MEDIOS
Sigue infierno en el norte de Cauca
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| Indígenas de Cauca son víctimas de enfrentamientos entre las Farc y el Ejército. |
Las escenas cada vez son más preocupantes. Guerrilleros del frente sexto de las Farc bombardean caseríos en el norte de Cauca con ‘tatucos’, que son explosivos hechizos. Los ataques desencadenan la reacción de militares adscritos a las brigadas Tercera y Vigésimo Novena, que custodian la zona. En la mitad del fuego está la población inerme.
Ya van varios días de combates en algunos poblados de los municipios de Toribío, Jambaló, Corinto, Miranda y Caloto. “Ha sido una cosa sin mayor prevención. De repente, quienes están en sus parcelas trabajando sienten que se inician los enfrentamientos”, cuenta Rafael Coicué, de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Acín).“Los niños se asustan mucho. Por eso, nos toca irnos de las casas y no volver hasta cuando haya calma”, cuenta una mujer, cargando a su bebé.
Los indígenas ya saben que cuando están en peligro deben salir corriendo hacia refugios en sitios definidos con anticipación.
Pero no siempre alcanzan a llegar. El pasado 6 de mayo, murieron las indígenas Patricia Noscué Ulcue, de 20 años, y Luz Edith Taquinás Ipia, de 18, en el resguardo Tacueyó, en Toribío, como consecuencia de los enfrentamientos entre guerrilleros y militares.
En ese mismo combate quedaron heridos: Reinaldo Meza Medina, de 21 años. Andrés Darío Meza Taquinás, de 11 años. Yorman Daniel Largo Vana, de 13 años. Ledy Johana Ulcue Largo, de 16 años.
Rosa Elena Ipia Peteche, de 54 años. Mirian Yatacue Ipia, de 32 años. Orlando Gualiche Sandoval, de 49 años.
Además, el enfrentamiento impidió durante más de diez horas la posibilidad de que estudiantes y profesores pudieran ir a la escuela en Tacueyó.
Los refugios a donde van los indígenas son territorios neutrales, donde nadie puede entrar con armas y en sus alrededores tampoco se pueden presentar enfrentamientos que pongan en peligro a los refugiados. Eso está regido, incluso, por normas y reglamentos internacionales.
Pero estar allí tampoco es garantía de tranquilidad. “Las Farc y los militares están entrando a estas zonas”, denuncia el indígena.
La escuela de la vereda Pajarito, de Caloto, fue declarada refugio. Allí, indígenas voluntarios iniciaron actividades de juego para los niños. Con ellas, intentan mitigar los temores que les han causado las explosiones y los disparos.
El lugar donde se están presentando los enfrentamientos ha tenido permanente presencia de los guerrilleros desde los años 60. “Siempre han estado aquí y eso no hay que negarlo. Las autoridades indígenas habían planteado que ellos respetaran a la gente, que no reclutaran niños y que podían pasar por el territorio, pero no quedarse en él. No podían acercarse a las escuelas, ni a los sitios de reunión de los indígenas, ni instalar campos minados. Ese era el protocolo y ellos a veces lo respetaban”, cuenta Coicué.
Pero todo empezó a cambiar desde el 11 de noviembre del año pasado, cuando luego de que el Ministerio de Defensa anunciara 14 medidas para atacar a las Farc en Cauca. y las Farc reaccionaron sin distingos.
“Después de eso, no se tuvo en cuenta recomendación alguna. Los guerrilleros nos dijeron que estamos en guerra y todo lo que se haga serán actos de guerra. Los más afectados somos nosotros”, dice Coicué.
En este nuevo episodio del conflicto en el norte de Cauca, las Farc mantienen su presencia en las zonas rurales, pero también han ubicado algunos de sus hombres en las zonas urbanas.
Su tarea es mimetizarse entre los civiles y hacer labores de inteligencia para tratar de detectar a posibles colaboradores de la fuerza pública. También, analizan el territorio para planear ataques contra el Ejército y la Policía.
En las zonas de retaguardia, las Farc están sembrando minas que les aseguran su repliegue ante posibles persecuciones del Ejército.
En ese escenario, los indígenas han denunciado la suplantación de su guardia por parte de guerrilleros de las Farc. La situación se hizo evidente después de que militares del Batallón Pichincha dijeron que en el municipio de Corinto “miembros del Cabildo y la guardia, portando bastones de mando, estaban interfiriendo y dificultado operaciones militares en las veredas del Jagual, Bella Vista y el Tablón, y que además en un sitio llamado La Cominera, el Cabildo no había permitido mover el cadáver de un guerrillero dado de baja en operación militar, situaciones que suponían por parte de la fuerza pública una colaboración de los indígenas con la guerrilla”.
Ese comentario de los militares llevó a las autoridades indígenas a insistir en que la orden es no intervenir, ni vincularse en el conflicto, y mantenerse neutral. Cualquier anomalía se le debe reportar al Cabildo y ningún indígena debe actuar individualmente, sin autorización. Esa es la consigna.
Pero así como los líderes indígenas no aceptan la colaboración con la guerrilla, ordenan que tampoco se haga con la fuerza pública, pues necesitan mostrarse neutrales en aquella zona de enfrentamientos.
Por eso, rechazan también que los militares se alojen en las casas de la gente o en las escuelas. Lo grave no es sólo que puedan ser atacados y estén en peligro las vidas de quienes pasan por allí, sino que los hombres armados involucran a la gente en sus actividades.
“Si van a pelear, que se vayan para las montañas, donde no haya tantas casas ni tantos niños”, dice un indígena que tuvo que desplazarse a un refugio.
Particularmente, se ha denunciado que niños y adolescentes son utilizados como correos humanos. Cualquiera de los bandos les asignan la tarea de hacer vigilancia y advertir la presencia de su enemigo, algo que los convierte a menudo en blancos de venganzas.
Ya se han presentado muertes de jóvenes como consecuencia de esa estrategia. Por ejemplo, el pasado 17 de enero, en la vereda Cima, de Corinto, fue muerta Sara Beatriz Pete Taquinas, de 12 años y estudiante de la escuela Villa del Rosario. Su hermana fue herida en el mismo ataque.
Así se viven los enfrentamientos que en los últimos días azotan el norte de Cauca. El Gobierno tiene como estrategia atacar militarmente, y la guerrilla mantenerse en el territorio que ha ocupado durante años. Los más afectados son los campesinos que han tenido que irse o aprender a vivir esquivando la muerte.
JOSÉ EDWIN LEGARDA VÁSQUEZ
En la madrugada del 16 de diciembre del 2008, en el sitio de San Pedro, corregimiento de San Gabriel, municipio de Totoró departamento del Cauca, se produjo la ejecución extrajudicial del comunero indígena EDWIN LEGARDA, VASQUEZ por parte de los miembros del pelotón Galeón No. 7, adscrito al Batallón JOSÉ HILARIO LÓPEZ del Ejército Nacional.
EDWIN LEGARDA se dirigía hacia Popayán a encontrarse con la Consejería Mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC- y con su esposa AIDA MARINA QUILQUE VIVAS, quienes asistirían a la junta directiva de autoridades indígenas del CRIC que se desarrollaría en el resguardo indígena de Togoima Municipio de Páez. Además su esposa acababa de regresar de Ginebra después de haber participado en el examen periódico universal sobre Colombia en Naciones Unidas.
EDWIN era un comunero indígena, quien pertenecía al cabildo indígena de Piçkwe thã’ fxiw municipio de Páez Cauca Colombia, participaba activamente del proceso organizativo indígena y ocupó cargos importantes dentro de su resguardo, posteriormente acompañaba a la consejería mayor del CRIC y a su esposa Aida Quilcue. Fue integrante de la Minga de Resistencia Social, y junto a ella trabajaba por la defensa de la dignidad de los pueblos indígenas.
Este Homicidio Constituye Un Crimen de Estado
El homicidio del comunero indígena EDWIN constituye una clara agresión y represión contra el movimiento indígena, si tenemos en cuenta que fue perpetrado en el marco de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria, donde movimientos de origen indígena y demás sectores del país reivindicaron los derechos de los pueblos; movimientos que se resisten aún hoy en día, con el propósito de no dejar de proteger su dignidad y su territorio.
La intervención inmediata de las autoridades tradicionales en apoyo de la Guardia Indígena, lograron evidenciar que el crimen fue cometido por el pelotón Galeón No. 7 adscrito al Batallón JOSÉ HILARIO LÓPEZ del Ejército Nacional, situación que contribuye a la recolección de pruebas necesarias para continuar el proceso de investigación.
Por el homicidio de EDWIN LEGARDA, se abrió investigación en la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscalía, quien llamó a juicio a los miembros del pelotón Galeón No. 7 adscritos al Batallón JOSÉ HILARIO LÓPEZ, y formuló acusación contra el Sargento Vice Primero ALEXIS RAMIREZ VIVAS, Cabo Tercero Ejército Nacional JAVIER ADOLFO OSORIO DIAZ, Soldado Campesino NUMAR ARMIDO BUITRÓN CABEZAS, Soldado Campesino LIZANDRO OBANDO CAICEDO, Soldado Campesino JAVIER FRANCISCO BELALCAZAR TROCHEZ, Soldado Campesino WILLIAM WEIMAR LEMECHE HURTADO, Soldado Campesino ANDRES CASSO CHATE. Como presunto responsables de HOMICIDIO EN PERSONA PROTEGIDA.
El juicio contra los integrantes de las Fuerzas Militares se inició el pasado 14 de enero del 2010 y se adelanta en el juzgado segundo penal del circuito especializado de Popayán. Hasta la fecha se han adelantado pruebas solicitadas por el Fiscal de la Unidad de DH y DIH de la Fiscalía General de la Nación, Dr. MANUEL GUILLERMO GÓMEZ.
La audiencia de juzgamiento se reinicia el 18 de mayo hasta el 11 de junio y una vez se agoten las pruebas de la Fiscalía, se evacuarán las pruebas de la representación de las víctimas, las cuales han sido asumidas por las organizaciones de derechos humanos, Asociación MINGA y el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”.
Una vez practicadas las pruebas se pasará a alegatos finales y la juez deberá proferir fallo sobre la responsabilidad penal de los implicado en este crimen de Estado.
La audiencia de Juzgamiento contará con la presencia de observadores internacionales pertenecientes a Abogados sin frontera Quebec - ASQ- quienes monitorearán que se respeten los derechos de las víctimas y las garantías judiciales.
Invitamos a toda las organizaciones indígenas, y demás organizaciones sociales del país, a los organismos de DDHH y a la comunidad internacional para que acompañen a esta audiencia y contribuyan a la exigencia del respeto de la vida, la dignidad y apoyen la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación de los pueblos indígenas, rechazando la impunidad a los diferentes crímenes de Estado para que hechos como éstos no se vuelvan a repetir.
Fecha de la audiencia: 18 de mayo al 11 de junio del 2010
Hora: 8 a.m.
Lugar: Sala de Audiencias Palacio de Justicia – Popayán-Cauca.
Popayán 11 de Mayo de 2010
Por la dignidad y la vida.
Cabildo Indígena de Piçkwe thã’ fxiw
Aida Quilcue y Mayerly Legarda
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| Foto: AP |
En los últimos años un sistema unifica los casos de personas que salieron de sus casas y no volvieron, por diversas razones; pero los familiares de quienes, se presume, fueron desaparecidos a la fuerza se quejan de que les exijan registrar "presunta muerte" para acceder a ayuda humanitaria.
A lo largo de los últimos años, el contador de las personas desaparecidas ha venido sumando y sumando casos.
En 2007 fueron reportadas a Medicina Legal 4.323 personas que salieron de sus casas, nunca volvieron y no se sabe dónde están. En 2008, ingresaron 15.696 al sistema y en 2009 fueron 18.236, según el informe Forensis del año pasado.
“Es importante aclarar que las fechas de desaparición de los casos ingresados en el Registro Nacional de Desaparecidos no ha sido limitada, por lo cual existen registros de desaparición desde principios del siglo XX, incluyendo los reportes realizados ante el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias, asociados a las décadas de los 70, 80 y 90”, explica el Forensis.
Del total de registros que se hicieron en los últimos tres años, 7.065 se consideran, por ahora, desapariciones forzosas. Es decir, estas personas se encuentran en un lugar desconocido porque, posiblemente, alguien los llevó contra su voluntad.
El resto de casos registrados por Medicina Legal se presume que obedecen a gentes que por crisis familiares, económicas o sociales decidieron salir de sus casas y no volver nunca.
Del informe Forensis llama la atención que la mitad de todos los desaparecidos registrados se encuentran entre los 20 y 40 años de edad. Y de cada 100 desaparecidos, 78 son hombres.
Es decir, la mayor cantidad de víctimas de la desaparición son hombres en plena edad productiva. En consecuencia, a las mujeres les toca “asumir roles de liderazgo en ámbitos familiares, laborales y sociales, ante la ausencia de la imagen masculina”, según escribió la sicóloga Diana Ramírez en un artículo publicado en el informe de Medicina Legal.
Y son mujeres las que con insistencia han liderado largas batallas jurídicas para que se reconozca su condición de víctimas y se creen mecanismos que les ayuden a encontrar a sus parientes perdidos.
Por fin, lograron que el Congreso aprobara la Ley 589 de 2000, en la que se tipifica el delito de desaparición forzada, después de 13 años de impulsar proyectos.
La batalla más reciente la iniciaron el pasado 22 de abril la Fundación Nydia Erika Bautista para los derechos Humanos y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).
Ahora, lo que buscan es que las víctimas de desaparición forzada sean tenidas en cuenta como víctimas de la violencia política y reciban los mismos beneficios que las víctimas de masacres, homicidios y secuestros que cometen actores del conflicto.
La argumentación de los abogados que interpusieron la demanda es que la Ley 418 de 1997, que tipifica cuáles son las víctimas del conflicto armado colombiano, no hizo referencia específica a los desaparecidos. Buscan que se corrija esa norma y se incluyan puntualmente a estas víctimas también.
En el artículo 15 de esta ley, dice que "se entiende por víctimas, aquellas personas de la población civil que sufren perjuicios en su vida, grave deterioro en su integridad personal y/o bienes, por razón de actos que se susciten en el marco del conflicto armado interno, tales como atentados terroristas, combates, ataques y masacres entre otros”.
Como se ve, la norma no menciona la desaparición forzada. “De de tal modo que las personas que han sufrido perjuicios como consecuencia de esta conducta únicamente podrían ser consideradas como víctimas de la violencia política en el evento de que la desaparición se produzca en alguno de los cinco eventos especificados en la norma”, alega el texto de la demanda.
Es cierto que durante masacres, atentados o combates puedan presentarse desapariciones. Pero no son los únicos eventos en los que ocurren. “La desaparición forzada es una conducta autónoma que ha sido recurrente en el marco del conflicto armado y que como tal es también fuente autónoma de perjuicios. Por tales razones la norma efectivamente excluye a las víctimas de desaparición forzada”, argumentan los abogados.
El artículo 49 de esa misma ley dice quiénes serán los beneficiarios de las ayudas que ofrece el Estado para las víctimas del conflicto. Puntualmente, se refiere a “quienes sufran perjuicios por causa de homicidios u otros atentados o agresiones contra la vida, la integridad física, la seguridad o la libertad personales, cometidos por móviles ideológicos o políticos, o sean objetos de amenazas referentes a la comisión de atentados o agresiones de esta naturaleza”.
En este caso, puede interpretarse que una persona desaparecida es víctima de un atentado contra la libertad personal. Pero en el texto de la demanda se alega que la mención específica de los desaparecidos “era el único modo de garantizar la efectiva inclusión de las víctimas de esta conducta”.
Como consecuencia de esta omisión, a los parientes de las personas desaparecidas deben hacer más trámites que una víctima cualquiera para acceder a los auxilios.
Sus casos son tomados como muertes. Esto quiere decir que deben aportar los registros civiles de defunción por muerte presunta para recibir la ayuda humanitaria.
Se trata de algo “desproporcionado, puesto que la lucha de los familiares ha sido en gran medida un esfuerzo por encontrar a sus familiares vivos. Esa exigencia de la declaración de muerte presunta implica obligar a los familiares a abandonar dicha esperanza de lucha”, según argumentan los abogados que redactaron la demanda.
La sicóloga Ramírez dijo que “la desaparición forzada es uno de los delitos que afecta en mayor medida los derechos fundamentales de las víctimas, en especial los familiares, quienes ante la incertidumbre del destino de la persona o sus restos, afrontan situaciones sociales, psicológicas y familiares, que no les permiten elaborar un duelo que, suspendido, se convierte en parte del proyecto de vida y motivación para una búsqueda indefinida de verdad y justicia”.
Por eso, los abogados insisten en que los familiares de estas víctimas no tienen por qué declarar la muerte de sus parientes desaparecidos. “Tienen derecho a acceder a todas las medidas de atención humanitaria previstas en la Ley 418 de 1997 y en las normas que la desarrollan, sin necesidad de adelantar procesos de declaración por muerte presunta”.
JAVIER GIRALDO S.J.
Por el Provincial de la Compañía de Jesús
Jueves 6 de mayo de 2010, por Javier Giraldo M. , S.J.
Frente a la campaña en grafitis para destruir el nombre y la persona, queremos dejar claro que nosotros vemos en Javier Giraldo S.J. un hombre del más alto valor moral, un serísimo buscador de la verdad, un luchador incansable al lado de los excluidos, un defensor sin condiciones de la dignidad humana, un convencido que el Estado y sus fuerzas de seguridad deben estar al servicio de la vida y de la integridad de todos y de todas. Queremos dejar claro que Javier Giraldo S.J. no es ni ha sido jamás guerrillero como pretenden señalarlo sus detractores.
JAVIER GIRALDO S.J.
Por el Provincial de la Compañía de Jesús
En los últimos días han aparecido grafitis en la ciudad de Bogotá contra el Padre Javier Giraldo S.J. que buscan destruir su buen nombre y autoridad moral, y que incitan a asesinarlo.
Como superior del Padre Javier Giraldo S.J., quiero expresar públicamente que él es miembro de nuestra comunidad y que tiene todo el apoyo de la Compañía de Jesús en su lucha por los Derechos Humanos.
Durante treinta años, con entrega incondicional a las víctimas y con rigor impresionante para demostrar la evidencia de sus afirmaciones, Javier Giraldo S.J. ha estado denunciando a los violadores de los Derechos Humanos. Ha acompañado esas denuncias con todas las pruebas y ha pedido a la justicia colombiana que actúe. Ha sido testigo extraordinario de la manera como esta justicia ha dejado en la impunidad a los criminales.
Los que hemos seguido la lucha de Javier Giraldo S.J. por la verdad y la justicia entendemos por qué él llegó, después de numerosas evidencias, a concluir en el fuero interno de su conciencia personal que no podía creer en la justicia colombiana, que no podía declarar ante ella y que no buscaría más que se hicieran investigaciones adelantadas por esta justicia. Sabemos que esta decisión de Javier contradice la obligación ciudadana de acatar las instituciones, sin embargo somos testigos de que es la integridad moral de Javier Giraldo lo que lo ha llevado a esta posición de conciencia.
El Provincial de la Compañía de Jesús respeta profundamente a Javier en esta decisión en la que él pone en primer lugar la fidelidad a su conciencia y su coherencia y autenticidad humana, aún a riesgo del castigo a que pueda ser sometido por esta misma justicia.
Frente a la campaña en grafitis para destruir el nombre y la persona, queremos dejar claro que nosotros vemos en Javier Giraldo S.J. un hombre del más alto valor moral, un serísimo buscador de la verdad, un luchador incansable al lado de los excluidos, un defensor sin condiciones de la dignidad humana, un convencido que el Estado y sus fuerzas de seguridad deben estar al servicio de la vida y de la integridad de todos y de todas. Queremos dejar claro que Javier Giraldo S.J. no es ni ha sido jamás guerrillero como pretenden señalarlo sus detractores.
Javier no tiene más armas que convocar a que se diga la verdad sin ofrecer recompensas a nadie para que sea fiel a su conciencia. Por eso ha rechazado con decisión la compra de testigos en la justicia colombiana. Por eso jamás ha aceptado que lo cuiden con armas de ninguna clase.
Javier Giraldo S.J. es un hombre de fe. Un seguidor hasta la muerte de Jesucristo. Un auténtico jesuita de profunda vida interior. Un compañero incansable de las comunidades pobres y desplazadas por la guerra.
Como superior de los Jesuitas reitero el reconocimiento a la grandeza moral de Javier Giraldo S.J. e invito a todas los hombres y mujeres que entre nosotros buscan la verdad y la justicia a que rodeemos con nuestro apoyo moral a un hombre que nos ha enseñado con el mensaje de su vida a ser consistentes con Dios y con nosotros mismos.
Francisco de Roux S.J.
Provincial
|10 Mayo 2010
Por ‘falso positivo’, confirman condena de 33 años a militares retirados
El Tribunal Superior de Antioquia confirmó la condena de 396 meses de prisión que pesaba en contra de tres ex uniformados del Ejército, responsables de la ejecución extrajudicial de un civil, bajo la modalidad denominada como “falso positivo”.
Se trata del teniente del Ejército, Ramiro Jaimes Ramírez Ortega, y los soldados profesionales Lewis Américo Palacio Copete, Wilson Antonio Garcés George y Wilson Bonilla Blandón, que participaron en el asesinato del labriego Gabriel Valencia Ocampo.
Los hechos materia de investigación se produjeron el 5 de octubre de 2005, luego de que tropas de la Cuarta Brigada del Ejército reportaran la baja en combate de un supuesto guerrillero de las Farc en Argelia, Antioquia, cuando en realidad se trataba de un civil, como lo confirmó un Fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, DIH.
Tras la investigación, se logró precisar que los militares (r) retuvieron a Valencia Ocampo en una patrulla militar, poco antes de que este lograra escaparse y pidiera ayuda a los uniformados de la Policía Nacional que se encontraban e n la estación del pueblo.
Sin embargo, los seis agentes de la Cuarta Brigada lo persiguieron hasta allí, consiguiendo que el capitán Alexander Amézquita Medina se los entregara, sin verificar cuál el real estado de cosas, lo que le valió a este último ser vinculado penalmente a un proceso por el delito de favorecimiento por encubrimiento de homicidio.
Los militares (r) fueron hallados culpables de los cargos de secuestro simple y homicidio en persona protegida y deberán permanecer privados de la libertad, como en la actualidad.
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