un marco jurídico.
Por otra parte, el gobierno nacional no ha podido adelantar reformas estructurales como la de salud, pensiones y laboral debido a la decisión de gran parte del Congreso de la República, con el apoyo de los grandes medios de comunicación, de obstaculizar esta agenda transformadora que beneficia a millones de colombianas y colombianos empobrecidos, en una abierta batalla por asegurar los intereses de las élites políticas y grupos económicos. A esto se suma una baja ejecución presupuestal anual por parte del gobierno nacional, 40% (El Nuevo Siglo, 2023) lo que ha provocado numerosas críticas, pero sobre todo efectos en la ejecución de la política social.
La crisis humanitaria y de derechos humanos no da tregua, no solo por la persistencia del conflicto político, social y armado, sino también porque la política de Paz Total, que fue tramitada en el Congreso, ahora Ley de Paz Total, la firma de cuatro Ceses al Fuego[6]y la adopción del Plan de Emergencia para la protección a líderes y lideresas sociales, personas defensoras de DDHH y firmantes de paz, todas acciones respaldadas por los movimientos sociales y la comunidad internacional, no tuvieron el impacto esperado.
Parte de los retos del gobierno para esta nueva legislatura 2023-II es poder avanzar con la implementación del Acuerdo de Paz, tramitar las reformas propuestas en el Congreso, lograr un marco jurídico para los procesos de sometimiento, expedir la política pública de desmonte del paramilitarismo y de otras estructuras que ejercen violencia y lograr frenar la crisis humanitaria que viven los territorios. Además de configurar un sistema integral de protección para los líderes y lideresas sociales.
En el campo de los Movimientos Sociales será indispensable retomar las agendas de movilización social en la medida en que las reformas históricas que se han reivindicado y que son necesarias para avanzar en el goce efectivo de derechos humanos están siendo truncadas por sectores políticos y económicos dominantes.
1] Las cifras referenciadas son de Celag.org (9 de agosto de 2023)
[2] Acuerdo de México y Acuerdo de Cuba
[3] Ver protocolo para el cumplimiento del Acuerdo de Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (18 de julio de 2023) disponible en el portal de la OFACP.
[4] Ibid. (18 de julio de 2023)
[5] Por el gobierno: Camilo González Posso, Carlos Murgas Guerrero, Fabio Valencia Cossio, Feliciano Valencia, Yezid Arteta y Óscar Salazar; por el EMC: Andrey Avendaño. (INFOBAE, 2023).
[6] Decretos 2656 (Estado Mayor Central- EMC), 2658 (Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC), 2659 (Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada – ACSN) y 2660 (Segunda Marquetalia); al cierre del informe alterno del EPU, dos de los cuatros Ceses se encuentran en crisis por los constantes incumplimientos por parte de los actores armados ilegales: AGC y EMC.
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| Escrito por AMNISTIA INTERNACIONAL |
Las prácticas evidenciadas en el nuevo informe Cali: En el epicentro de la represión —que incluyen uso de armas letales contra manifestantes, uso excesivo e ilegítimo de armas menos letales como gases lacrimógenos, detenciones ilegales y torturas— son un reflejo de cientos de denuncias hechas por manifestantes, personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos y demuestran un modus operandi llevado a cabo a lo largo del país, dijo Amnistía Internacional hoy.
“Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida. Lo acontecido en Cali es la manifestación de la respuesta violenta de las autoridades y los verdaderos objetivos detrás de esta represión: infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, se encuentra en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno y donde proliferan los actores armados diversos que continúan dejando miles de personas desplazadas y asesinadas. Es la segunda ciudad con mayor población Afrodescendiente en Latinoamérica y se caracteriza por la desigualdad, la exclusión y el racismo estructural. Este contexto ha sido el detonante de que Cali concentre el mayor número de protestas, pero también de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión.
Desde el 28 de abril, se han presentado manifestaciones multitudinarias en Cali, en el marco del “Paro Nacional”. En esta ciudad se concentran las más graves denuncias de la represión violenta sufrida por jóvenes manifestantes a manos de la fuerza pública y de grupos de civiles armados, y las autoridades continúan restringiendo el derecho a la protesta pacífica hasta la fecha.
Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas.
Amnistía Internacional realizó una exhaustiva verificación digital de material audiovisual, que da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Asimismo, la organización documentó actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos.
El informe analiza tres acontecimientos específicos que acumularon diversos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Cali. El primero ocurrió el 3 de mayo, cuando, en una incursión denominada “Operación Siloé”, agentes de Policía Nacional, en conjunto con agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), usaron armas letales, como fusiles Tavor 5.56 mm, contra manifestantes pacíficos. Esa noche se registraron al menos tres muertes por herida de arma de fuego, incluyendo la del joven Kevin Agudelo, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias.
El segundo evento analizado fue el ataque contra la Minga Indígena, llevado a cabo por civiles armados, en presencia de agentes de la Policía Nacional el 9 de mayo. Ese día resultaron heridas 11 personas indígenas, entre ellas la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto.
Por último, se presentan los hechos ocurridos el 28 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional usaron fuerza excesiva en coordinación con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. Ese día una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Álvaro y Sebastián denunciaron haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal.
En el caso de Siloé, se recurrió de forma ilegítima y excesiva al uso de gases lacrimógenos – incluso contra manifestantes pacíficos que no tenían por donde dispersarse, a través de Venom, un sistema inapropiado para ser usado en operaciones de mantenimiento del orden público.
Los hechos documentados no fueron aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento por parte de las autoridades colombianas, quienes han respondido a la protesta con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización. Cuando el presidente Iván Duque decretó la militarización de varias ciudades del país, incluyendo Cali, el 28 de mayo, lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas al mandar a las calles cuerpos militares con más de seis décadas de formación para el conflicto armado.
Ante el anuncio de movilizaciones para el 20 de julio y la celebración de la Asamblea Nacional Popular, integrada por personas, colectivos y movimientos del Paro Nacional, en diferentes ciudades del país, incluyendo Cali, la Gobernación del Valle del Cauca dictó medidas restrictivas de movilidad de transporte y/o personas para ingresar al departamento del 16 al 22 de julio, limitando así el derecho a la protesta pacífica.
El informe destaca las recientes observaciones de la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y llama al Estado a cumplir con sus recomendaciones, así como a cooperar con y no obstaculizar la labor del recientemente creado Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia de la CIDH.
El informe insta a las autoridades colombianas a dar con prontitud una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad. Esto incluye la interdicción del uso de armas letales como medio de dispersión de multitudes y el uso de gases lacrimógenos contra reuniones pacíficas y/o de forma que implique un riesgo de causar daños excesivos e injustificados —de acuerdo con las 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley que Amnistía Internacional publicó esta semana.
En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas.
Asimismo, se deben iniciar investigaciones diligentes, independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente, en la ciudad de Cali y los casos presentados en el informe, tomando en cuenta todas las responsabilidades dentro de la línea de mando de la fuerza pública, así como en la participación de personas civiles armadas con su tolerancia. No debe prevalecer la impunidad ante estos graves delitos.
El 12 de julio Amnistía Internacional solicitó información sobre los tres casos documentados en el informe al Ministro de Defensa, al Director General de la Policía Nacional y al Fiscal General de la Nación, a fin de recibir sus comentarios en un plazo de diez días e incluirlos en el informe. El 23 de julio el Juez 158 de Instrucción Penal Militar envío su respuesta con información sobre investigaciones iniciadas bajo esa jurisdicción. Al 23 de julio, fecha de cierre del informe, no se ha recibido respuesta de las demás autoridades.
El 19 de julio el presidente Duque presentó públicamente “el proceso de transformación integral de la Policía Nacional” que, según indicó, tiene como sus pilares la priorización del enfoque de derechos humanos. A pesar de este anuncio, el 20 de julio Amnistía Internacional recibió reportes de agentes del ESMAD haciendo uso ilegal de la fuerza durante las protestas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, resultando en varias personas manifestantes heridas.
“En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas”, dijo Erika Guevara Rosas.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org
Consultar informe completo acá
“Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas. Bajo la justificación del restablecimiento del orden, cientos de personas sufrieron lesiones terribles y decenas de jóvenes perdieron la vida. Lo acontecido en Cali es la manifestación de la respuesta violenta de las autoridades y los verdaderos objetivos detrás de esta represión: infligir miedo, desincentivar la protesta pacífica y castigar a quienes exigen vivir en un país más justo”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, se encuentra en una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado interno y donde proliferan los actores armados diversos que continúan dejando miles de personas desplazadas y asesinadas. Es la segunda ciudad con mayor población Afrodescendiente en Latinoamérica y se caracteriza por la desigualdad, la exclusión y el racismo estructural. Este contexto ha sido el detonante de que Cali concentre el mayor número de protestas, pero también de violaciones a los derechos humanos en el contexto de la represión.
Desde el 28 de abril, se han presentado manifestaciones multitudinarias en Cali, en el marco del “Paro Nacional”. En esta ciudad se concentran las más graves denuncias de la represión violenta sufrida por jóvenes manifestantes a manos de la fuerza pública y de grupos de civiles armados, y las autoridades continúan restringiendo el derecho a la protesta pacífica hasta la fecha.
Las autoridades colombianas violaron los derechos humanos de quienes se manifestaban pacíficamente en Cali, haciendo uso excesivo e innecesario de la fuerza con el objetivo de desarticularlas.
Amnistía Internacional realizó una exhaustiva verificación digital de material audiovisual, que da cuenta del uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de agentes de Policía Nacional, en particular, de agentes del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Asimismo, la organización documentó actos de paramilitarismo urbano cometidos por civiles armados, quienes acompañaron a agentes de la Policía Nacional y, con su aquiescencia y tolerancia, atacaron a manifestantes y personas defensoras de los derechos humanos.
El informe analiza tres acontecimientos específicos que acumularon diversos casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en Cali. El primero ocurrió el 3 de mayo, cuando, en una incursión denominada “Operación Siloé”, agentes de Policía Nacional, en conjunto con agentes del ESMAD y del Grupo de Operaciones Especiales de la Policía Nacional de Colombia (GOES), usaron armas letales, como fusiles Tavor 5.56 mm, contra manifestantes pacíficos. Esa noche se registraron al menos tres muertes por herida de arma de fuego, incluyendo la del joven Kevin Agudelo, cientos de personas lesionadas y varias detenciones arbitrarias.
El segundo evento analizado fue el ataque contra la Minga Indígena, llevado a cabo por civiles armados, en presencia de agentes de la Policía Nacional el 9 de mayo. Ese día resultaron heridas 11 personas indígenas, entre ellas la defensora de derechos humanos indígena Daniela Soto.
Por último, se presentan los hechos ocurridos el 28 de mayo, cuando agentes de la Policía Nacional usaron fuerza excesiva en coordinación con civiles armados y atacaron a los manifestantes en el barrio aledaño a la Universidad del Valle. Ese día una decena de jóvenes manifestantes, entre ellos Álvaro Herrera, Noé Muñoz y Sebastián Mejía, fueron golpeados y detenidos por civiles armados, quienes luego los entregaron a la Policía Nacional. Álvaro y Sebastián denunciaron haber sido sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos durante esa detención ilegal.
En el caso de Siloé, se recurrió de forma ilegítima y excesiva al uso de gases lacrimógenos – incluso contra manifestantes pacíficos que no tenían por donde dispersarse, a través de Venom, un sistema inapropiado para ser usado en operaciones de mantenimiento del orden público.
Los hechos documentados no fueron aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón de accionar violento por parte de las autoridades colombianas, quienes han respondido a la protesta con estigmatización, criminalización, represión policial ilegal y militarización. Cuando el presidente Iván Duque decretó la militarización de varias ciudades del país, incluyendo Cali, el 28 de mayo, lejos de dar un mensaje de diálogo, avivó las protestas al mandar a las calles cuerpos militares con más de seis décadas de formación para el conflicto armado.
Ante el anuncio de movilizaciones para el 20 de julio y la celebración de la Asamblea Nacional Popular, integrada por personas, colectivos y movimientos del Paro Nacional, en diferentes ciudades del país, incluyendo Cali, la Gobernación del Valle del Cauca dictó medidas restrictivas de movilidad de transporte y/o personas para ingresar al departamento del 16 al 22 de julio, limitando así el derecho a la protesta pacífica.
El informe destaca las recientes observaciones de la visita a Colombia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y llama al Estado a cumplir con sus recomendaciones, así como a cooperar con y no obstaculizar la labor del recientemente creado Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos para Colombia de la CIDH.
El informe insta a las autoridades colombianas a dar con prontitud una orden inequívoca de detener la represión violenta por parte de las fuerzas de seguridad. Esto incluye la interdicción del uso de armas letales como medio de dispersión de multitudes y el uso de gases lacrimógenos contra reuniones pacíficas y/o de forma que implique un riesgo de causar daños excesivos e injustificados —de acuerdo con las 30 reglas para el uso de sustancias químicas irritantes en la aplicación de la ley que Amnistía Internacional publicó esta semana.
En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas.
Asimismo, se deben iniciar investigaciones diligentes, independientes e imparciales sobre las violaciones de derechos humanos y crímenes de derecho internacional cometidos en el contexto del Paro Nacional, concretamente, en la ciudad de Cali y los casos presentados en el informe, tomando en cuenta todas las responsabilidades dentro de la línea de mando de la fuerza pública, así como en la participación de personas civiles armadas con su tolerancia. No debe prevalecer la impunidad ante estos graves delitos.
El 12 de julio Amnistía Internacional solicitó información sobre los tres casos documentados en el informe al Ministro de Defensa, al Director General de la Policía Nacional y al Fiscal General de la Nación, a fin de recibir sus comentarios en un plazo de diez días e incluirlos en el informe. El 23 de julio el Juez 158 de Instrucción Penal Militar envío su respuesta con información sobre investigaciones iniciadas bajo esa jurisdicción. Al 23 de julio, fecha de cierre del informe, no se ha recibido respuesta de las demás autoridades.
El 19 de julio el presidente Duque presentó públicamente “el proceso de transformación integral de la Policía Nacional” que, según indicó, tiene como sus pilares la priorización del enfoque de derechos humanos. A pesar de este anuncio, el 20 de julio Amnistía Internacional recibió reportes de agentes del ESMAD haciendo uso ilegal de la fuerza durante las protestas en Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín, resultando en varias personas manifestantes heridas.
“En Amnistía Internacional esperamos que el proceso de reforma policial, anunciado por el presidente Duque, no sea solo una promesa de papel, sino que incluya las reformas ordenadas por la Corte Suprema de Justicia en septiembre de 2020 y un cambio en el modus operandi represivo de la Policía Nacional frente a las manifestaciones pacíficas”, dijo Erika Guevara Rosas.
Si desean más información o concertar una entrevista, pónganse en contacto con Duncan Tucker: duncan.tucker@amnesty.org
Consultar informe completo acá
Anonimato. Factor dinamizador del genocidio impune
Los lectores de Noche y Niebla están encontrando cada vez más saturados los casos de autorías anónimas. El relato cada vez más estandarizado de cada hecho violento comienza ya por alguna de estas expresiones: “desconocidos atentaron… dispararon… irrumpieron… se llevaron a …”, o bien: “dos hombres armados, en moto, con capuchas, llegaron a … [actuaron] y se fueron sin dejar rastro”. Sólo ya muy rara vez los victimarios llevan brazaletes de las Águilas Negras, las AGC o Los Caparrapos, pero de todos modos la capucha y el arma apuntada protegen su identidad individual, y el terror sembrado impide cualquier seguimiento o reacción que no sea la huida o el silencio. Las fotos tomadas a prisa desde los celulares de nada sirven frente a las capuchas y a la ausencia o el cambio momentáneo de placas. Se puede afirmar que los caminos clásicos de la primera indagación están bloqueados por completo. Un “retrato hablado” del victimario llega a ser, pues, hoy día, una broma de mal gusto o una prueba manifiesta de la incompetencia del agente criminalístico.
El número 62 de la revista Noche y Niebla esta dedicada a la costa pacífica caucana. El artículo regional que la acompaña fue elaborado por Coordinación de Consejos Comunitarios y Organizaciones de Base del Pueblo Negro de la Costa Pacífica del Cauca – COCOCAUCA. El foco de la guerra en el Pacífico sigue siendo una nueva expresión de la diáspora reconfigurada que hasta el día de hoy amenaza la existencia del pueblo negro como grupo étnico.
Situación de los derechos humanos en Colombia Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 2020
En el presente informe, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evalúa
la situación de los derechos humanos en Colombia en 2020, con énfasis en la seguridad y los derechos
humanos, el espacio cívico, el acceso a la justicia y la lucha contra la impunidad y las desigualdades en el
disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo en el contexto de la pandemia del
COVID-19. Asimismo, evalúa la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en el
Acuerdo de Paz suscrito entre el Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia - Ejército del Pueblo. En el informe, la Alta Comisionada presenta recomendaciones para
contribuir a mejorar la situación de los derechos humanos en el país
Consultar informe completo dando click acá
La responsabilidad del "hombre de atrás" en ejecuciones extrajudiciales
Esta publicación fue construida por las organizaciones no gubernamentales Corporación Jurídica Yira Castro (CJYC), Corporación Jurídica Libertad (CJL), Humanidad Vigente Corporación Jurídica (HVCJ), y EQUITAS (Equipo Colombiano Interdisciplinario de Trabajo Forense y Asistencia psicosocial); organizaciones dedicadas al acompañamiento social, jurídico y psicosocial de víctimas de crímenes de Estado, para la protección, defensa, promoción y reivindicación de sus derechos.
Criminalización de la defensa de los derechos humanos en colombia: la judicialización a defensores/as de la tierra, el territorio, el medio ambiente y la paz
Colombia es uno de los países más peligrosos del mundo para las personas que defienden los derechos humanos. El aumento de los ataques y agresiones a la vida, integridad física y libertad contra defensores y defensoras es alarmante. Desde el año 2012, hasta la fecha, se ha registrado un promedio mensual de 33.5 amenazas a defensores/as, 3.5 atentados, 7 personas defensoras asesinadas y 3 judicializadas.
La criminalización a través del uso indebido del derecho penal forma parte del conjunto de ataques, agresiones y obstáculos que deben enfrentar las personas defensoras en Colombia y que a menudo, suele ser invisibilizada. Esta modalidad de agresión ha venido incrementándose en los últimos 8 años, tiempo que coincide con un aumento inédito de la protesta social en Colombia, dado que con el inicio del proceso de negociaciones de La Habana entre el gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, se generó un ambiente político en el país en el cual distintos sectores sociales posicionaron reivindicaciones que estaban bloqueadas por la primacía que tenía la guerra en la agenda pública del país. Tomando como referencia el año 2012, para el 15 de julio de 2019 ha habido un incremento de 244% de los casos en los cuales se ha hecho uso indebido del derecho penal para criminalizar la labor de defensa de derechos humanos.
El aprendiz del embrujo
En la vida de las personas se definen los cumpleaños como referencia del crecimiento y la perdurabilidad personal, y en la política como hitos que permiten revisar el estado de la vida republicana, cómo se mantienen las cosas o qué promesas de cambio se acrisolan en el abrirse o cerrarse un ciclo de los destinos colectivos. Y ese ritual íntimo o público acontece en medio de una felicidad, una crisis o un duelo, pero siempre como un recogimiento, un alto en el camino para mirarse y reconocerse.
En el caso de este libro, que se propone como una mirada al primer año del gobierno actual, la efemérides acontece en un extraño momento que combina sentimientos colombianas que como aquí puede verse, siguen pilando por el afrecho aun en medio de la desazón y la incertidumbre, el dolor y la indignación ante la terca imposición de la violencia y el cinismo por parte de los y ante todo pasiones al mismo tiempo tristes y alegres derivadas de la hondura de nuestra tragedia nacional, pero también de la entereza de las gentes colombianas que como aquí puede verse, siguen pilando por el afrecho aun en medio de la desazón y la incertidumbre, el dolor y la indignación ante la terca imposición de la violencia y el cinismo por parte de los poderes económicos y políticos, con una esperanza contenida y expectante que se levanta en plenas vísperas electorales.
Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia 2015: Continuidad y encubrimiento
Como parte de la serie de documentos temáticos producidos por el Observatorio de DDHH y DIH de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos presentamos el informe sobre ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Colombia durante el año 2015.
La notable reducción de acciones de confrontación armada, de muertes de civiles y combatientes cercano a una situación practica de cese de hostilidades y desescalamiento de la guerra, permitió aflorar nuevas realidades. El año 2015 ofreció una adecuada perspectiva para observar tanto las nuevas formas que ha venido adquiriendo la violencia socio política de origen estatal en el país, así como las nuevas modalidades de perpetración y encubrimiento de homicidios ilegítimos de civiles ocasionados por responsabilidad de agentes estatales.
Este informe recoge una muestra parcial de los casos presentados, pero pudo documentar al menos 65 casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales de responsabilidades de agentes estatales, de los cuales solo el 30% aparecen directamente vinculados a la situación de conflicto armado y el 70% se presentaron por fuera de ese contexto. 16 casos corresponden a victimas que fueron presentadas como «falsos positivos» y 39 a otras modalidades de ejecuciones sumarias, que de no ser adecuadamente controladas y sancionadas, podrían convertirse en practicas sistemáticas en la nueva etapa del pos conflicto.
Refrendación, construir la paz pasa por nuestras manos
La refrendación de los acuerdos supone grandes desafíos para la CCEEU en particular, y en general para el movimiento social y de derechos humanos en Colombia. La refrendación de los acuerdos le da legitimidad política y blindaje jurídico a lo acordado, a la vez, representa un gran pulso político con las fuerzas que se oponen al proceso de paz. A estos dos importantes puntos se le suman otros desafíos, como son: el desconocimiento de los acuerdos por parte de la población, la campaña de desinformación promovida desde algunos medios de comunicación y sectores políticos, y el hecho de que un amplio sector de la población no sienta que la firma de los acuerdos pueda beneficiarlos directamente.
Frente a este tema la CCEEU, se plantea unas estrategias que giran alrededor de tres ejes; pedagogía sobre el contenido de los acuerdos y los mecanismos de refrendación, articulación con otras campañas e iniciativas de apoyo al proceso de paz, y estrategias comunicativas y medios de comunicación.
En este sentido, con esta cartilla pedagógica sobre la REFRENDACIÓN de los acuerdos de PAZ, pretendemos aportar un granito de arena en apoyo a la campaña por el SI en favor de los mismos.
Dicha cartilla tiene dos lógicas que usted, su familia,comunidad, organización o plataforma podrán descubrir, reflexionar,dialogar y enriquecer.
La cartilla A se compone de dos documentos y esta escrita en forma de texto plano:
1) 5 preguntas en torno a la paz.
2) Algunas claves para la refrendación
Mientras la cartilla B tiene la misma información descrita en los textos, pero recreada desde la creatividad de artistas comprometidos de nuestro pueblo. Décima, Trova y Poesía recrean estas páginas con personajes cercanos a nuestras cotidianidades y que nos invitan a resignificarlas y ponerlas en dialogo desde el teatro, la declamación, la radio novela u otras expresiones que la imaginación permita.
El fuero penal militar frente al proceso de paz
Esta cartilla elaborada por el observatorio de DDHH y DIH de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, muestra las iniciativas de ampliación del fuero penal militar adelantadas por el ejecutivo en el marco del proceso de paz con las FARC. ¿Se busca mantener la impunidad de miembros de la fuerza publica?
«Falsos positivos» en Colombia y el papel de asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010
Las perspectivas para la superación del conflicto armado en Colombia ponen en escena el papel de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y las estrategias que condujeron a su victimización, con el propósito de deducir las responsabilidades de estos procesos y las medidas para que nunca más vuelvan a repetirse. Igualmente, el aumento de asistencia militar de Estados Unidos a muchos países del mundo pone de relieve la necesidad de evaluar los resultados en el respeto para los derechos humanos de tal asistencia.
La investigación “Falsos positivos” en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos 2000-2010, responde a inquietudes tales como: 1. Cuáles fueron los antecedentes de la práctica estatal de los falsos positivos, 2. Qué relación existió entre los casos documentados de falsos positivos y la entrega de asistencia militar a las unidades receptoras de dicha cooperación militar por parte de Estados Unidos, 3. Qué impacto tuvo el entrenamiento y formación de mandos militares por parte de los Estados Unidos en la dinámica extendida de las ejecuciones extrajudiciales, y 4. Qué evaluación, recomendaciones y orientaciones para el futuro de la ayuda militar se extraen de este análisis, tanto para el post-acuerdo y el proceso de paz en Colombia, así como para la prestación de asistencia militar a otros países.
“La gran fuerza de este informe son los hallazgos sobre los vínculos y la continuidad de los mandos militares en los casos de falsos positivos, lo que esperamos ayude en el futuro cercano a la justicia”. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, El Espectador, 21 de junio de 2014).
Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002 -2010 crímenes de lesa humanidad bajo el mandato de la seguridad democrática.
Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010: Crímenes de lesa humanidad bajo el mandato de la política de defensa y seguridad democrática
Ejecuciones extrajudiciales en Colombia 2002-2010: Crímenes de lesa humanidad bajo el mandato de la política de defensa y seguridad democrática
Entre 2002 y 2010 fueron ampliamente divulgados entre la opinión pública a nivel nacional e internacional varios miles de casos de falsas bajas de civiles reportados como si hubieran sido muertos en combate, y que en los medios y en la opinión pública fueron conocidos como “los falsos positivos”.
Estos no fueron hechos aislados ni accidentales o coincidencias sino casos masivos, que afectaron a más de 3.500 personas en ese período, cuya comisión ha sido reportada en 31 de los 32 departamentos del país, y en las que han estado involucradas la gran mayoría de las unidades de la Fuerza Pública, y especialmente del Ejército nacional. A pesar de que las bajas ficticias en combate se vienen presentando desde varios años antes, fue en el marco de la Política de Seguridad Democrática impulsada a partir del año 2002 cuando esta práctica adquirió una naturaleza masiva por su número de elevado de víctimas y generalizada en todas las regiones y departamentos del país.
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