"QUE EL MIEDO NO JUSTIFIQUE EL OLVIDO"
“Es la amnesia la que hace que la historia se repita como pesadilla”.
Eduardo Galeano .
“Que el miedo no justifique el olvido”, esta fue la consigna que convocó a miles de personas a participar el pasado 18 de enero de 2012, en la conmemoración de 23 años de la masacre perpetrada el 18 de enero de 1989 en la vereda “La Rochela” del Municipio de Simacota -Santander- Colombia- por miembros del grupo paramilitar “los masetos” con la aquiescencia o mejor aún, en asocio con agentes del Estado Colombiano, en la cual ejecutaron a 12 funcionarios de la administración de justicia[1] y produjeron lesiones contra la integridad personal de 3 más[2], que integraban una comisión judicial cuyo propósito era investigar graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la zona, particularmente esclarecer responsabilidad de civiles y militares en la desaparición forzada de 19 comerciantes en el Municipio de Cimitarra.
Por este crimen, el Estado Colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 11 de mayo de 2007[3] y ordenó medidas de reparación tales como la investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de aquellos hechos ,“la adecuación de los programas de protección de víctimas, testigos y funcionarios judiciales, prestar atención médica y psicológica a los familiares de las víctimas, la ubicación de una placa conmemorativa en el Palacio de San Gil y en el complejo judicial de Paloquemao y la publicación de un documento sobre la Masacre de La Rochela”[4] , sin embargo; 23 años después continúa la impunidad y no se ha dado una reparación satisfactoria, integral a las víctimas que libran una lucha permanente en búsqueda de la verdad.
Contrario a lo ordenado por la citada providencia, la “justicia Colombiana” no ha sido lo suficientemente diligente en la investigación de los hechos, no ha representado a las víctimas en la lucha contra la impunidad, pues a la fecha sólo ha sido procesado Alonso de Jesús Baquero[5], alias el ‘Negro Vladimir’, paramilitar desmovilizado que confesó su participación en el crimen y aunque declaró sobre la participación de diferentes narcotraficantes, militares y políticos[6] algunos apenas llamados a indagatoria en 2009, aún no se ha esclarecido la responsabilidad de éstos, por lo tanto ninguno ha sido sancionado y peor aún, las familias continúan con la incertidumbre respecto a lo que realmente ocurrió, no han satisfecho sus derechos a la verdad y la reparación.
De otro lado, pese a que en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ordenó la protección de los familiares de las víctimas en este caso, el Estado Colombiano no ha dado efectivo cumplimiento a la sentencia de modo que, a más de dos decenios de ocurrencia de la masacre y más de uno de la precitada condena, algunos familiares de las víctimas que han perseverado en la búsqueda de la verdad y han librado una ardua batalla en pro de la justicia, han sido objeto de amenazas y persecuciones, siendo así re-victimizados tanto por los perpetradores de la masacre como del mismo Estado.
Es tal la ineficacia del Estado en el acompañamiento y protección a las víctimas que por medio de tutela, tres de estas familias lograron que en diciembre de 2011 la Corte Constitucional ordenara a la Fiscalía General de la Nación la especial protección de las víctimas, ordenó a los Ministerios de relaciones exteriores y del interior hacer un seguimiento especial al caso y a la vicepresidencia procurar el cumplimiento efectivo de la decisión de la CIDH, sin embargo; para el día de la conmemoración de la masacre de la Rochela las víctimas no habían sido objeto de protección.
¿POR QUÉ CONMEMORAR LA MASACRE DE LA ROCHELA?
La conmemoración de esta masacre se hace a propósito de la entrada en vigencia de la Ley 1448 de 2011[7], una Ley que a sentir de muchos defensores de Derechos Humanos[8] ha sido creada con desconocimiento de las propuestas de las víctimas, que promueve la impunidad[9], que resulta contraria a los derechos de las víctimas de desplazamiento[10] ,es decir que se trata de otra “nueva solución” legal, así como lo fue la “Ley de Justicia y paz”, que en boca de políticos promete reparación, verdad y justicia pero a la luz de la realidad, no es más que un nuevo texto normativo que no solo carece de soluciones reales sino que perpetúa el desamparo a las víctimas del conflicto en Colombia.
En este contexto, la Masacre de la Rochela se constituye en un hecho emblemático con particular relevancia que posee características que destacan la pertinencia de un acto conmemorativo y no es precisamente por la nostalgia que despierta la remembranza de los horrores ocurridos, sino por la importancia que esa memoria tiene en el presente y para el futuro. Entre otras, vale la pena aludir a tres razones particulares que sirvieron de argumento a centenares de personas para movilizarse en torno a los hechos y las víctimas de la “ROCHELA”.
En primer lugar, se trató de una grave violación de derechos humanos que se perpetro en un contexto socio–político en el cuál los grupos paramilitares actuaban en un escenario jurídico, no solo tolerante a dichas fuerzas emergentes sino abiertamente permisivas y complacientes pues dichas organizaciones actuaban de manera mancomunada con la fuerza pública[11]. Se trata de un caso que permite mostrar a la luz, la forma en que los grupos de autodefensas han operado con relación a los agentes del Estado en el territorio Colombiano.
En segundo lugar porque fue un acto de violencia en contra de funcionarios del poder público con el fin de impedir que su labor esclareciera la responsabilidad de otros agentes de este mismo Estado[12] con relación a diferentes violaciones de derechos humanos – Estado vs Estado-; este caso en particular muestra la violación de derechos humanos por parte del Estado que va mas allá de atacar a la población civil, que se extiende en contra de sus propias instituciones.
Finalmente se trata de un caso en el que a pesar de haber transcurrido más de dos décadas, goza de plena impunidad, las víctimas no han sido efectivamente reparadas en términos de verdad y justicia y peor aún, han sido re-victimizadas por las mismas fuerzas que cometieron los hechos que las persiguen y amenazan, en parte a causa de la misma indiferencia del Estado que les ha negado su derecho a la justicia y a la verdad.
La conmemoración de la masacre de la Rochela tiene una significación mas allá de acompañar a sus víctimas, es un llamado que se hacen entre organizaciones de víctimas y de estas al resto de la sociedad civil a acompañar los procesos de reconstrucción de la memoria histórica , que no se olvide los hechos, que se recuerden los contextos, que se evalúe la acción del Estado al momento de esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y sanciones, es un llamado a exigir respuestas y soluciones reales al Estado; es un llamado a la memoria, a impedir la repetición de los hechos, a resistir contra la violencia, a no olvidar para no repetir; pero también es un llamado para la construcción de una sociedad solidaria, resistente e igualitaria.
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Escrito para el documental amarillo por
-NJC-
[1]
Mariela Morales Caro, Pablo Antonio Beltrán Palomino, Virgilio Hernández
Serrano, Carlos Fernando Castillo Zapata, Luis Orlando Hernández Muñoz, Yul
Germán Monroy Ramírez, Gabriel Enrique Vesga Fonseca, Benhur Iván Guasca
Castro, Orlando Morales Cárdenas, César
Augusto Morales Cepeda, Arnulfo Mejía Duarte y Samuel Vargas Páez.
[2]
Arturo Salgado Garzón, Wilson Humberto Mantilla Castilla y Manuel Libardo Díaz
Navas
[3] Corte
Interamericana de Derechos Humanos, caso de la masacre de la Rochela vs Colombia. http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_163_esp.pdf
[4]
PRENSA-COLECTIVO. Masacre de La Rochela, En: http://www.colectivodeabogados.org/Masacre-de-la-Rochela (11
de mayo de 2009)
[5] Ver
Paramilitarismo De Estado En Colombia http://www.arlac.be/paramilitarismo/html/pdf/deuda07.pdf
[6] El narcotraficante Henry de Jesús Pérez, la Asociación de
Ganaderos del Magdalena Medio (Acdegam), Ernesto Báez y Generales en retiro Farouk Yanine Díaz (fallecido),Juan
Salcedo Lora, Carlos Julio Gil Colorado (fallecido) y Alfonso Vacca Perilla, incluso
el ex senador Tiberio
Villareal Ramos.
[7] Ley
de víctimas y restitución de tierras
[8] Entre
otros Corporación Jurídica Libertad, MOVICE, Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
[9] Declaración Pública Comité de Impulso Ampliado del Movice Nacional
[10]
COMISIÓN COLOMBIANA DE JURISTAS. Los derechos de las víctimas del
desplazamiento forzado a la verdad, la justicia y la reparación en el marco del
proceso de seguimiento al cumplimiento de las órdenes de la sentencia T-025 de
2004 http://www.coljuristas.org/documentos/actuaciones_judiciales/seg_t-025_2012-01-26.pdf
[11] El
Decreto 3398 de 1965 y la Ley 48 de 1968, vigentes
para entonces, que permitieron la
dotación de civiles con armas de uso
privativo de las fuerzas militares estimulando la creación de grupos de autodefensa.
[12]
Políticos y miembros de la fuerza pública
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