El propósito de este artículo es hacer una reflexión en torno a la inveterada conducta del establecimiento y del Estado colombiano de negar su responsabilidad en la comisión de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, aún ante la evidencia de sentencias de jueces y tribunales tanto internos como internacionales, los que en múltiples ocasiones han declarado dicha responsabilidad. Para ello, utilizan estrategias políticas y dispositivos comunicativos en aras de construir relatos y narrativas que niegan o tergiversan la verdad y denigran a las víctimas hasta ponerlas en el lugar que debían ocupar precisamente los criminales que han cometido los peores delitos contra el pueblo colombiano.
En un país que ha sufrido un conflicto armado de larga duración, la lucha por la verdad y la memoria es convertida por los victimarios y sus beneficiarios políticos en un campo de disputa. La cuestión es contar una interpretación intencionada de hechos y acontecimientos como si fuera la verdad real de lo sucedido e imponer con la difusión masiva de mensajes a través de los medios hegemónicos de información, hasta volverla su verdad, generando un escenario en donde las víctimas además de la revictimización, resultan señaladas como culpables de su propia situación, en una suerte de inversión sobre la responsabilidad de los hechos donde no solo la agresión la propició la misma víctima, sino que además, eso que les pasó lo tenían merecido por estar en un espacio tiempo equivocado, o porque así tenía que pasar como designio de expiación para preservar los valores del proyecto de sociedad que se impone. El tema entonces es la disputa por la verdad y la memoria, si la verdad no se conoce, la memoria sobre los hechos victimizantes y sobre las víctimas, su situación y la identidad de los victimarios, simplemente no se conocerá y lo que se llegue a la posteridad será la voz y la versión de los victimarios, mientras que las víctimas, su dolor y sus luchas serán silenciadas y borradas de la historia. Todo un memoricidio que habita como demonio en Colombia, en sus instituciones y en las intencionalidades políticas del poder y de los victimarios.
Y a propósito del demonio del negacionismo que habita en Colombia y que lleva al memoricidio, cabe recordar la teoría de los dos demonios que surge en Argentina después de la dictadura militar ocurrida entre los años 1976 a 1983. Su autor es Daniel Feierstein, sociólogo e investigador argentino y especialista en el estudio de las prácticas sociales genocidas. Su génesis se puede decir, se articula al movimiento de los derechos humanos. Sostiene el autor que: “ La violencia estatal no es equiparable a la violencia civil, en tanto es el Estado quien debe proteger a la población y quien maneja tanto el aparato punitivo como los tribunales encargados de brindar justicia[1]”. De este modo contribuyó significativamente a la generación de ciertas condiciones que posibilitaron llevar a juicio a los principales responsables de crímenes de lesa humanidad que hacían parte del ala militar.
Sin embargo, el concepto de los «dos demonios» no se centra en los dos actores involucrados, sino en la dualidad que subyace en el discurso y en las estructuras sociales, políticas y académicas, que ordenan y legitiman esta distorsionada percepción de la violencia. Lo que ocurre con la simplificación de una falacia es que se reducen los argumentos y se presenta una versión distorsionada de la realidad, buscando dar la impresión de que todo está ordenado de manera lógica y clara. En el contexto actual, algunos discursos, especialmente desde la derecha, intentan equiparar a las víctimas, validando sólo a aquellas que les son convenientes. De este modo, se busca reorientar la carga afectiva. Esto puede generar simpatía, pero a su vez, pone a las víctimas de crímenes de Estado en una posición sospechosa, invirtiendo la carga de culpabilidad y habilitando la estrategia negacionista. Al simplificar la narrativa y omitir elementos esenciales del contexto histórico, se favorece una visión que distorsiona los hechos, debilita la lucha por la memoria y la justicia, y da cabida al negacionismo para minimizar las responsabilidades del Estado en las graves violaciones a los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos tanto en el contexto del conflicto armado como fuera del mismo.
En nuestra historia, como en la de muchos otros países en contextos de violencia política, conflicto armado y represión estatal, representantes de las ciencias, especialmente en campos como la medicina, la psicología y la sociología, han sido utilizados o han colaborado con el Estado en la justificación o encubrimiento de violaciones a los derechos humanos. Un ejemplo de ello fue el caso del militante del Partido Comunista Colombiano – Marxista-Leninista (PCC-ML), Luis Fernando Lalinde, quien el 3 de octubre de 1984, mientras se encontraba en la vereda Verdum, municipio de Jardín – Antioquia – con el propósito de realizar una misión humanitaria, fue capturado, torturado y asesinado por integrantes del Batallón de Infantería No. 22 Ayacucho, figurando en los informes militares como NN «Jacinto».
La exhumación de su cuerpo óseo y el proceso de identificación son emblemáticos. El 21 de noviembre de 1984 se practicó una diligencia de exhumación por el Juez 121 de Instrucción Penal Militar, pero no se logró su identificación por lo que se volvió a inhumar. En 1992, su madre, la señora Fabiola Lalinde (q.p.d) y su hija participaron en una nueva exhumación de NN Jacinto en la vereda Ventanas, entre los municipios de Riosucio y Jardín. El dictamen antropológico efectuado por la Fiscalía el 7 de octubre de 1992 con la asesoría del Laboratorio de Antropología Física de la Universidad Nacional, solicitó prueba genética con el fin de obtener certeza en el dictamen. El 27 de abril de 1993 el genetista Emilio Yunis T, dio respuesta a la solicitud de la División Criminalística y la conclusión fue clara: los alelos presentes en el ADN de la señora Lalinde no coincidían con los del ADN obtenido, conclusión que resultaba «incuestionable» e «irrefutable», lo que significaba que los resultados del análisis eran definitivos y no podían modificarse.
Aprovechando la presencia del Dr. Clyde Collins Snow en el Seminario Internacional de Ciencias Forenses organizado por la Universidad Nacional de Colombia, se solicitó a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos autorización para el respectivo análisis óseo. El Dr. Snow afirmó que, «los restos esqueléticos parecen ser altamente consistentes con la descripción del presunto occiso, Luis Fernando Lalinde Lalinde» (C. Snow; Zagreb, Croatia, october 18, 1993). Dadas las inconsistencias, se solicitó una segunda prueba en un laboratorio independiente en la Universidad de Berkeley, bajo la dirección de la Dra. Mary Claire King, cuyas muestras fueron remitidas por valija diplomática de la Embajada de Estados Unidos de América. El 2 de mayo de 1996 la Dra. King respondió: «Los restos son consistentes con un hijo de la familia Lalinde».
Claramente, puede observarse cómo la ciencia forense, con su aureola de última palabra en la materia, puede contribuir a la tergiversación de la verdad y abrir la puerta al demonio del negacionismo, que solo pudo ser derrotado en este caso específico por la lucha de una familia y especialmente de una madre que comprometió su vida por lograr verdad y justicia, insistiendo como el sirirí hasta derrotar la impunidad e impedir que se consumara el memoriciodio. En Colombia, uno de los objetivos de los gobiernos de derecha ha sido negar los impactos del conflicto armado y la violencia sociopolítica que han marcado la historia del país. Para lograr esto, se ha recurrido a discursos negacionistas y a la designación de figuras que, en sus cargos, han tratado de minimizar o distorsionar la memoria histórica. Un claro ejemplo de esta estrategia ocurrió durante el gobierno del expresidente Iván Duque, quien asumió el poder en 2018. El gobierno de Duque tenía entre sus prioridades desmantelar el acuerdo de paz firmado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP. Para hacerlo, consideraban crucial tomar control de entidades clave relacionadas con la preservación de la memoria histórica, como el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH).
En 2019, Duque presentó la terna de candidatos para dirigir el CNMH, quienes al unísono negaban la existencia del conflicto armado en Colombia. Esta postura negacionista era esencial para cumplir su propósito de socavar el acuerdo de paz y la memoria histórica del conflicto. Finalmente, el 19 de febrero de 2019, Darío Acevedo fue nombrado director del CNMH, consolidando así el control sobre una de las entidades más importantes en el país para preservar los archivos y la historia del conflicto armado.
El día 5 de noviembre de 2019 en debate llevado a cabo en el Congreso de la República, el senador Iván Cepeda pidió la renuncia de Darío Acevedo. De acuerdo con el senador; Entre las líneas institucionales identificadas con las que Acevedo pretende retornar al “negacionismo” se mencionan: (1) negar la existencia del conflicto armado; (2) volver a la época en que se desconocía las víctimas del Estado, las víctimas de la desaparición forzada, del desplazamiento e impedir que se reconozcan las víctimas del genocidio y de los ‘falsos positivos”; (3) minimizar la responsabilidad del Estado, los terceros y los paramilitares; (4) poner en duda la usurpación masiva de la tierra como causa del conflicto armado; (5) negar la legitimidad del proceso de paz[2].
Con todo, Acevedo dirigió el CNMH hasta el año 2022 y durante toda su gestión mantuvo una postura desafiante, agresiva e irrespetuosa para con las víctimas, mientras iba posicionando su discurso negacionista con declaraciones como: “Aunque la Ley de Víctimas dice que lo vivido fue un conflicto armado, eso no puede convertirse en una verdad oficial”[3]. De igual manera, y tal vez una de sus actuaciones más controversiales fue la modificación y censura del guion museográfico de la exposición sobre el genocidio en contra de la Unión Patriótica, sobre la cual, Acevedo luego de intentar cancelarla, eliminó los textos introductorios, cambio contenidos y suprimió palabras como guerra, despojo, resistencia y resiliencia.
Acevedo, además se encargó de modificar radicalmente el guión del Museo Nacional de Memoria y la exposición ‘Voces para Transformar a Colombia’ por lo que fue citado un día después de su renuncia junto a otros funcionarios del CNMH en julio de 2022 por la Jurisdicción Especial Para La Paz –JEP- a audiencia pública, en la que se les cuestionó el hecho de haber omitido en el guión la participación y responsabilidad de los grupos paramilitares en el conflicto armado.
El paso de Acevedo por el CNMH dejó en las víctimas, en sus organizaciones, acompañantes, académicos, investigadores y en el movimiento social y de derechos humanos, una profunda fractura y desconfianza que dificulta tejer entre Estado y sociedad una narrativa a favor de la memoria, del esclarecimiento de la verdad, y de la administración de justicia como un paso para la construcción de paz.
La sistemática violencia política tanto en el marco del conflicto armado y la violencia sociopolítica, ha dejado dolores profundos en la sociedad y en los familiares de las víctimas, sea cual fuere su lugar, dolor en todo caso irreparable y de ahí la importancia de garantizar los derechos fundamentales a verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición. Con relación al conflicto armado reciente, las víctimas y la sociedad en general, han dado especial importancia a la reparación simbólica que se ha traducido en iniciativas culturales y artísticas plasmadas en formatos diversos como los audiovisuales, las creaciones escénicas, las obras e intervenciones plásticas, la creación de monumentos, sitios de memoria e intervenciones performáticas en espacios públicos, todo ello con el fin de resignificar los hechos, dignificar a las víctimas y enfrentar el dolor, lo que aporta a una justicia restaurativa, cumpliendo un papel pedagógico para ayudar a comprender los horrores de la guerra y luchar contra el memoricidio.
Lamentablemente en nuestra sociedad, muchas de las iniciativas y símbolos de memoria se encuentran o han terminado abandonados, destruidos, desmontados, olvidados y convertidos en basureros o sitios peligrosos. Algunos como el busto de Jesús María Valle, ubicado en el municipio de Ituango, Antioquia, fue desmontado en 2021 por el alcalde de la época. La escultura “Fuente de la Vida”, ubicada en el municipio de Yarumal, Antioquia, en honor a las víctimas causadas por el grupo paramilitar los 12 apóstoles, ahora es un basurero.
El 16 de febrero del 2020, Denis Cruz, hermana del joven Dilan Cruz, asesinado en pleno centro de Bogotá, en 2019 por el ESMAD, publicó en su cuenta de X: “Esta madrugada destruyeron el monumento que se había construido en homenaje a mi hermano. Quienes justifican el asesinato de Dilan parecen querer borrar por completo su historia. Solicito a @ClaudiaLopez y @centromemoria que se garantice que este lugar sea un espacio de memoria”[4]. De igual manera el grupo de activistas, familiares, defensores y defensoras de derechos humanos que integran la Mesa de Diálogo UPZ-911 la cual agrupa a familiares de las víctimas de la masacre policial del 9 de septiembre de 2021, se han organizado y creado un jardín de la memoria para recordar a quienes perdieron la vida a manos de la policía nacional en la localidad de Usaquén de Bogotá. Dicho colectivo ha denunciado en varias oportunidades la destrucción del jardín y de los símbolos que allí se encuentran, resistiendo siempre a estos actos de odio, resignificándolos con colores, flores, música, poesía y acciones directas en contra del memoricidio.
Más allá de las estadísticas, las ejecuciones extrajudiciales representan una mancha indeleble en la historia del país, y a pesar de ello, en lugar de reconocer los crímenes, algunos sectores buscan difundir una narrativa con la que se niega la barbarie y se justifica la violencia bajo pretextos como la seguridad o la lucha contra amenazas ficticias.
Recientemente un congresista que ocupa una de las curules destinadas a las comunidades negras, ejerció un odioso acto de violencia simbólica y en un gesto indignante, irrespetuoso, violento y grosero al arrojar a la basura una instalación artística realizada por las madres de Soacha, madres de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. El acto, además de mostrar un rechazo hacia la memoria y el dolor de las víctimas, también ilustra una actitud peligrosa y despectiva hacia la verdad histórica y la justicia en Colombia. Esta actitud no solo es una burla hacia las víctimas y sus familias, sino también una forma de negar la responsabilidad estatal frente a los crímenes cometidos. Este comportamiento sociópata y megalómano, implica que quienes perpetúan este tipo de actitudes carecen de empatía y buscan, en última instancia, imponer su versión de los hechos de manera autoritaria.
En el año 2019, organizaciones sociales y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales, realizaron por primera vez el mural ¿Quién dio la orden?, el cual contiene la imagen de seis altos mandos militares del ejército nacional de Colombia y el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El mural es una exigencia contundente de las víctimas para que se esclarezca con mayor celeridad la responsabilidad en cadena de mando por la ocurrencia de dichos crímenes que de acuerdo a los datos analizados por la Jurisdicción Especial para La Paz – JEP -, la cual mediante el Auto 033 de 2021, dio a conocer que en Colombia, entre los años 2002 y 2008, 6.402[5] civiles fueron víctimas del crimen de ejecución extrajudicial bajo la modalidad de falso positivo, esto significa que hubo cerca de 1.000 asesinatos al año, durante 7 años. Dicha práctica criminal se presentó especialmente en los departamentos de Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander, Huila, Casanare y Meta, considerados por la JEP, territorios críticos, por lo que fueron priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de la investigación del Caso 03 que investiga los crímenes cometidos por integrantes de la fuerza pública.
Tras la realización de dicha obra de arte socio-popular y de los intentos de integrantes de las fuerzas militares por censurarla a través de una campaña de intimidaciones, allanamientos y hostigamientos por parte de hombres armados en contra de los artistas y participantes, integrantes de las fuerzas militares interpusieron una oleada de acciones de tutela en contra de las organizaciones promotoras de la acción de memoria. Un juez de Bogotá le ordenó al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado – Movice — eliminar en 48 horas la imagen de “¿Quién dio la orden?”de murales, redes sociales y medios de comunicación hablados o escritos. El fallo se dio por una tutela interpuesta por el general Marco Evangelista Pinto, excomandante de la Segunda División. Sin embargo, las organizaciones sociales solicitaron a la Corte Constitucional seleccionar y revisar la decisión del juzgado. Fue así como el alto tribunal mediante Sentencia T-281 – 21[6], dictó órdenes para proteger el mural como una manifestación de la libertad de expresión y recordó que los ciudadanos tienen derecho a denunciar de manera pública los hechos y actuaciones que consideren irregulares y que sean atribuibles a servidores públicos.
De igual manera y tras los hallazgos obtenidos por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el sector de “La Escombrera” en la ciudad de Medellín, la cual es considerada la fosa común más grande del país y en la que posiblemente se encuentran inhumadas más de un centenar de personas que fueron desaparecidas y asesinadas por grupos paramilitares en connivencia con integrantes de las fuerzas militares en el marco de la Operación Orión realizada en el gobierno Alvaro Uribe en el año 2002, antecedida por más de 20 operativos militares[7], familiares de las víctimas decidieron realizar el mural “Las cuchas tienen razón”. Esta vez la censura provino de parte del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien ordenó cubrir con pintura gris la intervención artística.
El mural, más que una obra artística, representa un acto de resistencia que confronta la narrativa oficial y exige el reconocimiento de la responsabilidad estatal en los graves crímenes cometidos en el marco de los operativos militares. La destrucción y el borrado de este en reiteradas ocasiones y en diversas ciudades del país, no solo revela la intolerancia hacia la memoria crítica, sino que también evidencia un intento sistemático de imponer una versión oficial que niega la barbarie y justifica la violencia estatal, evidenciado una estrategia negacionista que busca silenciar y deslegitimar el reclamo de las víctimas.
Finalmente, el gobierno del presidente Gustavo Petro, tiene una deuda con los familiares de las víctimas del genocidio político en contra de la Unión Patriótica, – UP – perpetrado entre los años 1984 y 2000. El 30 de enero de 2023 La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Colombiano a que en un lapso no mayor a dos años, “… debe iniciar, impulsar, reabrir y continuar, y concluir, en un plazo razonable y con la mayor diligencia, las investigaciones, con el fin de establecer la verdad de los hechos relativos a graves violaciones a los derechos humanos y determinar las responsabilidades penales que pudieran existir, y remover todos los obstáculos de facto y de jure que mantienen en la impunidad los hechos relacionados con este caso[8]”.
De igual manera, ordenó la publicación de la Sentencia en los sitios web del gobierno nacional y un acto público de reconocimiento de responsabilidad y perdón, el cual debe ser realizado en cabeza del presidente de la república. Dicho acto fue programado para el 11 de octubre de 2024, y cerca de 1.500 familiares de las víctimas y sobrevivientes de la UP se congregaron en la emblemática Plaza de Bolívar de Bogotá para escuchar las palabras del presidente Petro. Sin embargo, el evento fue suspendido abruptamente tras un mensaje publicado en la cuenta de X del presidente, argumentando un fuerte cuadro gripal y respiratorio, por lo que sus médicos le habían recomendado suspender la agenda. A la fecha, las víctimas continúan esperando la realización del acto de reconocimiento de responsabilidad, y se dé cumplimiento a las demás órdenes expresadas en la Sentencia de la CIDH como medidas de reparación entre las que se encuentran, la publicación de un documental, la creación de una comisión especial para identificar a las víctimas, y la construcción de un monumento. Ya veremos qué nos dice la historia sobre el cumplimiento de dichas recomendaciones por parte del gobierno Petro.
Desde Humanidad Vigente, llamamos a reflexionar sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo y sobre la necesidad de cuidar, preservar y defender la memoria histórica como derecho fundamental y como símbolo de justicia y reparación para las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Colombia.
Referencias:
Los dos demonios (reloaded): https://revistabordes.unpaz.edu.ar/wp-content/uploads/2017/05/Los_dos_demonios.pdf
Negar la existencia del conflicto armado colombiano. Algunas implicaciones desde el Derecho Internacional Humanitario: https://diariodepaz.com/2019/02/24/negar-el-conflicto-armado-colombiano-dih/
JEP citó a Darío Acevedo para rendir cuentas sobre medidas cautelares del Centro de Memoria Histórica: https://www.elpais.com.co/colombia/jep-cito-a-dario-acevedo-para-rendir-cuentas-sobre-medidas-cautelares-del-centro-de-memoria-historica.html
¿Símbolos de la memoria están condenados al olvido? https://www.elcolombiano.com/antioquia/monumentos-de-memoria-del-conflicto-armado-en-antioquia-son-objeto-de-polemica-EP16085504
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