“Defender sus derechos es defender tus derechos”

Comunicado a la opinión pública

El Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” -CCAJAR-, en relación a la información de prensa relativa a supuestos hechos revelados en el día de ayer, en el marco de una audiencia del procedimiento de “Justicia y Paz”, sobre la “Masacre de Mapiripán”, se permite poner en conocimiento de la opinión pública que:

1. En el marco de su labor de defensa de los derechos humanos, apoderó a nivel nacional e internacional a cinco grupos de personas que se identificaron como familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y desplazamiento forzado en los hechos ocurridos entre el 15 y 20 de julio de 1997, conocidos como la Masacre de Mapiripán. Entre las víctimas apoderadas se encuentra la señora Mariela Contreras y su familia, quien fue reconocida igualmente como víctima en las instancias nacionales, con posterioridad a que rindiera declaración ante la Fiscalía General de la Nación.
2. Nuestra actuación ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos, que culminó con sentencia contra el Estado de Colombia en septiembre de 2005, se basó en las declaraciones de las víctimas y las decisiones de tribunales nacionales a nivel penal, disciplinario y contencioso administrativo, que fueron tenidas en cuenta por el Estado de Colombia para reconocer el 4 de marzo de 2005, su responsabilidad internacional por la Masacre de Mapiripán en los siguientes términos:
   “[…] con fundamento en las decisiones proferidas por las autoridades jurisdiccionales y disciplinarias internas, y por los hechos ocurridos en el municipio de Mapiripán entre el 15 y 20 de julio de 1997, manifiesta pública y expresamente lo siguiente: 2. Reconoce su responsabilidad internacional por los artículos 4(1), 5(1) y 5(2) y, 7(1) y 7 (2)
3. En su decisión la Corte Interamericana, consideró que, “La metodología empleada en la ejecución de la masacre y la destrucción de los cuerpos de las víctimas, sumados al terror sembrado entre los habitantes sobrevivientes de Mapiripán para causar su desplazamiento, han obstaculizado la plena identificación de las víctimas de la masacre, a pesar del hecho que existe certeza sobre el elevado número de personas torturadas y asesinadas durante esos días de julio de 1997 (párr.96.47)”.
4. En virtud de esta parcial indeterminación, el Tribunal Interamericano estableció la obligación de identificar plenamente a las víctimas, extendiendo este deber a personas que se mencionaron como posibles víctimas, pero respecto de las cuales solo se conocían sus apodos. La Corte reiteró que resulta,
   “indispensable que para efectos, de las reparaciones, el Estado individualice e identifique las víctimas ejecutadas y desaparecidas, así como sus familiares (…) El Estado deberá completar dichas labores, así como cualquier otra que resulte necesaria, para lo cual deberá emplear todos los medios técnicos y científicos posibles, tomando en cuenta las normas pertinentes en la materia, tales como las establecidas en el Manual de Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Efectiva de Ejecuciones Extrajudiciales, Arbitrarias y Sumarias”. (párr.305)
5. En efecto, el número de víctimas mencionado en decisiones nacionales y establecido como número tentativo por el Tribunal Interamericano, se fundamenta en testimonios de una pluralidad de víctimas y en el reconocimiento que en su momento hiciese el cabecilla paramilitar Carlos Castaño Gil. Es necesario señalar que en el presente caso, el también paramilitar Gilberto Cuellar confesó su participación en los hechos y adujo que las personas asesinadas fueron más de veinte. El Juez de Mapiripán Leonardo Cortés, testigo de los hechos refirió ante instancias judiciales que fueron varias decenas las víctimas.
   De acuerdo con la sentencia de la Corte Interamericana, 96.49 Al respecto, la propia Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación manifestó que:
   […] una vez consumada la masacre de Mapiripán [fue] el mismo Carlos Castaño Gil quien ante los medios de comunicación y como “parte de victoria” indic[ó] que fueron 49 las personas dadas de baja en la incursión paramilitar en Mapiripán, lo que permite establecer en forma tentativa un número estimado de víctimas, afirmación que apoyada en la del doctor Leonardo Iván Cortés Novoa al destacar éste que fueron aproximadamente 26 las personas asesinadas y desaparecidas, y que sumados a los informes de inteligencia realizados por miembros de la fuerza pública que se encontraban desarrollando labores encubierta en la zona, señalan que fueron 30 aproximadamente, además de lo sostenido por el mismo confeso paramilitar José Pastor Gaitán Ávila que refiere haber contado 23 personas asesinadas. Lo expresado permite así advertir que las víctimas fueron en gran número, que no pudo ser menos de veinte. […]
6. Con fundamento en la decisión internacional y el Mecanismo Oficial de Seguimiento MOS, establecido por la propia sentencia, el CCAJAR ha insistido en la identificación plena de las víctimas, obligación y atribución que corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación, que no ha sido satisfecha plenamente, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
7. El CCAJAR recuerda que en casos de graves violaciones de derechos humanos la obligación de investigar corresponde al Estado y no a las víctimas ni a sus representantes legales.
8. Los abogados y abogadas del CCAJAR, siempre hemos actuado de entera buena fe, y creemos y seguiremos creyendo en la buena fe de las víctimas. En consecuencia, para el presente caso, asumimos la representación judicial de aquellas personas que se declararon como afectadas por la Masacre de Mapiripán, rindieron voluntariamente sus declaraciones ante notario público, y dadas las circunstancias en que se enmarcaron los hechos, resultaron consistentes con lo establecido judicialmente y las diferentes narrativas acerca de lo ocurrido.
9. Si algún o algunos demandantes, solicitaron su reconocimiento como víctimas sin serlo, ello debe ser establecido por la autoridad judicial correspondiente, la cual determinará la respectiva responsabilidad penal. El CCAJAR se pone a total disposición de las autoridades judiciales para el esclarecimiento de estos hechos, respecto de los cuales ha tenido reciente conocimiento por los medios de comunicación.
10. Los hechos conocidos como la “Masacre de Mapiripán”, constituyen una grave violación a los derechos humanos, por su naturaleza, actores implicados, la sevicia con que se cometió y el terror que generó, no solo en Mapiripán, sino en el país entero. El CCAJAR insiste en la obligación estatal de esclarecer plenamente estos hechos, establecer todas las responsabilidades penales a que haya lugar, identificar plenamente a la totalidad de víctimas y repararlas adecuadamente.

Bogotá D.C, octubre 26 de 2011

¿A qué más acudirá el Estado Colombiano, con la intención de seguir evadiendo su responsabilidad en violaciones a los derechos humanos en Colombia?

La Corporación Yira Castro repudia y rechaza estas acciones mal intencionadas y absurdas para desconocer un ejercicio legítimo de defensa por la vida, por la integridad personal y en general por la dignidad humana

2-Hacer un “lavado de imagen” tanto nacional pero sobretodo internacional, para continuar ofreciendo y vendiendo nuestro país al mejor postor; sin ningún tipo de límites o restricciones, para que acaben con nuestros recursos y por tanto, con el pueblo colombiano.

3-Crear un “hecho”, no de derecho, que repercuta en la opinión pública, con la ayuda de los medios de comunicación, para que se ponga en entredicho el papel relevante e importante que cumple el movimiento de derechos humanos, social y popular, en la defensa de los derechos humanos, con repercusiones internacionales, que han afectado al Estado colombiano, y por ende a instancias y “personalidades” diversas, que buscan excusas para desprestigiar, señalar y estigmatizar dicha postura ética y política, poniendo en riesgo a defensora/es, líderes/as, víctimas, sectores sociales, en fin, como ya lo hemos visto.

Nos preocupan enormemente las demás acciones de hecho, de derecho y políticas que se puedan gestar alrededor de una peligrosa excusa como la que maquinaron alrededor de un hecho real de barbarie y que ahora se pretende desconocer con lo que gira alrededor de este “escándalo mediático”, como lo es la masacre de Mapiripán. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Con qué otras intenciones o motivaciones se da tal esperpento? ¿Qué pasará entonces con los demás crímenes de lesa humanidad que se han perpetrado y se siguen perpetrando en Colombia? ¿Qué pasará con la responsabilidad del Estado en estos hechos? ¿Con las víctimas? ¿Con la nación?

NOS SOLIDARIZAMOS CON LAS VÍCTIMAS DE ESTE PAÍS Y ENTRE ELLAS CON LOS COMPAÑERO/AS DEL COLECTIVO DE ABOGADOS JOSÉ ALVEAR RESTREPO, PARA QUIENES VA TODO NUESTRO APOYO, RESPALDO Y RESPETO POR SU PERSISTENCIA Y VALENTÍA EN ESTA APUESTA POR LA VIDA Y LA DIGNIDAD HUMANA DE LOS Y LAS COLOMBIANAS.

"El que no conoce la verdad es simplemente un ignorante. Pero el que la conoce y la llama mentira, ¡ese es un criminal!..." Bertolt Brecht

Es deber del Estado esclarecer los hechos

 La Corporación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Reiniciar, manifiesta públicamente su solidaridad con el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización no gubernamental con más de 30 años de trabajo en pro de los derechos humanos, las garantías ciudadanas y la exigibilidad de los derechos de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante décadas en el país.

El Colectivo ha contribuido además a la formación de defensores y defensoras de derechos humanos en las más apartadas regiones del país y ha propiciado la organización de las comunidades y de las víctimas de las zonas más afectadas por el conflicto interno armado en torno a la defensa de los derechos humanos y los derechos de las víctimas.

Por eso, ante las graves imputaciones formuladas, en el marco del caso de la masacre de Mapiripán y las irresponsables manifestaciones públicas en su contra efectuadas por el Presidente de la República, varios de sus Ministros, así como por el Procurador General de la Nación:

1. Reiteramos que las labores del Colectivo en relación con la masacre de Mapiripán y con otros casos en curso ante los organismos y tribunales internacionales de derechos humanos hacen parte del legítimo derecho a defender los derechos humanos y a hacer exigibles los derechos de las víctimas.

2. Recordamos que es deber del Estado colombiano a través de las autoridades competentes y en especial de los órganos de justicia, esclarecer los hechos, precisar las circunstancias y someter a la justicia a los responsables de los mismos. En el caso de las víctimas de desaparición forzada, el Estado tiene, además, la obligación de individualizarlas, buscarlas, hallarlas (vivas o muertas) e identificarlas plenamente.

3. Reclamamos plenas garantías para el ejercicio de la defensa de los derechos humanos en el país, exigiendo en especial que cese la estigmatización y el señalamiento público proferido contra el Colectivo de Abogados, por parte de servidores públicos quienes están obligados a respetar el buen nombre, el debido proceso y la presunción de inocencia de toda la ciudadanía y en especial de los y las defensoras de derechos humanos. En el caso de las autoridades judiciales y de los órganos de control, reiteramos que las obligaciones constitucionales y legales les demandan independencia e imparcialidad. Tales garantías se invocan de manera irrestricta ante las investigaciones penales, disciplinarias y fiscales anunciadas por las autoridades del Estado referidas al caso de Mapiripán.

4. Exigimos resultados judiciales concretos en materia de esclarecimiento y determinación de responsabilidades materiales e intelectuales por la sistemática persecución criminal emprendida contra el Colectivo de Abogados, expresada en hechos como las declaraciones amenazantes del entonces Presidente Uribe Vélez, panfletos y las interceptaciones e interferencias ilegales encomendadas al DAS.

5. Reiteramos la importancia de las medidas y acciones del Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos para la vigencia de la democracia y de los derechos humanos en Colombia. Y alerta la utilización que hacen, como en la referida masacre de Mapiripán, sean aprovechadas para contribuir al debilitamiento del papel, que a favor de las víctimas, cumple la CIDH; y que se restrinjan el papel de las víctimas y sus representantes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Se intenta desprestigiar a las organizaciones Defensoras de Derechos Humanos

Se ha provocado un “Escandalo”, por las declaraciones de una “familiar sobreviviente” de la masacre de Mapiripán, realizada por grupos paramilitares entre el 15 y 20 de julio de 1997, que ahora señala que ella no era victima

Este hecho, sin duda es muy grave, por que con ello se intenta desprestigiar a las organizaciones Defensoras de Derechos Humanos; por la labor de visibilizar, denunciar y exigir para las victimas, el resarcimiento de los derechos de las victimas de violaciones a los Derechos Humanos .

Este método no es nuevo; en el pasado se usó, por parte del Gobierno de los Estados Unidos USA, para desprestigiar el trabajo de organizaciones como el CINEP, Colectivo de Abogados, CPDH, CSPP, Justicia y Paz, al desvirtuar la información de las bases de datos sobre violaciones a los Derechos Humanos en Colombia; la misma estrategia fue usada por el tenebroso grupo G-3 del DAS, que encontraba dentro de sus metodologías “ La Guerra Silenciosa“ o jurídica para desacreditar a las organizaciones de Derechos Humanos.

En este caso en concreto, la labor de las organizaciones Defensores de Derechos Humanos, no es certificar la condición de victimas, para ello están las autoridades judiciales colombianas, quienes realizan los respectivos peritajes técnicos para acreditar tal condición.

Lo que se busca ahora es bajar o desviar el impacto de graves agresiones a los derechos humanos que se han presentado en el largo conflicto armado colombiano. Lo grave no es la masacre y todo lo que ello implica, se trata de una ofensiva perversa que ahora quiere hacerle creer a la Comunidad Internacional y Nacional, que en Colombia no han ocurrido estos hechos, si no que son invenciones o artimañas de las ONG de Derechos Humanos.

Lo cierto, es que Colombia sigue sumergida en un conflicto armado, y en el se han cometido graves violaciones de los Derechos Humanos, en el que han estado implicados grupos paramilitares, guerrillas, militares y en algunos casos Dirigentes Políticos y Autoridades Civiles. Sobre estos hechos, en algunos casos ha operado la Justicia Nacional, en otros los Tribunales Internacionales y varios se encuentran en la impunidad.

La Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS, RECHAZA este tipo de estrategias de desprestigio a la labor de las organizaciones Defensoras de Derechos Humanos, para impedir que en el futuro se siga adelantando la labor de denuncia y judicialización de cientos de casos.

Expresamos toda nuestra solidaridad al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que ahora es victima de un nuevo ataque desde el Gobierno Nacional.

Bogotá D.C. 27 de Octubre de 2011.

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

Solidaridad con el CCajar y las víctimas de Crímenes de Estado.

  La Corporación Yurupari, organismo no gubernamental de derechos humanos multiétnico y pluricultural, manifiesta su solidaridad y apoyo al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo; ante los anuncios de La Fiscal General, Viviane Morales, sobre la apertura de una investigación para establecer responsabilidades en un caso de "falsas víctimas" de la matanza de Mapiripán, perpetrada por paramilitares en 1997, y admitió que en ese caso fue menor el número de fallecidos

Es de recordar que por esa masacre la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado colombiano en 2005 y ordenó indemnizar a las familias de las víctimas.

La corporación Yurupari, tiene una serie de preocupaciones que llaman la atención sobre un estado creciente y sistemático de violaciones a los derechos humanos en el país.

1. Vemos un estado de cosas inconstitucionales que ocurren en el país frente al tema de los derechos humanos y la impunidad, que habita en Colombia durante muchos años, en el cual muchas y muchos defensores de derechos humanos han sido víctimas de innumerables hechos como son: desapariciones, señalamientos, asesinatos, destierro, persecuciones, detenciones, amenazas, investigaciones judiciales, montajes, chuzadas desde los organismos de inteligencia, descredito a la labor como defensores y acusaciones desde el más alto cargo público, es decir: que las y los defensores son el arma jurídica de la Guerrilla Colombiana.

2. Somos consientes del avance teórico en materia de nuevas leyes que buscan salvaguardar los derechos de las victimas con el logro de este gobierno con la aprobada Ley 1448 la cual buscara reparar a las víctimas del conflicto y restituir las tierras a los desplazados. Sin embargo, la Corporación cree que el gobierno va contrariando esta iniciativa al seguir impulsando Leyes que protegen a los victimarios (grupos paramilitares), la reforma a la justicia, e impulso al Fuero Penal Militar. Los derechos de las víctimas son desdibujados, son muchos los casos donde las victimas acuden a la justicia para denunciar los hechos violatorios ocurridos contra sus derechos y terminan siendo las victimas investigados por la justicia y se les incrimina como si fueran ellos mismos como sus propios victimarios y se pone en entredicho la veracidad de los hechos o como si todo fuera un invento de las víctimas.

3. Pensando en las Chuzadas y en los operativos del Das contra las y los organismos de derechos humanos y entre ellos los miembros del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, no vemos una fiscalía comprometida en entregar resultados eficaces contra esta andanada criminal contra los defensores de derechos humanos y las investigaciones se han quedado en unas cuantas personalidades como si los miembros de los organismos de derechos humanos realmente fueran criminales. Esto nos hace dudar que este nuevo proceso que se inicia contra el mundo de los defensores, defensoras abogados, de las victimas haga parte de ese mundo de descredito contra el buen nombre de nuestras instituciones.

Rastreando entre nuestros documentos queremos citar del escrito del Padre Javier Giraldo (Algunos rasgos de la crisis ética, jurídica y política del país) presentado en Medellín en la Universidad de Antioquia el día 13 de mayo del 2011. El genio de Rousseau, rebelde y alternativo, tuvo el merito de señalarnos las debilidades e insuficiencias de las ciencias; de las teorías; de los ejercicios cognitivos de la razón. Para él, las ciencias todas se originaron en los vicios humanos, mientras que las virtudes tomaron como base el sentimiento de conmiseración o solidaridad de especie, que fue capaz de construir o diseñar sistemas sociales más atractivos y justos. Según Rousseau, un filósofo o un científico puede ver descuartizar a un ser humano bajo su ventana, y le basta frotarse los ojos mientras concibe un argumento legitimador de su inacción para seguir durmiendo con tranquilidad; en cambio el hombre virtuoso se entregaría de inmediato, y seguro de manera emotiva e imprudente, a la acción solidaria, arrastrado por sentimientos impulsivos muy similares a los animales, que demuestran mas solidaridad que los humanos.

4. Nuestro principio de la solidaridad es la que mueve nuestra labor como defensores, y es ella la que abre nuestras oficinas a la atención a innumerables victimas, las cuales llegan con sus dolores y con el deseo de ser escuchadas. Después de haber llegado de los órganos de control del Estado sin ninguna respuesta a sus quejas. Nuestra fe hace que esa atención tenga acogida y una respuesta rápida y oportuna. Nuestra labor es humana y no busca la utilización de las victimas como lo pudiera plantear la frase de Maquiavelo el fin justifica los medios, los defensores no somos corruptos y no utilizamos a las víctimas para volvernos ricos.

5. Nuestra labor como defensoras y defensores está reconocida por el Sistema Universal de Derechos humanos y por el Sistema Americano. Nuestra labor es legal y no ilegal como pretenden menoscabar nuestro derecho funcionarios del Estado y los medios de Comunicación.

6. Trabajamos en el marco constitucional, promoviendo la educación, la defensa, la asesoría a las víctimas, el respeto a los derechos humanos.

7. Luchamos por la paz y los derechos humanos y sin lugar a dudas exigiendo la verdad, la justicia y el castigo frente a innumerables crímenes de lesa humanidad, pues creemos que un Estado que se fundamente en la guerra y en la muerte a los que piensan diferente a los modelos vigentes inconsultos de desarrollo.

8. Hoy le exigimos a la fiscalía y a los órganos de control del Estado Colombiano, respuestas claras frente los más de 2000 indígenas asesinados y cuya información es conocida por la Fiscalía. El Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Christian Salazar, durante un seminario sobre desaparición forzada celebrado en Bogotá, Salazar aclaró que estos datos están tomados de Organizaciones No Gubernamentales (ONG). Según el funcionario de la ONU, "la Fiscalía General de la Nación conocería, hasta la fecha, probablemente más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas". Y en referencia a las más de 16.600 desapariciones forzadas, explicó que éstas fueron supuestamente "cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboraban con ellos". Entre estas víctimas, añadió, "hay más de 3.000 mujeres y más de 3.000 personas menores de 20 años". Para Salazar, la desaparición forzada "es una de las violaciones de los derechos humanos más graves", y Colombia, subrayó, "es uno de los países en América Latina y en el mundo con más desaparecidos". Según el representante de la ONU, "décadas de conflicto armado interno y de persecución estatal" han dejado "miles y miles de desaparecidos y con ello un sufrimiento prolongado de sus familias" y agregó que si cada familia de un desaparecido está compuesta de un promedio de cuatro personas, "se puede estimar que en Colombia hay más de 100.000 víctimas de la desaparición forzada". Dónde están quedando las investigaciones de más 2.828 cadáveres que han sido encontrados en 2.316 fosas comunes en el marco de Justicia y Paz.

9. Las diversas organizaciones de derechos humanos y de victimas que hacen parte del MOVICE han podido recopilar la ocurrencia de 314 actos de re victimización contra los miembros de la organización hasta el 6 de agosto del 2011. De estas 314 agresiones, 85 ocurrieron durante el primer año del mandato del Presidente Santos.

Exigimos al Estado

1. Que a las personas u organizaciones de dd.hh, incriminadas en expedientes de inteligencia militar se les garantice el ejercicio efectivo de su derecho constitucional a obtener la rectificación, aclaración o nulidad de las informaciones.

2. A garantizar el debido proceso. Además de la igualdad ante la ley, el derecho sin discriminación a igual protección de la ley y el derecho a la presunción de inocencia hasta tanto se establezca la culpabilidad.

3. Al Estado y al Gobierno incumbe la responsabilidad de ciertas actuaciones u omisiones de algunas instituciones, medios de comunicación y autoridades que han podido contribuir al desarrollo de un ambiente de desconfianza, estigmatización y rechazo de las actividades de los defensores y sus organizaciones; principalmente como resultado de la publicación de opiniones adversas, de señalamientos y acusaciones infundadas en contra de organizaciones y personas de las organizaciones de derechos humanos.

Por último a los organismos internacionales de derechos humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, ser veedores de las actuaciones judiciales que se prevén en lo anunciado por la Fiscalía General de la Nación frente al caso Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.

Bogotá 28 de octubre de 2011

“Defender sus derechos es defender tus derechos”

La Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos en Colombia manifiesta su respaldo a la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CCAJAR, por su destacada labor en defensa de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales a lo largo de más de 30 años, y se honra de contar con esta organización dentro de sus adherentes e impulsoras.

La opción del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo y del conjunto de las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Colombia ha sido estar del lado de las víctimas y defender sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral como contribución a la superación del conflicto armado interno y la consolidación de la democracia en el país.

Desde su fundación han sido muchos los casos que el Colectivo ha impulsado mediante acciones de naturaleza jurídica y política a nivel nacional e internacional, dentro de los que cabe destacar el proceso que se adelanta por el crimen de Jaime Garzón, los hechos del Palacio de Justicia, la masacre de los Jóvenes de Barrancabermeja en mayo de 1998 y La Masacre de Mapiripán, esta última, una de las emblemáticas de los horrores vividos por la población civil como resultado de la violencia sociopolítica en Colombia. Con su trabajo, el Colectivo ha hecho una enorme contribución a la sociedad permitiéndole esclarecer las dramáticas realidades que debe transformar.

Los juicios a priori por parte de altos funcionarios del gobierno, incluyendo al Presidente de la República, violan el derecho fundamental de presunción de inocencia y ponen en tela de juicio la buena fe con la que actúan defensoras y defensores, generando un clima hostil, de deslegitimación y amenaza para su labor.

Solicitamos a las instituciones del Estado colombiano esclarecer la verdad de los hechos que dieron origen a la sentencia de la CIDH en el caso de la masacre de Mapiripán, en cuanto al número y la identidad de todas las vícitmas. También asumir su responsabilidad en los errores procesales del caso e impartir justicia respetando el debido proceso.

Destacamos la importante labor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de la Masacre de Mapiripán y otras sentencias en las cuales las instituciones colombianas no han garantizado la justicia para muchas víctimas de crímenes de Estado en Colombia.

Invitamos a la Comunidad Internacional, a los organismos internacionales de Derechos Humanos, a los diversos mecanismos del sistema de Naciones Unidas en el país, asi como al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a mantener su respaldo y reconocimiento a la labor de las organizaciones defensoras de derechos humanos y en particular al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, e instar a las autoridades colombianas a respetar y garantizar las condiciones para que las y los defensores continúen adelante con su encomiable labor.

Porque “Defender sus derechos es defender tus derechos”, la Campaña Nacional e Internacional por el Derecho a Defender los Derechos Humanos [1] prepara la realización de una Misión Internacional de Verificación sobre la situación de la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia, durante la cual, cerca de 40 representantes de organizaciones de la sociedad civil y varios integrantes de cuerpos legislativos recogerán información de primera mano sobre los riesgos y las agresiones que enfrentan las y los defensores en Colombia.

Notas

[1] De la cual hacen parte más de 292 redes internacionales y organizaciones no gubernamentales de 25 países de Europa, Estados Unidos, Australia y América Latina.